Triple frontera es usada como paraíso sexual

Un informe realizado por el gobierno de Argentina advierte sobre la gravedad del problema de la explotación sexual en la zona de la llamada Triple Frontera, donde este país limita con Brasil y Paraguay.
El informe estuvo a cargo del Consejo de Niñez, Adolescencia y Familia y forma parte de un estudio más amplio impulsado por el Instituto Americano del Niño en otros cinco países de la región.
«Se trata de un problema del cual se conoce muy poco», señaló a la BBC la doctora Alba Navarro, coordinadora de la investigación en Argentina.
«La modalidad del delito está caracterizada por el ocultamiento, por una intensa movilidad y por la existencia de redes».
Se estima que en la zona de la Triple Frontera existen más de 3500 menores de 18 años que sufren algún tipo de violencia sexual.
Causas
El informe denuncia el abuso sexual de menores en la triple frontera.
En el caso de Argentina, las norteñas provincias de Misiones, Formosa y Corrientes son donde se registra un mayor tráfico de chicos hacia otros países.
Según las autoridades, los guardias de frontera muchas veces sospechan que un chico está siendo abusado, pero si viaja acompañado de su padre y no existe una orden judicial no pueden interceder.
Una de las causas del problema es que muchos de los chicos que luego son víctimas de explotación sexual ya han sido abusados en el ámbito familiar.
Los expertos señalan que la mayoría de las veces los niños no son raptados, sino que se los capta a través del engaño y la persuasión.
Luego, cuando quieren escapar, no pueden, porque los encierran en prostíbulos y los mantienen alejados del mundo exterior.
Soluciones
Tras escándalos en países como Costa Rica la industria hotelera quiere captar más turismo familiar.
«La líneas de acción tienen que ser varias,» señala Alba Navarro. «Para los casos de delitos de carácter transnacional tiene que haber una gran cooperación de los distintos estados».
Esto, agrega Navarro, debe ser acompañado de políticas de prevención, protección de las víctimas y de una política de combate al delito.
Navarro también señala que, en el caso de Argentina, si bien existe un programa nacional, éste hasta ahora no ha sido llevado a la práctica.
«Tenemos que darle contenido, con metas concretas y con responsables concretos.»
Otro problema son los vacíos legales, es decir, las conductas que todavía no están incorporadas a los tipos penales que establece el Código Penal.

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