Tribunales especiales

La institución de tribunales especiales para ventilar casos de terrorismo en principio luce muy atractiva. En ellos se supone que magistrados especializados en la materia podrían instruir o controlar la instrucción de casos que aparentemente se refieren a delitos de ese tipo, para llegar a decisiones justas y oportunas en las que se imponga el imperio de la ley.
Se supone, además, que en esos tribunales estarían jueces que solamente conocerían asuntos de terrorismo. No valdría la pena que funcionarios tan especializados e importantes distrajeran sus energías analizando los expedientes de ladrones de gallinas y pandilleros. Serían, pues, unos “superjueces”. Debido a la naturaleza de los delitos que deben tratar, sobre ellos recaería buena parte de la responsabilidad de preservar la estabilidad de la República.
Es de suponerse también que, en un país donde existan tribunales con competencia especial y exclusiva en terrorismo, la materia se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza no sólo por la crudeza de sus manifestaciones sino también por su creciente frecuencia. Si los hechos terroristas fuesen esporádicos, no valdría la pena tener a un grupo de jueces, fiscales, alguaciles y secretarios viviendo a expensas de los contribuyentes a la espera del bombazo.
Estos tribunales serían, por decirlo así, la expresión judicial de la “guerra contra el terrorismo”, declarada en 2001 por el presidente estadounidense George W. Bush. Un predecesor suyo, Ronald Reagan, declaró en los ochentas la “guerra contra las drogas”. En consecuencia, muchos países crearon tribunales especiales, fiscales especiales, competencias especiales para conocer de este “flagelo”. ¿Hay por eso menos drogas en las calles? ¿Los juicios por drogas son más justos que los referidos a homicidios u otros delitos?
En los ochentas, y antes también, si a alguien lo pescaban con un kilo de cocaína en las manos, en su equipaje o en la maleta de su vehículo estaba seguro de que lo iban a juzgar por algún delito vinculado a las drogas. La gravedad de la imputación dependería de las circunstancias que rodearan el momento en que se realizó el decomiso (si había dinero, elementos para el procesamiento del alcaloide, armas, etc.). Aún así se presentaban problemas. En el caso del terrorismo, ¿estos tribunales “especiales” juzgarán al que defienda la yihad en un libro o en un sitio web? ¿Serán culpables de terrorismo las manifestaciones opositoras contra un régimen oprobioso, en el que se difundan expresiones subidas de tono hacia el mandatario?
Antes del 11 de septiembre de 2001, un secuestro era un secuestro y como tal debía ser juzgado en los tribunales. Un asesinato era simplemente eso. Ahora, podrían ser calificadas como manifestaciones de actividad terrorista, y tendrían un trato “especial”. John Allen Muhammad, por ejemplo, era un asesino en serie, un veterano de guerra que en octubre de 2002 mató a 10 personas en Washington y Maryland, usando técnicas aprendidas en el Ejército. Como actuó luego de los atentados contra el Centro Mundial del Comercio, lo señalaron también de terrorista y probablemente recibirá la pena de muerte. La principal prueba de su “terrorismo” fue una carta en la que se llamaba Dios.
La noción de una justicia especial, aunque atractiva en el primer momento, debe llamarnos a reflexión. Entre otras razones porque se basa en el principio de que no todos los delitos –y por ende no todos los delincuentes- merecen la misma atención. Algunos son más importantes que otros, más notorios, tienen más cartel. En Estados Unidos, el propio Fiscal General apoyó la idea de que como los presos de Guantánamo eran juzgados por terorrismo luego de la campaña en Afganistán tenían que ser juzgados en un tribunal militar, y por supuesto especial.
En noviembre de 2004 el llamado “Club de Madrid” sostuvo una interesante reunión. El grupo, compuesto por 50 ex jefes de Estado y personajes considerados expertos en su área de conocimiento, analizó la relación entre la lucha contra el terrorismo y las libertades individuales. Es decir, la defensa de la democracia. En los debates, el entonces comisario europeo de Justicia e Interior, Antonio Vitorino, saludó que hasta el presente ninguno de los países de la comunidad haya cedido a la tentación de crear tribunales especiales para el terrorismo, ni ha aprobado legislaciones que cercenen los derechos individuales, tales como el debido proceso y la libertad de expresión, en aras de una supuesta defensa de la democracia. Esta disposición fue puesta a prueba luego de los ataques con explosivos al sistema ferroviario de Madrid, en el mes de marzo. La defensa de los derechos humanos empieza en casa. ¿Podrían decir lo mismo sus vecinos al otro lado del Atlántico?

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