Gobierno argentino eleva gastos en inteligencia

Gerardo Young.
gyoung@clarin.com
Para el 2005 los espías argentinos pueden esperar un buen año. Es lo que promete para ellos el Presupuesto que esta semana se aprobará en el Congreso, de donde surge que el Gobierno prevé gastar un 13,2 por ciento más en sueldos y operaciones de Inteligencia. En total serán 404 millones de pesos, repartidos entre la SIDE, las fuerzas de seguridad y también las Fuerzas Armadas, que desde el retorno democrático nunca habían tenido tanta plata para Inteligencia.
Los números de este aumento son observados en la Comisión Bicameral que creó el Congreso para controlar al sistema nacional de Inteligencia. Comisión que, por otra parte, no quedó afuera de la bonanza del espionaje: duplicó su propio presupuesto para el próximo año, en el que proyecta gastar 3,6 millones de pesos. Es decir, 300 mil por mes para 14 legisladores y sus asesores.
¿Por qué tantos aumentos?
En el Gobierno y en la Comisión Bicameral tienen un argumento: la decisión de fomentar la inteligencia criminal preventiva ante la escalada de la inseguridad. Para eso proyectan poner en marcha la Dirección de Inteligencia Criminal, un organismo creado dentro de la Ley de Inteligencia sancionada en diciembre del 2001, pero que hasta ahora fue sólo una promesa. En esa Dirección se concentra, cierto, buena parte de los aumentos en Inteligencia.
Dependiente del secretario de Seguridad, Alberto Iribarne, la Dirección de Inteligencia Criminal consiguió un presupuesto de 23.800.544 pesos para su puesta en marcha. De esa cantidad, algo más de ocho millones serán gastos reservados o secretos a la firma del propio Iribarne, un funcionario de historia duhaldista que llegó al Gobierno de la mano de Alberto Fernández, el jefe de Gabinete.
La Dirección tiene por misión la coordinación de los trabajos de Inteligencia de las fuerzas de seguridad nacionales: Policía Federal, Prefectura y Gendarmería. Pero también está previsto —según fuentes del área— que haga investigaciones a pedidos de la Justicia y operaciones de Inteligencia definidas por Iribarne. En sigilo, el plan apunta a la formación de un equipo de 200 o 300 especialistas en recabar y analizar información, y también prometen concretar el siempre anunciado —pero nunca logrado— mapa del delito. Plata no faltará.
La creación de esa Dirección parece haber afectado el enorme presupuesto que tiene para inteligencia la Policía Federal, que bajará en un millón de pesos, para rozar los 23 millones. No movió al de la Prefectura, que sigue siendo de más de cinco millones al año, y menos al de la Gendarmería, la fuerza preferida de Néstor Kirchner, que en el 2004 no tenía presupuesto previsto para inteligencia y para el próximo año tendrá asignados 12 millones. Aunque fuentes de esa fuerza explicaron que la asignación cero del 2004 fue «un error del presupuesto», lo cierto es que —blanqueados o no— ahora dispondrán de 12 millones que no deberán justificar más que como una asignación hacia su personal de inteligencia.
Es que los fondos de las fuerzas de seguridad —como también los de las Fuerzas Armadas— no son en verdad fondos reservados, como por ejemplo los de la SIDE. En realidad, se suponen sueldos para sus agentes secretos. Lo reservado, en estos casos, no es el destino sino el nombre real de la persona que lo cobra: se le asigna un número de legajo al agente y una firma de ese agente aceptando su salario.
¿Cómo controlar que esa plata efectivamente vaya a parar a sueldos y no a otro destino? En la Comisión Bicameral sostienen que se puede hacer un monitoreo matemático. Tantos fondos para sueldos secretos, suponen tantos agentes. Claro que esa cifra no puede ser «ilógica».
La Policía Federal, por ejemplo, aseguró en diciembre pasado —dentro un expediente en manos del juez Rodolfo Canicoba Corral— que tienen cerca de 1.500 agentes de Inteligencia. De ser cierta esa cifra, implicaría que más del cuatro por ciento de la Federal —tiene 36 mil efectivos— está formado por «plumas», como se les dice allí a los espías.
Pero los cálculos se hacen más inquietantes al analizar los gastos de inteligencia de las Fuerzas Armadas, que serán récord desde el retorno democrático del 83 y que, desde hace días, estarán coordinados por un civil, Luis Uriondo.
Salvo los tres millones asignados al Ministerio de Defensa —que sí son gastos reservados, se presume que para operaciones confidenciales—, la plata de Inteligencia asignada al Ejército (casi 59 millones), a la Armada (18 millones) y a la Fuerza Aérea (casi 19 millones), se suponen para sueldos de sus agentes de espionaje, según la letra fría del proyecto presupuestario del 2005.
Lo concreto es que entre las tres Fuerzas Armadas gastarán cerca de 96 millones de pesos sólo en eso: sueldos de Inteligencia. Una cifra que supera a la de la propia SIDE, donde declaran pagar 78.917.490 pesos en sueldos. Si la SIDE, como se dice extraoficialmente, tiene cerca de 2.500 agentes, ¿cuántos tiene la inteligencia militar? ¿Acaso más de tres mil? ¿Y qué hacen?
La Ley nacional de Inteligencia es clara en ese punto. Las Fuerzas Armadas deben producir «inteligencia estratégica militar» e «inteligencia táctica necesarias para el planeamiento y conducción de operaciones militares y de la inteligencia técnica específica». Ante la consulta de Clarín, fuentes del sector dieron un solo ejemplo de qué tipo de tareas realizan: la inspección de Haití previa al viaje del contingente militar a esa convulsionada isla del Caribe.
En diciembre del 2003, un perito de la Corte Suprema, Alfredo Popritkin, fue hasta la Jefatura de Inteligencia del Ejército para consultar sobre el uso de sus fondos secretos, para una investigación que llevaba el juez Canicoba Corral. La respuesta que recibió lo azoró: el Ejército manda quemar todos los comprobantes de sus fondos reservados.

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