Sugieren nueva estructura de las fuerzas militares colombianas

Sugiere crear comandos conjuntos. También recomienda exigir mínimo grado noveno para ser soldado y comprar 24 helicópteros y 6 aviones fantasma.
«Tal vez el momento más crítico del cambio dentro de las Fuerzas Armadas está por llegar», dice la Fundación Seguridad y Democracia, y «si no se avanza pronto y deprisa» para completar su modernización «se corre el riesgo de desaprovechar todo lo conseguido hasta el momento».
Con esas palabras como punto de partida, el centro de investigaciones del conflicto en Colombia dirigido por el politólogo Alfredo Rangel, alerta sobre la necesidad de cumplir una serie de tareas que están pendientes para completar la reforma militar iniciada en el gobierno de Andrés Pastrana, según dice el documento.
«Es inquietante que a la fecha no se ha hecho un estudio serio para determinar cuál es la estructura de la fuerza real necesaria para enfrentar tanto el conflicto interno como la defensa externa de la nación», plantean.
El ensayo «Fuerzas Militares para la guerra: la agenda pendiente de la reforma militar» -recién publicado y del cual EL TIEMPO presenta sus principales apartes- propone un gran revolcón en la estructura de funcionamiento de las fuerzas.
Sugieren, por ejemplo, acabar con las casi 20 brigadas del Ejército que existen en el país, con las 6 divisiones, las fuerzas navales y los comandos aéreos, para reemplazarlos por 6 o más Comandos Unificados.
«La responsabilidad y el control de las operaciones militares deben recaer en fuerzas de tarea conjunta y no estar bajo el mando de una sola fuerza», dice el documento, escrito por el experto Andrés Villamizar.
Además de la necesidad de que las fuerzas se complementen, aprovechando al máximo las fortalezas de cada uno, la Fundación anota que una reforma en ese sentido hicieron las
Fuerzas Armadas de Estados Unidos en 1984.
Describen como sería todo el organigrama de los hombres dedicados a la guerra. En la cúpula estaría, no un general de tres soles como ahora, sino el único distinguido con cuatro soles.
A él le reportarían cada uno de los comandantes de los comandos conjuntos, que pertenecería a una de las fuerzas pero estaría «asesorado por un verdadero ‘staff’ conjunto». Es decir, por oficiales de las otras fuerzas.
«En el nivel estratégico, el comando y control sería ejercido por el Comando General de las Fuerzas Militares, del cual dependerían los seis o más comandos unificados.
«Y en el nivel táctico se crearían fuerzas de tarea conjuntas (FTC) integradas por efectivos de las tres fuerzas. Por ejemplo una FTC cuya misión sea capturar a los jefes de los grupos armados ilegales a la manera del Bloque de Búsqueda contra Pablo Escobar», anota el texto.
Alegan en el estudio que los proyectos de operación conjunta que hoy existen en Colombia no funcionan así. «Las pocas unidades conjuntas, tales como el Comando Específico de Oriente y la Fuerza de Tarea Conjunta del Sur, han dejado de depender del Comando General y ahora dependen del Ejército» y que el Comando Específico de San Andrés y Providencia depende de la Armada, y la Fuerza de Despliegue Rápido, del Ejército.
Y concluyen ese capítulo diciendo: «Las Fuerzas Militares de Colombia, al igual que la mayoría de organizaciones militares de otros países, hablan mucho de operaciones conjuntas pero realizan pocas».
Otros tres desafíos
Pero ese, el de fuerzas conjuntas, es apenas uno de los cuatro desafíos que plantea el estudio. Los otros tres se refieren a mejorar la capacidad aérea, completar la profesionalización de los soldados que «está a medias» y hacer un cambio doctrinario.
En cuanto a la profesionalización advierten dos problemas: uno que al sustituir soldados bachilleres por soldados profesionales, se está reemplazando pie de fuerza relativamente bien calificado por muchachos que generalmente no superan la primaria. Cada vez menos los miembros de las clases más pudientes dejan de prestar su servicio y eso, dice la Fundación Seguridad y Democracia, distorsiona aún más la distribución de responsabilidades de la sociedad frente al conflicto armado.
Hoy hay cerca de 60.000 soldados e infantes de marina profesionales, 100.000 soldados e infantes regulares -conscriptos- y menos de 3.000 bachilleres.
De otro lado, los soldados profesionales, si bien ganan un sueldo básico (de 1,3 salarios mínimos), cuentan con un régimen de salud y de pensiones, en definitiva, dice el estudio, no cuentan con una verdadera perspectiva profesional porque con muy contadas excepciones no pueden ascender a los grados superiores.
La Fundación sugiere unificar las condiciones y requisitos de ingreso para soldados (que hoy entran con quinto de primaria) y suboficiales (que hoy entran si aprueban el grado 11), y exigirles a todos un mínimo de noveno grado.
Asimismo, ampliar el tiempo mínimo de servicio a cinco años, para que la inversión valga la pena, pues hoy en promedio duran dos. Y que los soldados profesionales -como les sucede hoy a los suboficiales- puedan ascender. Capacidad aérea
En cuanto al tercer desafío, el estudio plantea que «La principal limitación sigue siendo la incapacidad de las Fuerzas Militares de transportar más de una compañía de contraguerrillas -unos 75 soldados- debido al reducido número de helicópteros con los que cuenta cada comandante».
Esto, dicen, ha producido serios problemas en operaciones como Dabeiba y San Juanito, donde la primera oleada desembarcada ha sido copada y aniquilada.
La solución, según el análisis, es que cada comandante de división (o su correspondiente Comando Unificado en lo que sería la reforma) pueda transportar al menos un batallón de manera inmediata.
Se necesitan para cada comando unificado: 14 helicópteros de transporte UH-60 (o Blackhawk o equivalente), cinco artillados (Arpía o Rapaz) para proteger a las de transporte, dos de reconocimiento (MD-500 o similar), 4 aviones A-37, OV-10, Tucano o equivalente y dos AC-47 o avión fantasma.
Si son seis los comandos unificados, solo sería necesario complementar la flotilla que se tiene con 24 helicópteros de transporte y 6 aviones fantasma.
La cuarta y última tarea para completar la reforma militar sería las reformas a la doctrina, que tienen hoy como principal falencia, según la fundación que dirige Alfredo Rangel, la falta de una verdadera doctrina de operaciones conjuntas.
«Es necesario que las Fuerzas Militares peleen la misma guerra, de manera coordinada e integrada», anotan.
«Si se quiere ir más allá de la fase de contención de la guerrilla, que es, por definición defensiva, y ascender a una fase de ofensiva estratégica que cambié de manera radical y pronto el equilibrio de fuerzas y la dinámica de la confrontación a favor del Estado, es necesario realizar cambios profundos en la manera de operar de las Fuerzas Militares y adecuar su estructura organizacional», concluye Rangel.
14-12-2003 | ‘Caída histórica del homicidio’
Si en los próximos 20 días se mantiene la tendencia de la criminalidad en el país, el año 2003 pasará a la historia como el de menos muertes violentas en los últimos 16 años.
Durante lo corrido del año, se han presentado 50 homicidios por cada cien mil habitantes, una tasa solo superada, por lo bajo, por los 48 colombianos muertos por cada cien mil en 1986.
Esa es una de las conclusiones más importantes del más reciente informe de la Fundación Seguridad y Democracia, dirigida por el politólogo Alfredo Rangel, en el que se hace un balance crítico de la situación del conflicto armado y de la seguridad del país durante el año que termina.
El informe llama la atención sobre el peso que tuvo Medellín y su Área Metropolitana en la reducción de asesinatos. De los 5.949 asesinatos menos que se registraron en el país, el 30 por ciento correspondió a Medellín.
Cabe anotar que ha sido en esa ciudad donde se ha dado con mayor intensidad, durante el 2003, el proceso de negociación con los grupos de Autodefensa.
Otro de los aspectos positivos que destaca el informe es la reducción del secuestro. En el 2003 ocurrieron 2.145 raptos, 841 menos que en el 2002, aunque el promedio de rescates permanece estable: uno por cada cinco plagios.
Y que asimismo se redujo el desplazamiento forzado. Pues según las cifras de la Red de Solidaridad Social, 156.188 personas fueron sacadas de sus tierras por la fuerza, un 41 por ciento menos que los 378.479 del 2002.
Frente a esos resultados alentadores en materia de seguridad ciudadana, la Fundación muestra también cómo el conflicto armado se ha recrudecido.
Respecto al combate a los grupos alzados en armas, resalta el aumento de los combates por iniciativa de la Fuerza Pública. Este año, se presentaron un promedio de 6,3 por día, para un total de 2.312 confrontaciones, es decir 73 por ciento más que los del 2002.
El informe anota que este crecimiento se debió, en gran medida, a las operaciones posteriores al fin de la denominada zona de distensión, lo que implicó la movilización de gran cantidad de tropa a departamentos como Caquetá y Meta.
Sin embargo, explican, supera en seis veces lo ocurrido en 1991 tras la toma de Casa Verde y en cuatro veces el promedio diario de combates registrado en 1993, año en que se rompieron los diálogos de Tlaxcala.
Un dato significativo es que se duplicaron del 2002 al 2003 el número de guerrilleros y paramilitares muertos en combate cada día -de 3,8 a 8,2-. A noviembre de este año habían muerto 2.980 miembros de estos grupos.
Y en una tendencia inversa se han disminuido el número de bajas de los militares en combate. Mientras en el 2002 registraban 2 bajas por cada 10 combates, en el 2003 la proporción es de 1 muerto por cada 16 enfrentamientos.
No obstante, la Fundación advierte que estas cifras solo pueden tomarse como un indicador del aumento de la «letalidad» de los combates de la Fuerza Pública, y no como señal de que alguno de los bandos esté ganando o perdiendo la guerra.
Entre otras, si se tiene en cuenta que sin tener en cuenta los militares muertos por minas antipersonales, los grupos irregulares aumentaron en 24 por ciento sus ataques a la Fuerza Pública, de 648 en el 2002 a 801 en el 2003.
Frente a los ataques contra la económica nacional, el informe afirma que el 70 por ciento de los ocurridos durante este año fueron dirigidos contra la infraestructura petrolera -118-, mientras que el año anterior se presentaron 74.
Llama la atención que en el 2003 el oleoducto Trasandino fue atacado 68 veces, mientras que el Caño Limón-Coveñas solo sufrió 33 atentados. Esto, explica el informe, se podría deber al aumento de la vigilancia del Cañón Limón, que cuenta con el apoyo militar y económico de Estados Unidos, y a que las Farc habrían comenzado a atacar el Trasandino como retaliación a los golpes recibidos en Putumayo.
Un último dato tiene que ver con los retenes ilegales que aumentaron en 90 por ciento (325 en el 2003 y 191 en el 2002), sin embargo su impacto parece ser menor porque en vista de la vigilancia dedicada a las vías principales, los guerrilleros se concentraron en carreteras secundarias.
Finalmente, la Fundación Seguridad y Democracia afirma que la puesta en marcha de la Política de Seguridad Democrática del gobierno Uribe ha mejorado sustancialmente la percepción de seguridad dentro de la ciudadanía, la cual es respaldada en la evolución positiva de muchos indicadores.
El análisis está basado en los datos suministrados, no solo por la Fuerza Pública, sino por organizaciones no gubernamentales, el Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia y una red de información de emisoras y de prensa local y nacional.

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