JULIANA BARBASSA
Associated Press
FRESNO, California – Un militar retirado salvadoreño fue demandado en un tribunal federal en Fresno por acusaciones de que conspiró en el asesinato en 1980 de un importante activista de derechos humanos – el arzobispo Oscar Arnulfo Romero – cuando oficiaba misa en la catedral de San Salvador.
La demanda civil, cuyas audiencias comenzarán el martes, dice que Alvaro Rafael Saravia conspiró para cometer crímenes contra la humanidad y cometer una ejecución extrajudicial – violaciones de las leyes internacionales que algunos dicen permiten que el caso sea procesado en Estados Unidos.
Saravia, vendedor de autos, no ha contratado abogados, ni respondido a la demanda presentada por el Centro de Justicia y Responsabilidad a nombre de uno de los familiares de Romero. Saravia ha desaparecido del último domicilio listado bajo su nombre – una casa en Modesto, California.
Sin embargo, un juez federal dijo que el equipo legal había realizado esfuerzos adecuados para localizarle, por lo que se presentarán evidencias para establecer la responsabilidad legal de Saravia.
Los temores de represalias contra el demandante son tan fuertes que las autoridades han mantenido su nombre en secreto, hasta la audiencia del martes.
Romero fue un enérgico crítico del régimen militar derechista, el cual ha sido vinculado en las investigaciones de la ONU a los escuadrones de la muerte responsables del asesinato de decenas de miles de personas. El gobierno salvadoreño en ese entonces, contaba con el apoyo de Estados Unidos, que temía un alzamiento marxista en esta pequeña nación centroamericana.
Terry Lynn Karl, profesor de estudios latinoamericanos y de ciencias políticas de la Universidad de Stanford, dijo que el asesinato ha sido el crimen político más significativo en El Salvador.
«Si matas a un arzobispo, puedes matar a quien sea», dijo Karl. Lanzó al país a una de las represiones más intensas de sus historia y a una guerra civil».
La demanda busca una compensación monetaria, aunque las probabilidades de recuperar dinero es mínima, dijo Almudena Bernabeu, una abogada internacional.
La muerte de Romero representa aún una herida abierta para muchos salvadoreños que tratan de reconstruir el país tras una brutal guerra civil de 12 años que mató a unas 75.000 personas.
Saravia puede ser juzgado en Estados Unidos gracias a unas leyes federales que permiten iniciarle un proceso a las personas extranjeras que tengan algún vínculo con Estados Unidos y sean acusados de torturas o violaciones del derecho internacional humanitario.
Romero murió asesinado el 24 de marzo de 1980, un día después de implorar y ordenar a los militares, en un sermón televisado, a que dejaran de matar a civiles.
Un informe de la ONU asegura que Saravia estuvo a cargo de organizar el transporte de la persona que disparó contra el arzobispo, así como cerciorarse del pago.
