El fiscal ambiental Danilo Anderson, encargado de los procesos contra líderes opositores que participaron en el golpe de estado de abril de 2002, murió al estallar una bomba que fue colocada en su camioneta.
El ministro del Interior y Justicia de Venezuela, Jesse Chacón, confirmó la identidad de la víctima y aseguró que no tiene «ninguna duda» de que se trata de un atentado.
En tanto, el fiscal general de Venezuela, Isaías Rodríguez, dijo que «este es un acto de violencia desesperada, con todas las características de un terrorismo con el cual se quiere intimidar al Ministerio Público para que no se continúe con algunas investigaciones que pudieran establecer responsables».
«Sin particularizar, yo creo que esos intereses son los que pudieran estar detrás de este acto», dijo Rodríguez.
Por su parte, el vicepresidente de Venezuela, José Vicente Rangel, subrayó que «este asesinato infame debe producir un deslinde absoluto y total con cualquier expresión de la violencia y del terrorismo».
Sociedad polarizada
Anderson encabezaba la investigación del golpe de estado contra el actual presidente Hugo Chávez, que durante dos días rompió la continuidad institucional en el país.
Este es un acto de violencia desesperada, con todas las características de un terrorismo con el cual se quiere intimidar al Ministerio Público
Isaías Rodríguez, fiscal general de Venezuela
En aquel momento, asumió como presidente interino el dirigente empresarial y líder de la oposición -ahora en el exilio- Pedro Carmona.
Chávez y la opositora Coordinadora Democrática han protagonizado una encarnizada lucha política en los últimos años, que, aunque zanjada en favor del presidente con el referendo revocatorio de agosto pasado, aún mantiene polarizada a la sociedad venezolana.
Tras conocerse el atentado, varios integrantes de la oposición repudiaron el hecho y dijeron que este era un momento para sumarse a la condena.
«No es esta la forma con la cual se debe combatir al presidente Chávez», señaló un dirigente opositor.
En un comunicado el Centro Carter – que actuó como observador internacional en el referendo ganado por Chávez en agosto – condenó el atentado y se «unió al rechazo expresado por los actores políticos y la ciudadanía venezolana, ante cualquier hecho de fuerza que ponga en peligro la paz y la integridad de sus ciudadanos».
El suceso provocó la suspensión del viaje que Hugo Chávez debía realizar este viernes a Costa Rica para participar en una cumbre iberoamericana.