EFE
QUITO
La mitad de las remesas que envían los ecuatorianos se destina a pagar a los traficantes de personas (coyotes), que en los últimos cuatro años han movido un negocio calculado en $3,500 millones, informa el diario El Universo.
Cada mes, unos 600 emigrantes invierten dinero y arriesgan su vida para salir del país y se involucran con la red de traficantes de personas, que se quedan con $750 millones anuales, la mitad de las remesas, asegura el rotativo en extenso reportaje.
El año pasado se registraron 2,836 hipotecas por préstamos de dinero para viajar y la Cancillería emitió en nueve meses 20,798 pasaportes en las provincias ecuatorianas de Azuay, Cañar, Loja, Morona Santiago y Zamora Chinchipe.
No existen cifras oficiales sobre la cantidad de ecuatorianos que han viajado en condición de ilegales a Estados Unidos auspiciados por los coyotes, que han encontrado su mejor mercado en las provincias del sur del país.
Sin embargo, un estudio del capitán Terry S. Wichert, agregado naval, y del teniente comandante Michael Trevett, agregado guardacostas de la Embajada de la Embajada de EEUU, en Quito, refiere que desde el año 2000 entre 234,000 a 350,000 ecuatorianos se han embarcado con destino a Guatemala para intentar llegar a EEUU.
Si se promedia el costo de los »envíos» en $10,000 por persona, el tráfico de personas habría generado alrededor de $3,500 millones entre el año 2000 y abril pasado, indica el diario, que añade que los coyotes cobran ahora entre $13,000 y $15,000 por cada persona.
El tráfico de personas se ha vuelto tan cotidiano en el sur de Ecuador que se ofertan los servicios de »viaje seguro» mediante anuncios en la radio, ferias, visitas puerta a puerta y hasta en los periódicos locales.
La policía de Cuenca asegura que no pueden hacer nada contra los traficantes de personas mientras no existan denuncias formales, en tanto que la Iglesia Católica opina que se deben intentar suscribir convenios con las naciones de destino de los emigrantes.
Franklin Ortiz, jefe de la dirección de Movilidad Humana de la Pastoral Social de Cuenca, opinó que no es sólo cuestión de establecer leyes duras para evitar el tráfico ilegal de personas.
Consideró que el Gobierno debe intentar suscribir convenios con EEUU pues «ellos necesitan de nuestra mano de obra y de ello deben estar conscientes».
