Demanda revela cooperación entre licoreras y traficantes de drogas

Héctor Mario Rodríguez / Especial de Primerapágina.com
Apenas uno de cada diez vasos de whisky que se consumen en Colombia es ‘legal’. Así lo reconoce el mismo Gobierno en una demanda civil que acaba de entablar ante la Corte Distrital para el Distrito Este de Nueva York, en la cual exige que las multinacionales de las bebidas Seagram, Diageo y Pernod Ricard le reconozcan, con intereses y todo, las multimillonarias pérdidas que esas transnacionales le han ocasionado por dos décadas en su alianza con el narcotráfico para vender sus productos en el país.
El caso llevado ante los tribunales de Estados Unidos revive los fantasmas de narcotráfico, lavado y política que durante las últimas tres décadas han manejado los hilos del contrabando en Colombia. La república de Colombia y los departamentos de Antioquia, Arauca, Caldas, Chocó, Cundinamarca, Guaviare, Huila, Putumayo y Santander, y Bogotá Distrito Capital, decidieron acudir a la justicia para ponerle punto final a la vena rota.
Según su acusación, por dos décadas la estadounidense Seagram, la británica Diageo y la francesa Pernod Ricard han dirigido, manejado y controlado un esquema criminal para vender sus productos por canales ilegales en Colombia y a cambio han recibido pagos procedentes del lavado de dinero de venta de narcóticos y otras actividades criminales para obtener ventajas competitivas.
Desde el punto de vista meramente comercial, y en principio, la acusación es por competencia ilegal, pero a lo largo de cerca de 200 páginas, la demanda asegura que se trata de todo un esquema criminal creado por las multinacionales en contubernio con los narcotraficantes colombianos que se ha transformado en una catastrófica reducción de los negocios de las empresas licoreras nacionales y sus consecuentes pérdidas de dinero y del patrimonio tributario y fiscal colombiano.
Diageo North America, Guinness UDV North America, Inc., America Inc., United Distillers Manufacturing Inc., Diageo Plc., Seagram Export Sales Company Inc., Pernod Ricard USA Llc y Pernod-Ricard S.A. deben responder económicamente por los daños, incluyendo compensaciones e intereses, por esos delitos cometidos a costa del pueblo colombiano.
Un trago amargo
Por primera vez se hace una descripción precisa del camino que recorren juntos –en empresa común– traficantes de drogas, dólares, lavadores, contrabandistas de alcohol, bancos, políticos y las multinacionales de las bebidas alcohólicas. El recorrido comienza en un cultivo ilegal de coca o de amapola en cualquier rincón de Colombia y termina en las cuentas –por no decir en los accionistas– de las multinacionales de las bebidas alcohólicas.
Y en ese ‘juego’ entraron Seagram, Diageo y Pernod Ricard, como lo hizo la Philip Morris con su Marlboro. Pernod Ricard es la segunda más grande industria de bebidas alcohólicas del mundo y produce, entre otros, los whiskies Chivas Regal y Glenlivit. Diageo es conocido por su whisky Johnny Walker, el vodka Smirnoff, el tequila José Cuervo y la champaña Don Perignon, entre otros.
Utilizando operaciones de lavado y varias instituciones financieras en Nueva York, introducen aún hoy a Colombia, con pleno conocimiento, licores, haciéndolos más competitivos para los consumidores, frente a los productos colombianos.
El mercado colombiano de licores compuesto por whisky, vodka, ginebra, brandy/cognac, ron, tequila y aguardiente –excluyendo la cerveza y el vino–, llegó en 2002 a 13,2 millones de cajas, frente a los 15,5 millones en 1995. El consumo de licor ‘legal’ ha caído dramáticamente en la última década.
La producción y ventas de aguardiente, por ejemplo, que determinaban el 68,3% del mercado, bajaron a representar el 32,1%. Con el ron pasó cosa similar y el ron extranjero importado ha crecido 288,9%. Hoy el 88,2% del whisky importado que se consume en Colombia. Lo mismo sucede con el 66,75% del vodka, con el 65,66% de la ginebra importada, con el 47,95% del brandy/cognac, con el 68,26% del ron importado y con el 86% del tequila.
El camino comienza en un kilo de coca o unos gramos de heroína que salen de Colombia a través de los carteles que existen (incluso de las Farc y las Autodefensas) y que son vendidos en una calle de Nueva York. Los ‘jíbaros’ del narcotráfico reciben los dólares y los depositan en efectivo en bancos de Nueva York, en cuentas a nombre de testaferros.
Un ejemplo basta: el 23 de octubre de 1991 ‘Olga L. Martínez’ giró un cheque por 6.000 dólares de su cuenta 28060 abierta en el Korea First Bank of Nueva York, oficina de Jackson Heights, localizada en el 78-14 de la Avenida Roosevelt.
El cheque fue enviado a Colombia y más exactamente el 30 de octubre de 1991 fue usado en Maicao, en La Guajira, por José M. Martino para pagar el licor adquirido para vender en los Sanandresitos de Colombia. El cheque es transportado por Martino en noviembre cuatro en vuelo vía Maracaibo, Venezuela, hasta la isla holandesa de Aruba.
Fue entregado a Transimex, empresa distribuidora de los licores de Diageo/UDV, Seagram y Pernod Ricard. En noviembre 27 fue depositado por Transimex en la cuenta DOA 110001583 en el Interbank de Orangestad, capital de Aruba. Luego llegó a Nueva York a una cuenta de una de las multinacionales de licores.
Cientos de miles de cheques han seguido similar camino. Según las pruebas aportadas en el caso judicial, en un solo día Martino llevó 180.666 para Transimex. La operación incluyó 24 cheques y 74.265 dólares en efectivo. Martino hizo así cientos de “viajes de recolección” a Maicao, dos o tres veces por semana con operaciones para compañías vinculadas con los acusados.
Ese proceso de lavado con alcohol ha sido el más utilizado y el más eficiente durante las últimas tres décadas en Colombia para lavar el producto del narcotráfico. Las multinacionales de bebidas venden sus productos a varias compañías de las familias Mansur y Harms, involucradas desde Aruba en múltiples negocios.
Mansur Trading Company, que tiene ingresos de unos 100 millones de dólares al año, fue señalada en 1996 por el presidente de Estados Unidos como el mayor clan de lavado de la región por medio de la venta de cigarrillos Marlboro, licores, comestibles y las demás operaciones de la zona franca (Trading FreeZone) que controlan en la isla y a través de la cual llevan contenedores cargados de cocaína.
El Banco Interbank, que es también de su propiedad, es el epicentro de sus operaciones y tristemente su nombre apareció en la famosa conversación entre el candidato presidencial Ernesto Samper y “La Monita Retrechera” Elizabeth Montoya de Sarria.
Seagram, Diageo y Pernod Ricard también venden sus productos en Colombia a través de Romar Tradind FreeZone, de propiedad de Roy Milton Harms y su hijo Milton Harms Jr., conocido como Milton y El Gordo.
Romar Tradind FreeZone fue fundada en los 80 como parte de una red de empresas de lavado de dinero, que incluso actúa con organizaciones dedicadas al lavado en Venezuela como la Servio Tulio Ravén Guerra. Romar tiene sede en Aruba y cuentas en AB/Amro Bank de Orangestad, de Saint Maarten, Cuzarao y Miami, el Aruba Bank y el First National Bank de Aruba.
De la organización de los Harms hacen parte Etana Holding, Matsumoto Investment, Transportes y Fletes, Altamira, Investment, Distribuidora Caracas, Golden Eagle investments, Bercow Holding y Kuloff.
En las operaciones de lavado con dinero de narcos colombianos aparecen otras compañías de los hermanos Eric y Alex Mansur, acusados en Puerto Rico por lavado de dinero: Trading FreeZone, Manimex, Marlex, Transimex, Mitani, Runam Holdings, DoubleTree Investments, CardGame Ltda., Pin Point Holdings, Satuma Brands, y licores Aruba.
Por eso la acusación habla de un masivo y complejo sistema criminal de lavado de dinero a través de operaciones realizadas diariamente y a lo largo de dos décadas usando las bebidas alcohólicas de las mayores multinacionales del mundo en ese negocio.
Incluso empleados de las compañías acusadas (Seagram, Diageo y Pernod Ricard) han estado personalmente envueltos en procedimientos de lavado de dineros procedentes de ventas de narcóticos. En ciertas ocasiones, sus empleados personalmente viajaron a Colombia, ingresaron al país ilegalmente, hicieron transacciones con los distribuidores ilegales e incluso lograron que sus pasaportes no fueran sellados para que no se supiera que entraron al país.
Esos empleados recibieron grandes cantidades de efectivo. Llevaron también cheques desde Colombia y por Venezuela para transferirlos a cuentas de las compañías en Aruba. También se valieron esas compañías de empleados que supervisaron las operaciones en Estados Unidos, Panamá y Colombia.
Funcionarios de alto rango de Seagram, Diageo y Pernod Ricard viajaron a Aruba para entrevistarse cara a cara con conocidos y ‘peligrosos’ criminales, como dice la acusación, como Samuel Santander Lopesierra, Alfonso Fuminaya, Randolf Habibe, David Cybul y José Lopesierra con el propósito de discutir sus intercambios de venta de licor, incluso corriendo el riesgo de ser arrestados en esos procedimientos.
La organización liderada en Colombia por Samuel Santander Lopesierra, El Hombre Marlboro, utilizaba rutinariamente los barcos Renacer, Lady Caribe, Cacique y Santa Lucía para recoger los licores y llevar a puertos de Estados Unidos la droga a través de Aruba.
Las manos en la masa
Un hecho especial sucedió el 22 de febrero de 1994 cuando Milton Harms y Servio Tulio Raven Guerra regresaban de Maicao hacia Aruba con dinero procedente de sus negocios con los narcotraficantes colombianos. Se aprestaban a cruzar la frontera hacia Venezuela cuando fueron detenidos por la Guardia Nacional de ese país con 400.160 dólares y dos millones 600 mil bolívares en efectivo.
Fueron arrestados y conducidos a la cárcel por unos días, pero finalmente fueron liberados y regresaron a Aruba desde donde comenzaron las gestiones necesarias para recobrar su dinero, fruto, según la denuncia, de operaciones comerciales que alegaban como legítimas.
El ABN Amro de Aruba envió entonces al juez penal de Zulia una carta en la que demostraba la magnitud de las operaciones de Romar –la compañía de los Harms– por más de 50 millones de dólares sólo durante 1993, como para no dejar dudas.
Otro hecho puso en evidencia el contubernio. La compañía Satuma Brands fue creada por Diageo, Pernod Ricard y Seagran con sus coconspiradores en Aruba en mayo 20 de 1996 y uno de sus directores era José Fernando Lopesierra, hermano de El Hombre Marlboro. Los hermanos Lopesierra fueron capturados en 2002 en Barranquilla y enviados en extradición desde Colombia a Estados Unidos el 29 de agosto de 2003 para ser juzgados por narcotráfico.
Satuma estaba dedicada enteramente a las actividades de distribución ilegal de licores, incluyendo la recepción de narcóticos a cambio del licor de Diageo, Pernod Ricard y Seagram y a la ilegal distribución de sus productos en Colombia.
Una operación de las autoridades de Estados Unidos, la Golden Trash permitió a investigadores de ese país descubrir en Puerto Rico el modus operandi del lavado de los hermanos Mansur con sus transacciones de contrabando entre Aruba, Panamá y Colombia.
Cheques girados desde cuentas ‘engordadas’ en Puerto Rico con dineros del narcotráfico iban a parar a las cuentas de las empresas de los Harms y Mansur en el ABN Amro Bank en Aruba.
Colombia allegó un documento que es un acuerdo entre Transimex FreeZone N.V., compañía del grupo Mansur, con United Distillers, para recibir sus productos en Aruba y llevarlos a Colombia, según “instrucciones por escrito de la compañía”.
Todo ese engranaje hizo concluir a los investigadores y al Gobierno colombiano que los directivos y funcionarios de las tres licoreras multinacionales hacen parte del esquema criminal, lo mismo que sus estructuras corporativas y sus planes de negocios. Por eso la acción civil impetrada ante la Corte de Nueva York está basada en la violación de la famosa Acta Rico (Racketeer Influenced and Corrupt Organizationes Act) que busca que corporaciones de Estados Unidos no negocien con el crimen organizado, y menos que incurran en fraude, negligencia, enriquecimiento ilícito, entorpecimiento de la labor de las autoridades y conspiración delictual.
Dice la acusación que desde 1980 y hasta hoy las compañías multinacionales de licores y sus afiliadas realizaron acuerdos con distribuidores de Aruba, Panamá y Colombia para controlar los precios de los productos que ingresaban ilegalmente a Colombia, y al mismo tiempo financiaron grandes campañas comerciales para promover el consumo de sus productos en Colombia.
Adjunta, por ejemplo, una carta enviada el 31 de enero de 1991 por Kees Bouwkamp, de Seagram Overseas Sales Company (controlada por Diageo), a su distribuidor en Aruba diciéndole los precios y cantidades de Chivas Regal para entregar en Maicao a José Luis Iguarán, Samuel Lopesierra, Uriel Arcila, Lino Iguarán y Gaspar Lubo.
Bouwkamp es señalado como el hombre clave encargado de manejar las cuentas de Seagram para facilitar el intercambio con las organizaciones criminales colombianas. Son señalados también otros empleados de Seagram como Michael Misiorski, Daniel Koslovsky, Santiago Sablón, Silvio león, Jim Howie y Jerrold K. Milstead.
Se acusa a Diageo de mantener agentes en Colombia dedicados exclusivamente a promover publicitaria y comercialmente sus productos: Philip Lewis, René Scull, Luke Tegner, Gavin Germell, Chris Stokes, Martin Browne y Lorna Dunster.
Como aporte curioso en la demanda, Colombia cita el lobby que hace ante el Gobierno la Asociación Colombiana de Importadores de Licores y Vinos, Acodil, manejada por UDV/Rueda, que es una subsidiaria de Diageo en Colombia, en la que hacen una serie de requerimientos al Gobierno para crear la sostenibilidad de sus negocios en el país.
Mientras por un lado UDV/Rueda a través de Adocil busca con las autoridades colombianas y los gobernadores que se negocien mecanismos para acabar con el monopolio de la industria licorera nacional, por el otro acude a mecanismos de lavado de dinero para obtener beneficios por las ventajas competitivas sobre sus competidores (las licoreras nacionales).
Diageo emitió un corto comunicado cuando se conoció la demanda de Colombia, y sólo dijo que “está muy orgullosa de promover y vender responsablemente sus marcas en Colombia… y adhiere a las leyes y regulaciones de los países en los que nuestras marcas se venden”.

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