Bogotá. El grupo guerrillero del Ejército de Liberación Nacional (ELN) aseguró que el gobierno del presidente de Colombia, Alvaro Uribe, ha puesto condiciones que dificultan la tarea de facilitación entre ambas partes asumida por el embajador mexicano Andrés Valencia.
El Ejecutivo ha supeditado la gestión de Valencia a que el ELN declare un cese unilateral de hostilidades y la guerrilla se reúna con el facilitador en la Embajada de México en Bogotá, precisó el segundo al mando del grupo, Antonio García, apuntó Efe.
Para García, «el embajador Valencia adelanta una gestión de facilitación, para lo cual debe intercambiar opiniones tanto con el Gobierno como con el ELN».
«Por esta razón, el Comando Central le hizo una invitación al embajador para reunirnos», recordó el líder insurgente y subrayó que propusieron hacer el encuentro en el exterior para «evitarle incomodidades al Gobierno colombiano».
«El ELN no ha cambiado en nada sus propuestas, sólo que no coinciden con las del Gobierno. Para eso es la gestión del facilitador», afirmó García, quien consideró que «lo que sí ha cambiado es que el Gobierno coloca condiciones para que el Comando Central pueda hablar con el facilitador». Destacó que no existe un preacuerdo entre México y el ELN.
El grupo rebelde defiende que un eventual acercamiento con el Ejecutivo tenga como partida un acuerdo humanitario que incluya un consenso sobre la limitación del uso de minas y artefactos explosivos, una amnistía general para presos políticos y prisioneros de guerra, y un cese el fuego bilateral y temporal.
Revisión de indultos
Ministerio Público.
El procurador general de Colombia, Edgardo Maya, anunció que revisará los indultos otorgados a 163 paramilitares del Bloque Cacique Nutibara de las AUC, desmovilizados el 25 de noviembre de 2003, que tienen cuentas pendientes por secuestro y desaparición forzada.
Naciones Unidas.
La ONU reclamó del Gobierno y el Congreso colombianos celeridad en la aprobación de un marco jurídico apropiado para los paramilitares desmovilizados.
Congreso colombiano.
El Gobierno presentará un proyecto de ley en el que se prevé que los paramilitares involucrados en delitos atroces paguen hasta un máximo de diez años de prisión. Los rebeldes que sean hallados culpables serán detenidos en las zonas de desmovilización.
