El reciente asesinato de un capo mafioso en una cárcel de México indica que los narcotraficantes han trasladado su guerra e imponen su ley dentro de los penales de »alta seguridad», emulando a los de Colombia, según analistas mexicanos.
La ejecución el pasado viernes de Arturo Guzmán Loera, hermano del líder del cártel de Sinaloa, Joaquín »El Chapo» Guzmán, »señala que los criminales controlan las prisiones, en detrimento de las autoridades legítimas», dijo a EFE Jorge Gutiérrez, profesor universitario y experto en lucha antidrogas.
El caso de Guzmán Loera -atacado a balazos en la cárcel de máxima seguridad de La Palma, en el central estado de México- »también pone de presente una peligrosa similitud con el caso colombiano, donde los delincuentes desbordaron a las fuerzas de la ley», añadió.
La Palma, considerada una las prisiones más seguras de México y que alberga a prominentes cabecillas del tráfico de drogas, también fue escenario, el pasado 6 de octubre, del asesinato del narcotraficante Miguel Angel Beltrán, alias «El ceja güera».
Beltrán era un socio de »El Chapo» Guzmán, el fugitivo líder del cártel de Sinaloa y enemigo a muerte de los cárteles de Tijuana y del Golfo, con los que sostiene una sangrienta guerra por el control de rutas de narcotráfico hacia Estados Unidos.
Los analistas no descartan que los casos de Guzmán Loera y »El ceja güera» hayan tenido relación con la guerra entre las bandas mafiosas o con una »purga» dentro del cártel de Sinaloa, por orden de »El Chapo» Guzmán.
«El Chapo -que en 2001 se escapó de la cárcel de alta seguridad de Puente Grande, en el estado de Jalisco (oeste), cuando Estados Unidos reclamaba su extradición- también libra una guerra contra narcotraficantes rivales en el balneario caribeño de Cancún, donde se produjo una docena de muertos a fines de 2004.
»En todo caso, asistimos a un escenario en que los traficantes fugitivos o presos imponen su ley, mientras que el estado parece tener problemas para ponerlos a raya», insistió el experto.
Gutiérrez evocó el caso de Colombia, donde los jefes de los cárteles rivales de Cali y Medellín atacaron a sus enemigos dentro de las prisiones de alta seguridad, formaron poderosos ejércitos privados a la vista de las autoridades e impusieron su ley en las cárceles o fuera de ellas.
El analista José Reveles señaló, por su parte, que la actual situación de los narcotraficantes de México se parece en términos generales a la que se registró en la década pasada en Colombia, con las muertes violentas por la pugna entre «megacárteles».
No obstante, Reveles dijo que la diferencia entre los dos países estriba en que los narcotraficantes colombianos contrataron a mercenarios extranjeros para entrenar a sus pistoleros, mientras que «los mexicanos reclutan a gente proveniente de las fuerzas de seguridad del gobierno».
»En México tampoco hemos tenido el caso de que un cabecilla del narcotráfico como Pablo Escobar (el extinto líder del cártel de Medellín) haya sido legislador», expresó Reveles.
Políticos opositores al gobierno del presidente mexicano, Vicente Fox, opinaron que La Palma está fuera del control de las autoridades y a merced de los capos de la cocaína, que ingresan armas y cometen delitos en las celdas, ayudados por funcionarios corruptos.
»En La Palma se registra una guerra de mafias. Es un lugar donde los narcotraficantes siguen actuando con toda libertad e impunidad», dijo a la prensa el senador Demetrio Sodi, del Partido de la Revolución Democrática (PRD, izquierda).