A fin de acabar, de una vez por todas, con «la practica cotidiana» de la tortura, la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz solicitó al gobierno de Hugo Chávez que ratifique el Protocolo Facultativo de la Convención Internacional contra la Tortura, para que así se puedan crear las instancias internas y externas que vigilarán porque en las cárceles y centros de reclusión les sean garantizados sus derechos fundamentales a los reclusos.
En el foro organizado por la organización no gubernamental en la sede de la Embajada de Canadá, para presentar el Manual contra la tortura, su coordinador general Alfredo Ruiz, advirtió que «pese a que la primera Constitución de Venezuela, la de 1811, prohibió cualquier tipo de malos tratos, todavía es una práctica bastante normal y cotidiana, pues todavía hay funcionarios policiales y militares que creen que pueden golpear con una peinilla o ponerle una bolsa en la cabeza, para crearle la sensación de asfixia a una persona detenida».
Destacó como un hecho sumamente grave el que hasta el momento no se haya sancionado a un solo acusado de torturar y recordó que la Asamblea Nacional está en mora con la Constitución, pues no ha aprobado una ley para combatir los tratos crueles e inhumanos, tal y como se lo ordenaba la Carta Magna en sus disposiciones transitorias.
Aunque no precisó su número, Ruiz aseguró que este año han recibido más denuncias de torturas «algunas muy fuertes como las de los campesinos de Bolívar y Apure, los cuales señalan a funcionarios de las policías regionales, científicas y de la Guardia Nacional de maltratarlos. También recibimos denuncias de las personas que participaron en las manifestaciones escenificadas a principios del año, a muchas de las cuales después de detenerlas les dispararon a quemarropa».
Por su parte, el director del Observatorio Venezolano de Prisiones, Humberto Prieto, acusó a las instituciones de «hacerse las ciegas» ante la situación de las cárceles, donde, según él, «no solamente hay tortura sino hay trato degradante, cruel e inhumano».
Para Prado, los 215 reclusos fallecidos y 478 heridos durante este año son producto de las violaciones a los derechos a la alimentación, salud, trabajo y recreación que sufren los venezolanos que permanecen en las prisiones.
