Por nueve votos contra ocho, el pleno de la Corte Suprema de Justicia confirmó el desafuero del ex gobernante de facto Augusto Pinochet.
Pinochet podrá ser juzgado por la llamada Operación Cóndor.
Esto significa que Pinochet podrá ser investigado y procesado, en caso que se confirme su responsabilidad en los crímenes cometidos en el marco de la Operación Cóndor.
Con este nombre se conoce a las tareas coordinadas desarrolladas por varios servicios de inteligencia de gobiernos militares latinoamericanos, durante la década de los 70, para perseguir y eliminar a disidentes políticos.
Según los abogados querellantes, estos actos fueron organizados y coordinados desde Chile por la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA, la policía política del régimen militar, que dependía directamente del entonces gobernante y comandante en jefe del Ejército, Augusto Pinochet.
El caso está actualmente en manos del juez Juan Guzmán.
Demencia cuestionada
Se han gastado tantos recursos por tratar de condenar a ese hombre, que deberíamos dejar que el tiempo acabe con él ya que le queda poco hilo en la carretilla.
Opinión de un lector desde Santiago de Chile
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El general Pinochet había sido sobreseído por demencia leve en el año 2001, mientras era investigado por las ejecuciones perpetradas en 1974 por una comitiva militar conocida como La Caravana de la Muerte.
Eso permitió anular un desafuero en su contra, pero le significó también renunciar a su cargo de senador vitalicio, conservando solamente, hasta ahora, su fuero como ex gobernante.
Sin embargo, su presunta demencia fue cuestionada luego de que concediera una entrevista a un canal de televisión de Miami y tras conocerse, este año, sus millonarias operaciones financieras realizadas en el Banco Riggs, de Estados Unidos.
Querellantes satisfechos
Mientras se tomaba la decisión, oponentes a Pinochet se manifestaban frente a la Corte.
El abogado querellante Hugo Gutiérrez se mostró satisfecho por el desafuero de Pinochet y consideró «un buen fallo» lo acordado por la Corte Suprema de Justicia.
Lorena Pizarro, dirigente de la Agrupación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos, afirmó que «no podía haber otra resolución» y que «hay que limpiar el nombre de este país ante la comunidad internacional». Insistió en que a Pinochet «hay que juzgarlo por sus crímenes».
«Nuestro país es, hoy día, un poco más democrático, no hay intocables», declaró el abogado querellante Eduardo Contreras.
Nuevos exámenes
Algunos magistrados plantearon la necesidad de tomar nuevos exámenes psiquiátricos a Pinochet, para determinar su real estado de salud.
Durante los alegatos del miércoles, la defensa de Pinochet había insistido en su delicado estado de salud y su presunta imposibilidad para hilar de modo coherente una conversación.
Actualmente hay más de un centenar de querellas presentadas en los tribunales contra Pinochet, por violaciones a los derechos humanos cometidas durante su gobierno, entre 1973 y comienzos de 1990.
Algunos manifestantes llegaron hasta las inmediaciones del Palacio de Tribunales para celebrar la resolución de la Corte Suprema.
