Berlín, 25 de octubre (apro).- El Índice de Percepción de la Corrupción 2004 de Transparencia Internacional (TI), presentado el último miércoles en Berlín, ratifica la mirada limitada con que dicha ONG, financiada entre otros por el Banco Mundial, evalúa este fenómeno y sus alcances.
El reduccionismo se da tanto a nivel de la metodología empleada por TI para recabar información estadística, como en la restricción de análisis del fenómeno al área estatal.
Partiendo de esta aclaración puede decirse que, entre los 146 países relevados, Finlandia, con 9.7 puntos de limpieza sobre una tabla de 10 puntos posibles, encabeza el ránking. La lista continúa con una serie de países desarrollados y baja finalmente hacia los emergentes, cerrando la tabla dos en los que las condiciones de vida son miserables, y los mecanismos de contralor del Estado inexistentes: Bangla Desh y Haití (1.5 de calificación).
“Desde una perspectiva global, los niveles de corrupción siguen siendo preocupantes: 106 de los 146 países figuran con notas menores de cinco”, dice a Apro Silke Pfeiffer, directora regional de TI para las Américas.
“En América Latina sólo Chile (7.4) y Uruguay (6.2) figuran con una nota superior al punto medio. Casi el 50% de los países tienen una nota menor del tres. Ahí estamos hablando de corrupción endémica”, explica.
Si se comparan los índices del presente informe con los del año pasado, entre los que mejoran su calificación están El Salvador (4.2), Costa Rica (4.9), y el citado Uruguay, y entre los que bajan, República Dominicana (2.9) y Cuba (3.7). Salvo en Costa Rica, donde los cambios se deben a que se incluyeron nuevas fuentes, en El Salvador y en Uruguay TI menciona un cambio de percepción, debido a iniciativas de fortalecimiento de la institucionalidad democrática y acceso a la información.
…a pesar de los escándalos”
Si se toma el índice a lo largo de los años, se nota el mejoramiento de México (3.6) y Colombia (3.8), y un empeoramiento de Argentina (2.5). En Colombia ha habido, según TI, un desarrollo lento, gradual, pero constante.
“En México vemos que, a pesar de varios escándalos que ha habido últimamente, la percepción no ha empeorado, y eso lo atribuimos a los esfuerzos por fortalecer las instituciones”, dice Pfeiffer, quien cataloga la ley mexicana de Acceso a la Información Pública como ejemplo a nivel mundial. Una ley, que ni siquiera en Alemania existe, y que asegura el acceso de cada ciudadano a solicitar información sobre presupuesto, salario, contrataciones o programas públicos.
“Hay todo un cambio de cultura –sostiene Pfeiffer–, porque en América Latina hay toda una tradición de gestión pública, sin rendición de cuentas frente a los ciudadanos.”
Consultada por el caso de Argentina, donde cuesta muchísimo creer –tal como sostiene TI– que el gobierno de Néstor Kirchner pueda superar los niveles de corrupción que imperaron en la administración de Carlos Menem, Pfeiffer dice que eso en parte se debe a que se computan los últimos tres años.
“Aquí estamos hablando de percepción. No estamos hablando de niveles reales”, agrega. Y pone en el centro de la escena uno de los puntos más cuestionables del informe: sus propias fuentes.
TI encarga sus encuestas a diferentes universidades y consultoras internacionales, que no entrevistan a sectores de prensa ni a la opinión pública ni a sectores académicos. Quienes opinan aquí son empresarios, residentes o no en el país analizado, y analistas de riesgo.
La pregunta que inmediatamente surge es si la opinión de estos altos ejecutivos no se ve, en cierta medida, invalidada por el hecho de ser parte interesada. O por la posibilidad de ser o haber sido, incluso, contraparte de los hechos de corrupción indicados.
“Por supuesto –reacciona Silke Pfeiffer–, pero eso les da mucho criterio, en el sentido de que saben por experiencia propia si hay un clima en el país que los involucra en casos de corrupción.”
El sector empresarial tiene –a su juicio– una mirada específica, particular, y hasta sesgada de la corrupción. Su percepción es, sin embargo, muy relevante, debido a su poder de decisión, y a las consiguientes implicancias para los países.
Pfeiffer reconoce la necesidad de complementar los datos con otros índices. Tiene que haber muchos más para entender bien el fenómeno.
Para el politólogo Guillermo Ruiz Torres, sin embargo, cuesta entender la posición asignada a algunos países, incluso midiendo con la misma vara que TI utiliza. “Las licitaciones con que el gobierno de Bush ha favorecido a determinadas empresas, de cuyos directorios han formado parte hombres de su administración, como el vicepresidente Dick Cheney, muestran que hay una red de corrupción no contemplada. El puesto 17 de Estados Unidos (7,5) en la lista de TI es bastante generoso”, dice a Apro.
Reglas variables
Según un análisis del Tecnológico de Monterrey, el sector privado en México estima que las empresas gastan en promedio 8.5 por ciento de sus ingresos en pagos extraoficiales para influir en la definición de las reglas del juego y 5.1 por ciento en corrupción burocrático-administrativa.
Al mismo tiempo, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) indica que varias empresas en México expresaron su inquietud, porque algunos de los grandes concursos internacionales son asignados de manera poco transparente a empresas trasnacionales muy poderosas.
Mientras que los gobiernos de los países industrializados impulsan reformas políticas en los emergentes, no condenan los hechos de corrupción o de soborno de empresas o bancos, con sede en el primer mundo, cuando operan en el tercero.
“Es cierto –reconoce Pfeiffer–, hasta 1999, había un claro doble estándar, en cuanto a la corrupción doméstica y a la internacional. Mientras que la corrupción siempre era un acto ilegal en Alemania, el soborno transnacional de empresas alemanas no sólo no lo era, sino que las empresas lo podían deducir de los impuestos.”
A partir de 1999 entra en vigor la Convención Antisoborno de la OCDE, que prohíbe el soborno en las transacciones y negocios internacionales. El nivel de conocimiento de los ejecutivos o empresarios es, sin embargo, muy bajo. La Convención no se ha aplicado ni una sola vez. El mecanismo de monitoreo, promovido por la misma OCDE, es débil.
“Hace falta un esfuerzo mucho más grande de los ejecutivos para implementar programas de ética o promover esta convención dentro de sus empresas –dice Pfeiffer–; tiene que haber incentivos negativos, como renuncias y sanciones.”
Un caso concreto es el del renunciante secretario general de la OEA, el expresidente costarricense Miguel Ángel Rodríguez, acusado de haber recibido un soborno de la empresa francesa Alcatel para la aprobación de licitaciones telefónicas. “En caso de que pruebe que ha habido soborno, tiene que haber sanciones, terminación de contrato, inclusión en lista negra, de pronto la prohibición de que esta empresa pueda seguir invirtiendo en otros países”, sostiene Pfeiffer.
Diversas empresas internacionales, sin embargo, prefieren no correr estos riesgos. Pagan agentes locales, que en caso de obtener un contrato reciben alrededor del 10 por ciento del monto del negocio. La ONG The Corner House consigna el caso de un intermediario condenado en Singapur, en 1996, por el pago de sobornos de un total de 9.8 millones de dólares, en nombre de Siemens, Pirelli, BICC, Tomen y Marubeni. El gobierno de Singapur prohibió a las empresas presentarse a cualquier licitación gubernamental en los cinco años siguientes.
De todas maneras, cuando TI publica su Informe de Índices de Fuente de Soborno –el último es de 2002– no menciona a las empresas por su nombre. En este caso TI genera los datos y comisiona las encuestas. De manera llamativa, la ONG no consigue financiamiento para poder publicarlo anualmente.
Corrupción y pobreza
Una constante del informe 2004 de TI es que arriba están los países industrializados y abajo los países pobres, con niveles de corrupción altos. El repaso del listado parece sugerir que hay una tendencia de parte de los pobres a ser corruptos.
“No estamos diciendo que los pobres son más corruptos, pero sí que hay una clara correlación entre pobreza y corrupción –sostiene Pfeiffer–; entonces habría que preguntarse quiénes están detrás de la corrupción en estos países, causando tanta pobreza.”
Los casos de altos funcionarios de países emergentes, que han fugado sumas siderales de dinero provenientes de sobornos, son innumerables. Estos fondos suelen terminar en cuentas bancarias con sede central en los países industrializados. TI incita a bancos internacionales a que se comprometan con iniciativas de autorregulación contra el lavado de dinero. Y ha promovido la nueva convención de la ONU para la repatriación de los activos procedentes de actos de corrupción. Pero no promueve la investigación y publicación del listado de bancos implicados en este tipo de operaciones.
“Para el sector privado, y la banca forma parte del sector privado, la corrupción empieza a ser un costo político muy fuerte”, sostiene Pfeiffer. “Pero en el caso del sector privado no es cuestión de apelar a la moralidad de las empresas. La transparencia se está convirtiendo en un negocio”, sostiene.
La realidad latinoamericana no parece darle la razón. La corrupción de la clase política es en general tan probada y burda como indefendible. Pero dicha corrupción tiene su contraparte en las empresas nacionales y los grandes consorcios que allí operan.
En este sentido, el politólogo Ruiz Torres ve en TI un juez interesado. El prisma con que la ONG evalúa es demasiado permeable a determinados intereses. “Transparencia Internacional no tiene entre sus postulados fundamentales contribuir al combate contra la corrupción para favorecer una igualdad social en el mundo –sostiene Ruiz Torres–, sino para favorecer condiciones de producción que, al fin y al cabo, van a repercutir en mejores condiciones de acumulación para el capital privado.”
