Pablo Cerón. CARACAS. ENVIADO ESPECIAL
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Desafiante el domingo, enfurecida y acusadora el lunes, la oposición venezolana empezó a transmitir señales en las últimas horas de vivir un gran desconcierto, y hasta un desbande en sus filas, por lo menos entre sus simpatizantes. El resultado del referendo revocatorio implicó, indudablemente, una derrota difícil de digerir para la llamada Coordinadora Democrática.
A toda hora, en la calle y en declaraciones a medios de prensa, aparecieron ayer las primeras voces de repudio de gente que acusaba a la oposición «de haber caído en la trampa chavista» —sostienen que el referendo terminó de legitimar a Chávez ante los ojos del mundo— y dijeron sentirse abandonados por la dirigencia opositora.
«Hasta el domingo se cansaron de hablar y hablar, pero ayer (por el lunes) desaparecieron», dijo una mujer indignada a un programa de televisión.
Tal vez un último intento por revertir ambas derrotas, ante Chávez, una, y ante la opinión pública, la otra, sea el insólito anuncio del líder más visible que tiene esta alianza opositora, Enrique Mendoza, gobernador de Miranda. Este hombre, considerado un acérrimo enemigo del presidente Chávez y un potencial presidenciable en muy poco tiempo, declaró que una vez que recaben todas las pruebas sobre «el fraude» cometido por el oficialismo, impugnarán el referendo revocatorio (ganado ampliamente por el jefe de Estado) para que se convoque a uno nuevo.
«Los demócratas venezolanos les entregaremos a los organismos internacionales tantas y tan contundentes pruebas que no les quedará otro remedio que acompañarnos en la impugnación del proceso y su repetición en condiciones que garanticen la transparencia del mismo», declaró Mendoza, quien además se disculpó por el «silencio de radio» que la mayor parte del liderazgo opositor se autoimpuso el lunes. «Se debió al cansancio, al dolor y a la rabia», argumentó.
El gobernador aclaró que todo ese cúmulo de pruebas será entregado a los ex presidentes Jimmy Carter y César Gaviria, cuyos organismos, el Centro Carter y la OEA, no sólo avalaron los resultados oficiales que el Consejo Nacional Electoral lanzó a las cuatro de la madrugada del lunes, sino que reiteraron hasta el cansancio que no comprobaron ningún tipo de irregularidades.
Todos quieren apadrinar las victorias, pero nadie se quiere hacer cargo de la derrota. No es un célebre dicho de algún famoso personaje, pero sintetiza muy bien lo que está ocurriendo en las filas opositoras, cuyos voceros intentan ahora, en una auténtica caza de brujas, hallar a los culpables lo más lejos posible de sus perfiles.
«Las máquinas fueron manipuladas.» «Hubo errores en la verificación por parte de los observadores internacionales.» Este tipo de afirmaciones inundaban ayer Caracas, mientras la capital venezolana retomaba su normalidad tras el asueto decretado por el jefe de Estado en la administración pública.
Andrés Velásquez, uno de los voceros de la heterogénea alianza opositora, declaró, sin lugar a ningún tipo de dudas, que las máquinas de votación tuvieron que «ser amañadas», porque el conteo oficial no coincide con el suyo. Pero fue más allá y reafirmó su convicción de que hubo «fraude» a partir dos datos que no parecen muy científicos, a decir verdad: bocas de urna realizadas por sus militantes, y «la expresión que tenían las caras de los votantes en las colas».
Lo que Velásquez no quiso o no supo describir es cómo podía diferenciarse la expresión de quienes votaban por el «Sí» o por el «No». Respecto a la sospecha de que las máquinas pudieran haber sido manipuladas, la empresa que las construyó desestimó esa posibilidad y recordó, además, que se efectuaron numerosas pruebas antes del referendo, de las que participaron representantes de todas las partes, lo que incluye al gobierno, a la oposición e incluso a los observadores internacionales.
Ante la avalancha de denuncias lanzada por la dirigencia opositora, el Centro Carter anunció ayer a la tarde que las autoridades venezolanas efectuarán una auditoría de los resultados electorales, aunque aclaró que no tenía ningún motivo para cuestionar su limpieza.
No parece pensar lo mismo Jesús Méndez Quijada. Este dirigente de la Acción Democrática, agrupación que forma parte de la coalición opositora, planteó que las denuncias de fraude «cuestionan la legalidad del mandato presidencial» y, por lo tanto, propuso que mientras se investigan todas las acusaciones formuladas, Hugo Chávez debería alejarse del cargo.
En Caracas, todavía parecen resonar las risotadas desde el Palacio de Miraflores.
