AMIA: 10 años sin justicia

Los homenajes por el décimo aniversario del atentado contra la sede de la mutual judía en Buenos Aires, AMIA, reflejaron la indignación de la comunidad por lo que ellos definieron como otro aniversario «sin justicia».
A través de discursos y pancartas, se denunció la falta de justicia en la causa.
Esas palabras formaron parte de carteles y discursos del acto central en la nueva sede de la mutual, en el mismo lugar y a la misma hora en que una explosión mató a 85 personas, en 1994.
El reclamo refleja la situación de una investigación con más interrogantes que certezas.
Después de una década, la Justicia aún no precisó quiénes fueron los autores materiales e intelectuales de la masacre.
Ni siquiera se sabe con certeza si existió un atacante suicida.
Además, existen diferentes líneas dentro de la misma investigación.
¿Qué es lo que se sabe?
Se sabe que una camioneta Renault Traffic fue la que cargaba la bomba en su motor, pero no se pudo identificar el vehículo en particular que se usó para el atentado.
El gobierno argentino intenta averiguar qué modelos Traffic fueron robados en 1994, para intentar develar esta cuestión.
Cuatro ex policías argentinos y un reducidor de autos robados están acusados de haber armado y suministrado el vehículo a los atacantes.
Después de una década, la Justicia aún no precisó quiénes fueron los autores materiales e intelectuales de la masacre.
Se encuentran sometidos a un juicio oral desde hace casi tres años y se espera un veredicto para mediados del mes que viene.
Pero, según quienes siguen de cerca el juicio, las pruebas acusatorias no parecen muy firmes.
Lo que sí parecen firmes son las pruebas en contra del ex juez que entendía en la causa, Juan José Galeano.
Este juez está acusado de haber pagado US$ 400.000 al armador de autos para que supuestamente acusara a los ex policías.
Galeano fue apartado del proceso judicial hace ocho meses.
Responsabilidad política
La teoría más mencionada por quienes entienden en la causa es que el responsable final del atentado fue Irán.
El gobierno de Teherán niega toda responsabilidad en el hecho, pero por otro lado no ha colaborado con la investigación.
La posibilidad de avanzar en esta línea de investigación se vio truncada cuando el gobierno del Reino Unido decidió no extraditar al ex embajador iraní en Argentina, Hadi Soleimanpour, uno de los sospechosos de haber organizado el atentado.
Otra de las pistas también vincula al ex presidente argentino, Carlos Menem, con Irán.
Según un testigo con identidad protegida, llamado «C», Menem habría recibido diez millones de dólares para desvincular a Irán del atentado.
La explosión en la sede de la AMIA, dejó 85 muertos y decenas de heridos.
Ese dinero, siempre según el testigo «C», habría sido depositado en una cuenta suiza, pero la semana pasada la Justicia de ese país anunció que tras una investigación de dos años no se había encontrado la cuenta mencionada.
Menem ha negado en todo momento haber tapado el ataque a la AMIA.
Otra pista, no tan mencionada como la «iraní», apunta a Siria.
Según la lógica de esta pista, el atentado fue organizado por gente que pertenecía a la organización radical islámica, Hezbollah, que funciona en El Líbano bajo protección siria.
¿Nueva esperanza?
Algo sobre lo cual casi todos aquí en Argentina están de acuerdo es que la investigación del atentado ha estado plagada de irregularidades.
Los cuestionados son desde Menem, hasta la Policía Federal y la Secretaría de Inteligencia Del Estado (SIDE).
En este sentido, la decisión del gobierno de Néstor Kirchner de abrir los archivos de la SIDE y de la Policía Federal fue bien recibida por los familiares de las víctimas.
El actual gobierno argentino también obligó a los agentes de Inteligencia a participar en el juicio oral que se lleva a cabo.
El veredicto de este juicio se dará a conocer a mediados de agosto. La sentencia -los fundamentos del fallo- llegará recién en septiembre o agosto.
Junto con el veredicto se conocerán las denuncias que formulará el propio tribunal.
Se espera que estas denuncias incluyan a ex funcionarios políticos y miembros de la policía, lo cual seguramente desembocará en nuevos juicios.

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