Con menos de un año en vigencia, la Ley de Desarme de Brasil ya tuvo efectos sorprendentes en uno de los países más violentos del mundo: una caída entre 10% y 27% en la tasa de homicidios con arma de fuego, la principal causa de muerte de hombres de entre 15 y 25 años. Un resultado exitoso por donde se lo mire, aseguran las autoridades.
La clave de la ley ha sido la campaña de desarme a través de la cual el Gobierno paga entre 40 y 100 dólares a cada persona que quiera deshacerse de un arma. Lanzado tímidamente en julio de este año, el canje superó velozmente las expectativas oficiales, en gran parte gracias a la decidida iniciativa femenina: la Policía Federal confirma que esposas, novias, madres, suegras y abuelas fueron las participantes más entusiastas, y las que a cualquier hora se aparecen en las comisarías de todo el país para reclamar sus indemnizaciones a cambio de, sobre todo, revólveres de diversos calibres.
Sólo en Sao Paulo, la ciudad más grande de América del Sur, los homicidios por armas de fuego se redujeron 18% en los primeros nueves meses de 2004, en comparación con el mismo periodo del año anterior. Es decir, aproximadamente 6.800 muertes en 2004 frente a 9.485 de 2003. Y eso sólo en Sao Paulo, ya que en ciudades donde el programa de canje de armas se aplicaba con el control de las autoridades municipales los números son aún más expresivos.
Por ejemplo, en Curitiba, capital del sureño estado de Paraná, las autoridades confirman una baja de 27% en los homicidios por arma de fuego; en Maringa, en la misma entidad, la caída fue de 30% .
En seis meses, el Ministerio de Justicia brasileño recogió –hasta finales de noviembre– más de 191 mil armas en todo el país. Los estados que más contribuyeron a la campaña fueron dos de los más violentos, Sao Paulo y Río de Janeiro, en los cuales se recolectó 40,5% del total.
“La población está más consciente y no entrega las armas sólo para recibir el dinero; muchos saben que tener un arma es peligroso.
El hecho de que 2.630 personas hayan dejado de morir de enero a septiembre de 2004 ya es un dato significativo, pero aún falta mucho por hacer”, dijo a periodistas el secretario ejecutivo de Soy de Paz, una organización no gubernamental que busca la reducción de las muertes violentas en el país.
El gobierno de Lula da Silva dispuso un fondo total de 30 millones de reales (cerca de 11 millones de dólares), de los cuales ya se han gastado aproximadamente 5 millones de dólares. Y aunque la campaña de desarme y leyes más restrictivas al porte de armas, no sean la panacea para una sociedad con tan altos índices de violencia, las autoridades aseguran que son el mejor comienzo posible.
Brasil registró más de 40.000 homicidios en 2003, y, según la Unesco, ocupa el quinto lugar mundial (después de Venezuela) en muertes por armas de fuego de personas de entre 15 y 24 años, en un ranking que encabeza Colombia.
Los fallecimientos de jóvenes representan 75% de los asesinatos violentos que se contabilizan en el territorio brasileño.
“Hemos visto un incremento del uso de armas de fuego en casos de violencia doméstica y de tránsito; muchas personas llegan a ser criminales sólo porque tienen un arma al alcance de la mano en un momento de tensión. Por eso queremos tener un registro de quienes poseen armas en sus casas y restringir al máximo el porte”, dijo recientemente el viceministro de Justicia brasileño, Luis Ferreira Barreto.
Con la nueva ley de desarme, en el gigante suramericano también están prohibidas la producción y el comercio de armas de juguete, que podrían ser confundidas con las verdaderas. Aún así, este país es el mayor exportador de revólveres de América, y han sido precisamente las fabricantes de armas las más reacias a la nueva legislación, que establece que en octubre de 2005 se celebrará un plebiscito nacional en el cual los ciudadanos decidirán si se prohíbe totalmente el porte de armas de fuego y municiones por parte de los civiles.
“Un programa de desarme como el brasileño es perfectamente aplicable en Venezuela, como lo será en Argentina, siempre que haya voluntad política para hacerlo.
Porque los recursos financieros no son muy altos y la logística policial se puede adaptar para implementarlo”, dijo el viceministro de Justicia.
