Preso en Medellín editor de libros piratas

El pasado miércoles, a las 9:00 a.m., 10 policías irrumpieron en una bodega del barrio Boston de Medellín. Su propietario, Carlos Arredondo Araque, alcanzó a pensar que la ventana era su única posibilidad de escape, pero a última hora le dio miedo y prefirió levantar los brazos en señal de rendición. “Ustedes ahora sí me acabaron”, atinó a decir Arredondo cuando los agentes le dijeron que quedaba detenido.
Arredondo y dos empleados se encontraban trabajando a toda marcha en la impresión de obras literarias recientes: 1.400 ejemplares y 1.200 carátulas de la última novela de Gabriel García Márquez, Memoria de mis putas tristes, y 4.200 ejemplares de El Código Da Vinci; Gabo y Fidel; Rosario Tijeras; Sin Tregua, Mi confesión y La horrible noche, entre otras.
Los agentes le comunicaron que la imprenta donde cada mes imprimía en forma clandestina entre 5.000 y 7.000 libros, quedaba bajo custodia de las autoridades y, luego, rumbo a la cárcel le informaron que a esa misma hora estaba siendo allanada otra empresa suya dedicada al mismo negocio pirata. Era el fin del pirata de libros más grande del país.
De los 52.000 libros decomisados, el 80% corresponde a dos talleres de Medellín.
La Policía llevaba tiempo siguiéndole la pista, alarmada por la proliferación de publicaciones piratas en las calles y convencida de que Medellín era el epicentro de esa industria ilegal. Este año, antes del golpe a Arredondo, los hombres del grupo de Delitos Especiales de la Dijin, además de una imprenta en Bogotá, ya habían allanado seis imprentas en Medellín, y de los 52.000 libros piratas decomisados, 40.000, es decir el 80%, provenían de dos talleres de la capital antioqueña. “Tan solo en 2003 el fraude con ediciones fue de 14.000 millones de pesos –dijo el coronel Oscar Naranjo, director de la Dijin–. Fue una investigación de dos meses en la que pudimos establecer quién estaba detrás de semejante negocio”.
Vuelve y juega
Arredondo y su familia no calcularon que la Policía podía caerles, porque ocho meses atrás, capturado por la Policía de Medellín por piratería, fue dejado en libertad pocas horas después porque, según el Código Penal, ese delito es excarcelable. No obstante, en esta oportunidad la Fiscalía intentará procesarlo por reincidente y porque no ha podido explicar de dónde obtuvo los discos con los textos de los libros que luego pirateaba. “Las sanciones penales para este tipo de delito son irrisorias –asegura Luz Miriam Montañez, coordinadora de la Unidad de Derechos de Autor y Propiedad Intelectual de la Fiscalía–. Los códigos son tan benignos que los fiscales no pueden dictarles medida de aseguramiento a los piratas que son cogidos con las manos en la masa”.
Tras su captura, se supo que Carlos Arredondo, a mediados de julio, intentó dejar el negocio y pasar a la legalidad y que envió mensajes a la Cámara Colombiana del Libro para proponer que algunas editoriales contrataran los servicios de sus dos imprentas. “Su idea no tuvo eco puesto que nosotros no agrupamos al sector de impresores de libros –explicó Manuel Sarmiento, director de antipiratería de la entidad–. Nos ocupamos de defender los intereses de editores, distribuidores y de un pequeño grupo de libreros”.
Si bien las autoridades han emprendido una lucha frontal contra la piratería, es necesario fortalecer las penas para quienes comenten un delito que incluye la producción y distribución de material fonográfico, de video y de software. Pero también es fundamental que los colombianos entiendan que comprar productos piratas atenta contra un industria legal que genera empleo y paga impuestos.
Endurecer la ley
El senador Mauricio Pimiento presentó un proyecto de ley para modificar los artículos 271 y 272 del Código Penal y aumentar las penas por piratería de cuatro a ocho años. Hoy la pena es entre dos y cinco años, lo cual lo convierte en un delito excarcelable.
“La piratería ha aumentado en Colombia de forma excepcional por la laxitud de las leyes –asegura el congresista-. Hasta el momento, en la historia del país nadie ha estado en prisión durante buen un tiempo por este delito. Lo que pretende el proyecto de ley, que está listo para primer debate en la comisión primera del Senado, es poner tras las rejas a las mafias que hay detrás y no a los vendedores ambulantes, que son apenas un pequeño eslabón de la cadena”

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