Bogotá, 21 jul. (SNE). – El delito del secuestro le costó al Estado colombiano y a los ciudadanos que estuvieron plagiados y pagaron por su liberación, 260 millones de dólares entre los años 1996 y 2003, casi medio punto del Producto Interno Bruto (PIB) por año.
Así lo afirma una investigación realizada por María Eugenia Pinto, Ivette María Altamar, Yilberto Lahuerta, Luis Fernando Cepeda y Adriana Victoria Mera y publicada en el décimo octavo número de la publicación Cuartillas de Economía, del Departamento Nacional de Planeación. Ellos forman parte del Grupo de Estudios de Gobierno y Asuntos Internos de la Dirección de Justicia y Seguridad de Planeación.
El estudio de 76 páginas, señala que de esos 260 millones de dólares, 110 millones fueron gastados por el Estado para contrarrestar este delito y los 150 millones son las pérdidas para la sociedad.
Los investigadores diferencian dos tipos de costos generados por el secuestro: directos e indirectos. Los directos son los gastos en los que se incurre para detener el delito, como por ejemplo lo invertido en la lucha anti-secuestro y el pago de rescates de las familias.
Y en los costos indirectos se hace referencia a las pérdidas sufridas por un secuestrado, pero que no implica pagos. Por ejemplo, la pérdida de productividad por el tiempo que una persona está retenida y no puede trabajar y la pérdida de capital humano asociada a la muerte del secuestrado.
Dice que entre los años 1996 y 2003 se presentaron 21.078 secuestros incluidos secuestros simples, extorsivos, a miembros de la Fuerza Pública y otros sin establecer.
Los departamentos más afectados por este delito son Antioquia, Cesar, Valle del Cauca, Santander y Cundinamarca. La mayoría de plagiados son hombres casados o en unión libre, cuya edad oscila entre 24 y 55 años.
El tiempo promedio de cautiverio no supera el mes y el rescate pagado por su liberación en promedio, es de 50 millones de pesos.
Por tipo de profesión los más afectados por el secuestro son las personas independientes como comerciantes, profesionales, menores, políticos, ganaderos y servidores públicos.
LOS COSTOS
Señala la investigación que entre los años 1996 y 2003 el Estado invirtió 319 mil millones de pesos (unos 110 millones de dólares) en la lucha contra el secuestro.
Con esos 110 millones de dólares se habrían podido entregar 6 millones de desayunos escolares a niños de bajos recursos económicos, o pavimentar completamente más de 300 kilómetros de carreteras durante 9 años.
Durante este período los secuestrados dejaron de recibir 137 mil millones de pesos (unos 47,7 millones de dólares) por el no pago de salarios, mientras que la muerte temprana de los retenidos le dejó pérdidas a la sociedad por 128.805 millones de pesos (44,6 millones de dólares).
La suma de todos estos costos directos e indirectos representan una pérdida total para el país de 748.211 millones de pesos (260 millones de dólares), lo que equivale a un costo anual de 93.526 millones de pesos, el 0,045 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
HAN BAJADO
De ahí la importancia de la política de Seguridad Democrática implementada por el Gobierno para reestablecer la confianza de la ciudadanía y reducir los delitos.
Los positivos resultados que se han obtenido en el Plan de Seguridad Democrática están a la vista.
Mientras que en el primer semestre de 2002 se registraron 2.704 secuestros, en el mismo período de 2003 se bajó a 1.702, es decir una reducción del 37 por ciento.
Y en el caso de los secuestros extorsivos la reducción es de un 49 por ciento ya que se pasó de 1.906 en el primer semestre de 2003 a 966 en el mismo período de 2004.
En agosto de 2002, había Fuerza Pública en 931 municipios y a febrero de 2004 en todos los municipios de Colombia hay personal del Ejército, la Policía y los demás organismos.
¿DÓNDE ESTÁ LA PLATA?
El extenso documento hace un seguimiento sobre quién recibe los dineros pagados por la liberación de los secuestrados.
Señala que en los 9 años analizados fueron pagados 162.709 millones de pesos (56,5 millones de dólares).
De esos recursos el 43,9 por ciento fue a parar a manos de la guerrilla de las Farc; el 20,2 por ciento al grupo insurgente Eln; el 5,42 por ciento a la delincuencia común; el 0,4 por ciento a los llamados grupos de autodefensa y en el 14,90 por ciento de los casos no se pudo establecer el destinatario.
