JOSE LUIS VARELA / AFP
BOGOTA
La liberación de dos jóvenes que estaban desde hace tres años en poder de las FARC reflotó el tema de cómo manejar el secuestro en Colombia, con una sociedad que se debate entre realizar o no un acuerdo humanitario y un gobierno que propone no pagar rescates, como única forma de acabar con ese drama.
Juan Sebastián y Jaime Felipe Losada, de 18 y 20 años respectivamente, fueron dejados en libertad el martes por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) tres años después de su secuestro, ocurrido dentro de su propio departamento en la sureña ciudad de Neiva. Su madre, una ex congresista, también fue secuestrada y permanece en cautiverio.
El secuestro de la familia Losada se ha convertido en un símbolo de esa tragedia humana en Colombia, pues los dos jóvenes fueron liberados a cambio de una suma de dinero, mientras que la madre es parte de un grupo de dirigentes políticos que las FARC pretende canjear, por medio de un acuerdo con el gobierno, por guerrilleros que se encuentran en prisión.
El propio gobierno acaba de vivir el drama: Bernardo Vélez –hermano de la ministra de Educación, María Cecilia Vélez– apareció asesinado la semana pasada en una carretera al norte del país. Vélez había sido secuestrado hace más de tres años, y la familia pagó dos veces por su rescate.
El vicepresidente colombiano, Francisco Santos, dijo ayer en referencia a la liberación de los hermanos Losada a cambio de dinero que entendía bien la posición de la familia, pero que consideraba que no pagar rescates era la mejor forma para acabar con el secuestro en el país.
»La manera de acabar con el secuestro más rápidamente y a pesar de que eso implica sacrificios importantes es el no pago», señaló Santos, quien vivió en carne propia esa situación durante más de ocho meses entre 1990 y 1991.
Sin embargo, »entiendo al ex senador Losada (padre de los liberados). Entiendo esa tragedia, con dos muchachos que se fueron niños y llegaron hombres y que finalmente las FARC piden plata por ellos; entiendo el dolor individual y entiendo que él haya acudido a esa medida», dijo.
»Si algún día queremos acabar definitivamente el secuestro tenemos que ponernos de acuerdo en una política de no pago. Eso es lo que mete gasolina a esa industria. En el momento en que esa industria deje de percibir ingresos, se acaba», apuntó.
Al dilema de pagar o no pagar que se genera en los secuestros extorsivos se suma el drama de una veintena de políticos, unos 50 militares y tres ciudadanos estadounidenses que las FARC liberarían a cambio de la salida de prisión de decenas de sus combatientes.
