Nelson Werney Castañeda Martínez, un vendedor conectado con el bajo mundo, es el testigo estrella de la Fiscalía en el Tolima, pues gracias a su colaboración se esclarecieron tres sonados casos de homicidio: dos en Ibagué, el del coronel Gabriel Caldas, jefe de seguridad de Cemex, y el de Gabriel Sánchez, rector del colegio militar Inocencio Chincá; y otro en Melgar, el del ex oficial Hipólito Murillo. No menos de 15 personas vinculadas a una racha criminal han sido detenidas en los últimos dos años.
Castañeda, de 29 años, ha superado varias pruebas de credibilidad, a pesar de que abogados de la contraparte han intentado, sin éxito, demostrar que es uno de esos que se venden al mejor postor. Pasó una prueba siquiátrica de Medicina Legal; el teniente de la Policía John Jairo Arellano, experto en investigación de perfiles de informantes, lo calificó como un testigo confiable, y fiscales e investigadores han dicho que su información les ha permitido sacar del limbo procesos complejos.
Ahora, un testimonio de Castañeda le da un nuevo giro al proceso penal que sigue la fiscalía 23 de la Unidad de Vida de Bogotá por el homicidio de Félix Eduardo Martínez, un respetado veedor ciudadano de Ibagué, asesinado el 19 de enero de 2003, cuando llegaba en un taxi a su casa. El 7 de diciembre, el fiscal ordenó la detención preventiva de Mario Rodríguez Padilla, padre del ex alcalde de Ibagué Jorge Tulio Rodríguez Díaz, tras oír a varios testigos –entre ellos Castañeda–, según los cuales el asesinato de Martínez fue planeado en una reunión en una finca de Venadillo, a la que habría asistido el padre del ex alcalde.
Versión del atentado
La versión de Castañeda y otros testigos indica que Rodríguez Padilla quería tomar represalias contra el veedor por sus sistemáticas denuncias sobre el posible aprovechamiento ilícito que la familia del alcalde sacaba de contratos con la administración.
Pocos días antes de su muerte, Martínez, vicepresidente de la veeduría Revisar, divulgó documentos según los cuales el entonces alcalde Rodríguez Díaz usó su influencia para que Interaseo del Sur S. A. –concesionaria de un millonario contrato de servicios públicos–, alquilara vehículos y equipos de propiedad de su padre. Además de esto, el veedor venía haciendo seguimiento de las denuncias publicadas por CAMBIO sobre el crecimiento patrimonial del mandatario, que llegó al cargo lleno de deudas y al mes de posesionado, tenía una mansión en la zona de Picaleña. También había enviado una carta al Ministerio del Interior en la que informaba sobre las amenazas que recibía del Alcalde y de su padre, e instruyó a sus colaboradores más cercanos para que la hicieran pública en caso de que algo le ocurriera.
«Mi declaración me puede costar la vida, pero la hago porque quiero colaborar con la justicia.» Nelson W.Castañeda, testigo
La Fiscalía consideró indicio grave el hecho de que los testigos afirmaran que el propio Mario Rodríguez contactó a una de las más temidas bandas de sicarios de Ibagué para encomendarle “el trabajo”. Según ellos, el contacto lo hizo a través de Jaime Castillo, y la reunión se dio en la finca de un hombre llamado Jersail. La ejecución del atentado habría quedado en manos de pistoleros que fueron llevados a Ibagué desde el Eje Cafetero, pues miembros de la banda contratada inicialmente fueron detenidos por porte ilegal de armas. Castañeda estuvo privado de la libertad algunas horas con ellos, circunstancia que la Fiscalía considera prueba de que el testigo conocía los movimientos de la banda.
Además de la detención de Mario Rodríguez, la Fiscalía ordenó practicar nuevas pruebas por petición de José Iván Ramírez Suárez, abogado de la familia del veedor, empeñado en probar que el crimen fue producto de una decisión familiar. Aunque la Fiscalía dispuso mantener vinculado al proceso al ex mandatario Rodríguez, recientemente se abstuvo de dictarle medida de aseguramiento, por falta de pruebas.
Ramírez Suárez, que logró que el proceso fuera trasladado de Ibagué a Bogotá para ponerlo a salvo de posibles presiones políticas, está convencido de que la muerte del veedor Martínez fue consecuencia de las denuncias de corrupción contra Rodríguez, su padre y su hermano Mario.
El martes pasado, notificado de la decisión, el apoderado del ex alcalde y de su padre, Orlando Arciniegas Lagos, cuestionó la determinación de la Fiscalía y la atribuyó a las presiones que el organismo ha recibido de la opinión pública. “El caso ya ha sido atendido por tres fiscales, tiene 14 cuadernos de 500 folios y cumple dos años –asegura Arciniegas–. Entonces la Fiscalía tiene que mostrar algún resultado”. El penalista, que apelará la decisión, asegura que podrá demostrar que ni el ex alcalde, ni su padre, ni otro miembro de la familia están involucrados en la muerte del veedor Martínez.
Hasta el pasado fin de semana, el encarcelamiento del padre del ex alcalde no se había hecho efectivo mientras se certificaba si es verdad o no que el sindicado sufre problemas de páncreas y de la columna. Mientras tanto, el testigo estrella pidió protección. “Creo que mi declaración me puede costar la vida, pero la hago porque quiero colaborar con la justicia”, le dijo al fiscal que le oyó en declaración.
En 24 meses han sido asesinados 12 vee- dores, y el caso de Félix Eduardo Martínez es el primero que tiene orden de captura contra el presunto autor intelectual. Pero, aparte de que la medida será apelada, también cabe la posibilidad de que pidan control excepcional de legalidad antes de que el proceso pase a la etapa de juzgamiento de- finitivo.
El testimonio central
Nelson Werney Castañeda es el principal testigo de la Fiscalía en el asesinato del veedor Félix Eduardo Martínez. Apartes de su versión:
“Jaír Benavides, Pedro –el jefe de la banda–, don Jaime Castillo y un señor Mario, no recuerdo bien si era Ramírez o Rodríguez, se reunieron en Venadillo y entonces llamaron a un señor que es primo de Pedro. Él fue el que trajo a unos muchachos de Armenia o de Pereira. La última vez que vi a esta persona, andaba en un carro Mazda 929, verde oscurito. Después estaban comentando la reunión en un negocio cerca al estadio, donde nos reuníamos cada vez que jugaba el Tolima. Pedro le decía a Jaír: ‘Marica, usted no sabe quién es ese Mario… ese no es ningún pobretón, ese es el papá del Alcalde’”.
“Preguntado: ¿Por algún medio se enteró usted de que finalmente hubieran dado muerte al abogado y recuerda la fecha? Contestó: Sí, lo supe por la prensa. A ese señor lo mataron a los poquitos días de haber salido nosotros –se refiere al incidente de la retención por porte ilegal de armas–, no recuerdo bien si fue el 15 de enero o el 16 que salimos, pero lo que sí recuerdo es que nosotros salimos y en esos mismos días fue que mataron al abogado”.
