ASUNCION (AP) — El hipermercado incendiado a principio del mes causando la muerte de más de 400 personas, no tenía autorización para trabajar porque nunca fue inspeccionado para verificar las condiciones de seguridad, reveló el martes el alcalde capitalino, Enrique Riera.
En tanto, la fiscalía reiteró que continúan desaparecidas 144 personas y un total de 40 cadáveres, particularmente restos óseos, siguen sin identificación.
La justicia ordenó que los productos imperecederos de dos locales de la cadena del hipermercado incendiado fuesen distribuidos entre familiares de las víctimas.
Riera dijo a los periodistas que no renunciará «porque aquí debemos trabajar juntos para mejorar las condiciones generales de seguridad de la ciudad. Asunción es una urbe vieja con edificios obsoletos».
Confirmó que el centro comercial siniestrado «no estaba habilitado; fue construido en 2000 cuando era intendente municipal Martín Burt (del partido Liberal, opositor) y, precisamente, en noviembre de 2001 fue inaugurado para atender al público».
«Yo llegué al cargo municipal en diciembre de 2001. Revisando el expediente, encontré que el edificio no fue autorizado, oficialmente, a operar porque estaba pendiente de la inspección final de las condiciones de seguridad. Sin embargo, como es una obra del sector privado, la ley dice que los riesgos corren por cuenta del propietario», apuntó.
Aclaró que si hubiese sido una obra estatal «por ley no hubiera tenido permiso para operar porque el control es muy exigente y, además, establece plazos».
Riera anunció que «resolvimos hoy clausurar otro supermercado de la cadena Ycuá Bolaños, ubicado en el barrio asunceno Mburucuyá porque no cuentan con suficientes salidas de emergencia. Debo aclarar que este año estábamos verificando todos los centros comerciales pero, lastimosamente, todavía no habíamos llegado hasta el local incendiado».
El juez Pedro Darío Portillo, quien procesa a los empresarios Juan Paiva y su hijo Daniel, propietarios del hipermercado, dijo que «los productos imperecederos de dos de los cinco locales clausurados temporalmente debido al embargo de los bienes, serán distribuidos a los familiares de las víctimas, con la coordinación del Comité de Emergencia Nacional».
Víctor Núñez, presidente de la Corte Suprema de Justicia, solicitó a los diferentes jueces y fiscales involucrados en la investigación que «aceleren el proceso lo máximo posible de forma que en 12 meses, como máximo, los parientes de los fallecidos y heridos sean indemnizados».
