Linchamientos y seguridad ciudadana

LA PRACTICA DE LOS LINCHAMIENTOS
Acción Andina – Bolivia ha preparado la publicación: “Huellas de Fuego: Crónica de un Linchamiento” con el propósito de aportar al debate existente sobre las diferentes formas de enfrentar la inseguridad y la tendencia a la aplicación de la denominada “justicia por mano propia”. En la mencionada publicación se narra el caso de un muchacho de 18 años que fue quemado vivo en marzo de 1995 en un barrio de Cochabamba, sobre quien no se encontraron posteriormente evidencias de que fuera autor del delito que se le imputaba.
A partir de este caso y los aspectos que lo rodean, tomando en cuenta las condiciones de la realidad actual, realizamos a continuación algunas reflexiones puntuales en torno a la inseguridad y a la concepción sobre seguridad ciudadana, planteando algunas alternativas para enfrentar la problemática.
Los linchamientos son básicamente manifestaciones de impotencia de un grupo social que se halla frente a una situación que considera no puede ser resuelta de otra manera. En ese sentido, se percibe que algunos sectores de la población han asumido los linchamientos como una forma de enfrentar su situación de inseguridad.
Consideramos que, en primer lugar, es necesario revelar y analizar las verdades y problemáticas que se encuentran encubiertas detrás de cada acto de linchamiento, e introducir en el debate esos aspectos de fondo que pueden aportar a la búsqueda de otras formas, más efectivas y justas, de enfrentar la inseguridad.
La tendencia hacia la práctica de los linchamientos demuestra que existe una falta de capacidad para construir un ambiente más seguro, y en ese ámbito hay responsabilidades del Estado y de la misma población. Tener seguridad es crear capacidades para enfrentar las situaciones de inseguridad que son parte de la vida social. Por eso, creemos que una búsqueda de alternativas comienza por revisar nuestras concepciones sobre lo que es la seguridad y sobre los medios más efectivos para alcanzarla.
LA SEGURIDAD CIUDADANA Y EL NUEVO “ENEMIGO INTERNO”
La concepción de seguridad es bastante amplia y abarca los distintos niveles de la vida social, todos necesitamos vivir con seguridad económica, seguridad en el trabajo, seguridad en el transporte público, etc. Esta concepción amplia, que se conoce como seguridad humana, es una forma de alcanzar el desarrollo humano y equivale a un ejercicio pleno de los derechos humanos, es decir, de los derechos civiles, políticos, económicos, culturales, sociales y medioambientales.
Sin embargo, este concepto amplio de la seguridad humana parece haber sido olvidado. En la actualidad se prioriza la búsqueda de lo que se conoce como “seguridad ciudadana”. Y esta nueva noción, tal como es planteada desde el poder político, reproducida a través de los medios de comunicación y también aceptada por algunos sectores de la sociedad, tiene un marco mucho más reducido que la anterior concepción. En la práctica, la seguridad ciudadana está dirigida principalmente a eliminar la delincuencia marginal y la violencia que ésta genera, es decir, se busca la obtención de seguridad física frente a los robos y hurtos, en las calles y las casas, dejando a un lado otros derechos básicos y fundamentales.
Es a esta noción reducida de la seguridad a la que nos vamos a referir en esta oportunidad, ya que es la concepción empleada actualmente y la que se menciona cada vez que se producen actos de linchamiento: la indefensión de los ciudadanos frente al delito.
Creemos que el criterio absolutista que habla de la eliminación de la delincuencia es equivocado. Hay que partir de un hecho, que nunca va a existir un cien por ciento de seguridad, nunca se va a erradicar el delito. Las inseguridades van a existir siempre en la vida cotidiana y más aún cuando la situación social y económica es precaria.
Una meta que sí se puede alcanzar es reducir las posibilidades de inseguridad frente al delito, es decir, controlar las actividades delictivas de modo que se puedan prevenir o reducirlas a un nivel que causen un daño mínimo. Asimismo, se pueden desarrollar capacidades, individuales y sociales, en forma permanente para enfrentar las situaciones de inseguridad que la vida diaria produce.
Por otra parte, consideramos que también es equivocado el enfoque que se dirige a atacar sólo la delincuencia marginal, es decir la que emerge de los estratos sociales más pobres y excluidos de un sistema que genera permanentemente desigualdad e injusticia social. Reduciendo el enfoque sólo a ese tipo de delincuencia y considerándola como el mayor problema a enfrentar, las acciones se asientan en una suposición falsa: la de los buenos contra los malos.
En ese espacio se ha configurado la noción del “enemigo interno” y se ha construido un ambiente de guerra sin consideraciones para eliminar a ese enemigo. Por eso se habla del “combate a la delincuencia”. Curiosamente, entre los malos no parecen estar aquellos que roban al Estado grandes cantidades de dinero y dejan a la población sin recursos y en una situación de cada vez mayor inseguridad, tampoco están los funcionarios públicos que cometen delitos en forma reiterada contra la economía nacional, la función pública o la libertad individual. Ellos no son el objetivo principal de los planes de seguridad ciudadana.
Esto quiere decir que el “combate al delito” no es contra todos los delincuentes que el sistema produce, sino solamente contra los delincuentes pobres. El “enemigo interno” es, entonces, el marginado, a quien se lo presenta a la opinión pública como la mayor amenaza y contra quien se aplica una serie de apelativos para discriminarlo, despersonalizarlo y cosificarlo, como si fuera de una especie distinta al resto de la sociedad.
Construir estereotipos en ese sentido es muy útil cuando se pretende evitar la temática económica y social de fondo. Si la amenaza principal es el delincuente pobre, se deja en un segundo lugar la corrupción, la ineficiencia del Estado, la falta de credibilidad de las instituciones públicas, la falta de políticas sociales, las fallas del modelo económico y todos los temas de índole estructural.
El debate sobre estos aspectos de fondo es evitado cuando se reduce el tema sólo a la delincuencia marginal, ya que en vez de ver las causas del problema se atacan únicamente los efectos. Esta es una salida fácil que sólo puede aportar soluciones temporales, pero no nos parece que convenga a la búsqueda de formas efectivas para enfrentar la situación de inseguridad.
Las raíces de la delincuencia marginal son un complejo de problemas relacionados con la pobreza, la exclusión, la violencia y la injusticia social. Asimismo, el sostenimiento de la delincuencia marginal está vinculado a la corrupción y la ineficiencia de ciertos organismos estatales. Nunca resulta efectivo atacar solamente los efectos y dejar sin resolver las causas.
LA CADENA DE VIOLENCIAS
Si bien el delito es una manifestación de violencia, el problema de la violencia en la sociedad es mucho más amplio y complejo.
En la historia que se narra en la publicación: “Huellas de Fuego: Crónica de un Linchamiento” está muy presente, entre otras formas de agresión, la violencia intrafamiliar. Los padres suelen aplicar violencia contra sus hijos cuando no conocen otras formas de resolver los conflictos que la vida cotidiana les presenta, igual que sucede en otros ámbitos de la convivencia social. Si bien en la familia están presentes elementos como el consumo de bebidas alcohólicas que exacerba la conducta agresiva, esto no puede considerarse una causa de la violencia en todos los casos, el consumo de alcohol es también el efecto de una situación anterior.
La violencia intrafamiliar es parte de la realidad de violencia social, está interrelacionada con las diferentes formas de violencia que perviven en el interior de la sociedad o que son dirigidas desde el Estado, formando una cadena de violencias que se reproduce y crece constantemente.
Para poder romper esa espiral de violencia es necesario buscar otros mecanismos de control de las situaciones que nos provocan conflicto o inseguridad y, asimismo, cuestionar la creencia de que la violencia es una forma adecuada de resolver los problemas.
En ese sentido, no creemos que se pueda reducir el problema actual de la violencia en la sociedad aplicando más violencia de la que ya existe. Por ejemplo, en el campo de la delincuencia marginal, la simple aplicación de medidas represivas y violentas va a tener consecuencias posteriores.
Si la población de un barrio pide armas, con ello temporalmente puede ser que el delito se traslade a otro barrio, pero ese otro barrio también se va a armar. Frente a esa situación, la experiencia ha demostrado que la delincuencia no desaparece, sino que se reconfigura, se traslada a otros lugares y además, también se arma. Actualmente se cometen más delitos violentos en los que se privilegia el uso de armas de fuego que los que se producían antes. Esto quiere decir que el simple endurecimiento de la línea puede ser contraproducente, porque mientras más armas uno introduzca en el accionar con más armas van a responder. Y al final podemos enfrentarnos a una situación extrema de ametralladoras contra ametralladoras, y eso no es tener seguridad. Al contrario, una situación así demostraría que, en vez de desarrollar capacidades para vivir con mayor seguridad, se han creado nuevas situaciones de inseguridad social.
En este contexto, si bien no debemos seguir la tendencia absolutista de que se puede erradicar la violencia de la vida social en un cien por ciento, creemos que sí podemos encontrar mejores maneras de enfrentarla.
La aplicación de violencia es necesaria en determinados casos, para controlar una situación evitando que produzca daños graves, sin embargo, esta aplicación de violencia tiene que estar sujeta a reglas y, asimismo, debe ser proporcional a la amenaza existente. La legislación nacional admite la aplicación de violencia legítima.
Creemos que el uso legítimo y controlado de la fuerza es lo que nos va a procurar más seguridad, y no así la violencia ciega, provenga del Estado o de los ciudadanos.
LA CONFIANZA EN LA POLICIA
Si la población confiara en la Policía o en otros mecanismos estatales de protección y resolución de conflictos, posiblemente se reduciría el número de actos de “justicia por mano propia”. Pero la población no confía y cada vez esa desconfianza es reconfirmada.
Se señala que la capacidad de la Policía ha sido rebasada y que por ello no puede enfrentar con efectividad a la delincuencia marginal. Esta falta de capacidad obedece a los aspectos que se han mencionado públicamente en repetidas ocasiones, por ejemplo: la falta de recursos económicos, la falta de una adecuada formación, la corrupción, la injerencia política, etc. Al asumir que la Policía ha sido rebasada se solicita el ingreso de militares al patrullaje de las calles o se contrata agencias de seguridad privada. Creemos que sería mucho más adecuado darle más capacidad a la Policía para que cumpla con eficiencia el rol que le corresponde, en vez de sustituirla por otros entes.
En este sentido, la actualmente debatida reestructuración de la Policía es la medida que la población espera, pero esa reestructuración es un proceso en el cual tiene que involucrarse no sólo el Estado, sino también la misma población, porque la Policía es una entidad al servicio de la sociedad y de su función va a depender la mayor o menor seguridad en las calles. Es decir que la reestructuración de la Policía no debe darse solamente en el marco interno del Estado, sino que se debe ampliar la participación ciudadana en ese proceso y crear mecanismos permanentes de diálogo entre la Policía y la población. Asimismo, para que esa reestructuración tenga un buen resultado, creemos que es necesario que sean escuchadas todas las demandas de reforma, incluidas las que provienen desde dentro la institución policial.
Por otra parte, cuando se mencionan las tareas que se dirigen a la reestructuración de la Policía o a su fortalecimiento, éstas incluyen en forma prioritaria la dotación de recursos económicos o de equipamiento. Si bien esta es una medida adecuada, no aborda completamente el fondo de la situación. Creemos que fortalecer la Policía no es sólo darle más recursos, lo primero que debemos analizar es si resulta conveniente fortalecer la Policía en la forma en que está organizada actualmente, es decir que en primer lugar deben crearse mecanismos efectivos para enfrentar la corrupción al interior de la institución, de igual manera debe priorizarse la formación del personal policial dirigida al fortalecimiento del Estado de Derecho y al acatamiento de los procedimientos que la ley establece. De esa forma sí se podría contar con una Policía que realmente cumpla el rol que le corresponde y nos procure mayor seguridad.
LA JUSTICIA
Se asume que los linchamientos son una forma de hacer justicia por mano propia pero esta concepción está alejada de los ideales de justicia. La justicia está basada en la equidad, la imparcialidad, la proporcionalidad y el respeto a la dignidad humana. Los linchamientos no contienen esos elementos puesto que son actos ilegales y desproporcionados en los cuales se ha constatado varias veces la ejecución de personas inocentes.
Sin embargo, es evidente que la falta de confianza en la administración de justicia sustenta ese tipo de manifestaciones de impotencia. Nos referimos al rol que cumplen, en cuanto a la represión legal de la delincuencia marginal, la Fiscalía, el Poder Judicial y el sistema penitenciario. La creencia de que no se hace justicia y que los delincuentes son favorecidos por el sistema, provoca sentimientos de inseguridad y falta de protección en la población.
Al igual que en el caso de la Policía, creemos que los órganos del sistema de justicia deben construir mecanismos permanentes de comunicación con la población, ya que la administración de justicia es un servicio público. Asimismo, es necesario que se agilicen los avances y las reformas que sean necesarios. Hablar de una reforma no significa crear leyes más duras, sino buscar mecanismos de funcionamiento que sean más eficaces. No hay fundamentos para pensar que un sistema penal duro y represivo sea sinónimo de un sistema penal eficiente; los hechos históricos en Bolivia y otros países demuestran lo contrario. Lo que se requiere, mas bien, es una justicia que funcione en el marco del respeto a los derechos humanos y que se constituya en una base para revertir la debilidad institucional del Estado de Derecho.
Por otra parte, creemos que para lograr reducir la delincuencia marginal, más que buscar sólo justicia penal es prioritario alcanzar mayor justicia social. Actualmente, la petición por más políticas de represión parece haber dejado a un lado la elaboración de políticas sociales y esto, igualmente, va a generar consecuencias futuras.
LA VIGILANCIA COMO MEDIDA INMEDIATA
Debido a que la Policía no cuenta con los recursos suficientes para efectuar el patrullaje en las calles, varios sectores de la sociedad civil han contratado a agencias de seguridad privada o han aceptado la propuesta de que personal de las Fuerzas Armadas realice tareas de vigilancia en determinados puntos de la ciudad.
Es necesaria una mayor vigilancia en las calles ya que de esa manera se pueden prevenir hechos delictivos y procurar una intervención rápida para impedir mayores consecuencias en determinadas situaciones. La prevención disminuye la probabilidad de que un daño se produzca o disminuye sus dimensiones. Sin embargo, estas son medidas que surten efectos temporales, es decir que la seguridad privada (para los ciudadanos que pueden pagarla) o los militares van a resolver sólo una situación puntual, la de la falta de vigilancia en un momento y en una zona determinada. Es importante también resguardar que los organismos que realicen esta función de vigilancia o patrullaje actúen en el marco de la ley y con respeto a los derechos y garantías constitucionales de los ciudadanos. La pretensión de control del delito no debe generar nuevas fuentes de desviación.
Las medidas de vigilancia y patrullaje no son permanentes ni constituyen una solución real al problema de la inseguridad, porque ni las agencias de seguridad privada ni los militares van a resolver las causas sociales, económicas, políticas, culturales y estructurales que generan cada vez mayor pobreza y marginalidad. Es decir que el problema de fondo se va a mantener. Esto se ha observado ya, la delincuencia marginal no desaparece, se traslada a zonas donde hay menos protección, se rearma, y también aparecen nuevas formas de delito.
LA PARTICIPACION CIUDADANA
Crear seguridad es desarrollar capacidades para responder en una situación de conflicto que no se tiene bajo control, creemos que el proyecto de ley de seguridad ciudadana tiene que responder a ese desafío. En ese proceso debe existir una participación de toda la población, pero no sólo en una forma pasiva, exigiendo seguridad y aceptando los lineamientos que provienen del Estado, sino también en un nivel activo.
Es necesario ampliar hacia todos los sectores sociales el debate actual sobre las formas de alcanzar un ambiente con menos inseguridades. En este debate deben tomar parte las diferentes organizaciones sociales y analizar las causas de las situaciones actuales de conflicto.
El rol activo de la comunidad y del ciudadano en la prevención del delito está referido a este proceso. La misma población debe definir dónde percibe la inseguridad y colocar esas concepciones en un contexto más amplio. Todos queremos controlar la delincuencia marginal y reducirla al mínimo, pero debemos comenzar a considerar aquellos aspectos de fondo que han quedado fuera del marco de la discusión actual.
Si bien la sociedad es una pluralidad donde coexisten diferentes intereses y conflictos, es necesario crear condiciones para construir objetivos comunes, por lo menos con el consenso de la mayoría, en el ámbito de la seguridad. Para eso deben fortalecerse los mecanismos de confianza y comunicación entre los mismos sectores sociales y recuperar la interrelación en los espacios públicos, tratando de adoptar, en lo que sea posible, formas de convivencia en las que cada uno pueda sentirse apoyado por el otro.
Creemos que otro aspecto prioritario es la necesidad de construir una posición crítica frente a las realidades sociales. No aceptar pasivamente la definición de una seguridad ciudadana reducida en la que los efectos se confunden con las causas y al final terminamos criminalizando la pobreza, en un país donde la mayoría de la población es pobre.
Debemos poder confrontar las políticas de Estado y ver si realmente corresponden a los intereses sociales. Es necesario invertir fondos en alternativas y no sólo en represión. Asimismo, como ciudadanía debemos buscar mecanismos de control de las situaciones de inseguridad que no impliquen siempre la aplicación de violencia, porque la violencia se reproduce y trae serias consecuencias posteriores. Creemos que la peor forma de enfrentar el problema de la inseguridad pública es crear, precisamente, una nueva causa de inseguridad pública
La seguridad no se puede imponer, tiene que surgir de unas condiciones creadas para alcanzar mayor capacidad de respuesta, más justicia social y menos desigualdad.
Acción Andina – Bolivia
Junio de 2003

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