18% de las AUC se desmovilizó en 2004

Bogotá.- Los paramilitares colombianos, que desmovilizaron cerca de 18% de su fuerza en el último año, dijeron que concluyó el desarme sin condiciones y que en adelante la entrega de combatientes queda sujeta a una serie de contraprestaciones, especialmente en materia jurídica.
Carlos Alonso Lucio, asesor de los paramilitares en el proceso de paz con el gobierno, dijo este miércoles que la postura de los grupos de extrema derecha se fundamenta en la necesidad de que haya un marco jurídico para el diálogo que permita avanzar en la desmovilización de unos 20.000 hombres antes de 2006.
“Sabemos que hay dos proyectos de ley sobre este tema. Queremos saber qué va a pasar con los hombres y mujeres que se desmovilicen para que la reinserción avance”, señaló Lucio, y agregó que también se requiere ofrecer a los ex combatientes alternativas de trabajo de mayor duración.
El senador conservador Carlos Moreno de Caro, impulsor del plan de paz, aseguró este miércoles que los jefes paramilitares le aclararon telefónicamente la víspera que no están condicionando el desarme aunque sí están preocupados por el tema jurídico, las propuestas al respecto y los pedidos de extradición de Estados Unidos por narcotráfico.
“Les preocupa el proyecto de verdad, justicia y reparación porque los enemigos que están incrustados en el gobierno y en el Congreso quieren colocar unas penas (muy altas) que no se pueden cumplir”, dijo el legislador, quien aseguró que los paramilitares “no se oponen a pagar una pena” y “de hecho están dispuestos” a hacerlo.
“Lo que no quieren es que sea algo tan utópico que algunos se nieguen”, anotó, y subrayó que los jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) “tampoco están dispuestos a que los extraditen”.
“Pero esto último está más o menos solucionado. (El presidente de Estados Unidos, George W.) Bush está incluso mandando platica. Es que justicia no significa necesariamente cárcel”, aseveró.
Moreno de Caro recordó que un proyecto de ley que el gobierno presentará al Congreso el año entrante prevé una pena máxima de 10 años de cárcel para los delitos atroces —no indultables— pero que algunos parlamentarios sugieren que sea hasta de 25 años.
AFP

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