Contraloría exige destitución del presidente nicaraguense

Agence France Presse
MANAGUA
La Contraloría General de la República (CGR, colegiada) resolvió ayer solicitar al Parlamento la destitución del presidente Enrique Bolaños, tras acusarlo de no cooperar con investigaciones sobre financiamiento ilegal de la campaña electoral que lo llevó al poder en enero del 2002.
La CGR »determina la destitución del cargo del presidente» y se envía la resolución al Parlamento, se indicó en una nota emitida por »unanimidad» de los cinco colegiados responsables del organismo, tras advertir que no tienen competencia para decidir la destitución del gobernante.
»Hay méritos para la destitución (de Bolaños) del cargo, pero como no tenemos nosotros (la CGR) facultad para ordenarlo, se le está enviando copia certificada (de la resolución) a la Asamblea Nacional (parlamento)», explicó en rueda de prensa el presidente de la entidad pública, Francisco Ramírez.
Ramírez no hizo mención del proceso previo para levantar la inmunidad de Bolaños, que sería necesario en caso de que el Congreso resolviera tramitar el pedido de destitución, lo cual es poco probable, según fuente políticas.
La resolución de los contralores señaló que Bolaños se negó en todo momento a suministrar la información solicitada por la CGR en determinadas ocasiones, y su asesor Juan Carlos estrada envió una carta de respuesta diciendo que »el presidente no tenía por qué mandarnos información», expuso Ramírez.
Bolaños también se negó a aclarar lo referido a »unos cheques que fueron a dar a una cuenta en la Isla de Gran Caimán, por $326,000, lo que no pudimos verificar ni tuvimos documentación a la vista», añadió.
Tras conocer la resolución, el ministro de Gobernación, Julio Vega, minimizó su alcance diciendo que «no tengo ni una absoluta duda de que eso es un asunto meramente político».
La Contraloría atribuyó además a Bolaños »responsabilidad administrativa» y «determinó una sanción con (descuento de) dos meses de salario, para lo que mandó certificación al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a fin de que procedan a hacerlo efectivo».
Bolaños, de 76 años, se negó a comparecer ante la CGR que investiga la procedencia de los fondos que financiaron su campaña electoral, alegando que la ley no le obliga a informar, porque el dinero lo recibió antes de la contienda proselitista del 2001.
La ley electoral nicara-
güense prohíbe que los partidos políticos reciban donaciones o aportes económicos nacionales o extranjeros sin la debida autorización del Consejo Supremo Electoral (CSE), y sin fiscalización de la Contraloría, requisito, que según la Fiscalía fue omitido por el representante legal del partido gobernante, el diputado Wilfredo Navarro.
El miércoles Bolaños dijo a la prensa que si los contralores tenían algo que decir que comenzaran por Navarro, actualmente vicepresidente del Parlamento, porque él era el asesor legal del partido.

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