Sistema acusatorio obliga a reformar justicia militar colombiana

Mientras el Gobierno estudia la posibilidad de anexarla a la justicia civil, los militares preparan su propia reforma.
Luego de pasar las tormentas generadas por la falta de decisiones en los casos de Guaitarilla y de Cajamarca, que incluso llevaron a llamados de atención públicos por !parte de propio presidente Álvaro Uribe a la Justicia Penal Militar (JPM), el 2005 será el año que definirá el futuro de este sistema de justicia castrense.
Mientras la Oficina Jurídica de Palacio analiza la posibilidad de que la JPM pase a ser un organismo anexo de la Fiscalía General de la Nación como consecuencia del paso al sistema acusatorio, los propios militares preparan una fuerte reestructuración del organismo. Incluso, esta semana se espera la visita de una comisión de miembros del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos que presten su asesoría en este campo.
La primera opción, según le dijeron fuentes de la Casa de Nariño a EL TIEMPO, es que se cree una unidad especial dedicada a manejar los procesos contra militares y que contaría con participación de algunos militares que asesorarían a los investigadores en los procesos. La propuesta aún está siendo analizada y por el momento no se ha definido si se presenta un proyecto de ley.
Sin embargo, el tema ya ha generado debate entre uniformados y civiles, pues mientras los primeros creen que se trata de una decisión «absurda», los segundos no lo ven como una forma de darle más credibilidad a las investigaciones contra militares.
Radiografía de la JPM
El problema no es sencillo de arreglar. Hay problemas de infraestructura, de recursos, pero ante todo legales, que han convertido a la JPM en una entidad paquidérmica.
Los 576 funcionarios (180 de ellos civiles) que deben administrar justicia a 324.000 personas con fuero militar tienen a su cargo, a la fecha, 6.500 procesos, muchos de ellos en riesgo de prescribir por vencimiento de términos.
Aunque la cifra parece no ser significativa frente a los cerca de 130.000 expedientes que están pendientes de resolver en la justicia ordinaria, la normatividad vigente impide resolverlos con celeridad y evitar así la congestión.
A raíz de la promulgación de la Constitución del 91 que creó la Fiscalía, la JPM debió adaptarse al sistema acusatorio, obligándola a eliminar procedimientos que, a juicio de los militares, eran efectivos al momento de administrar justicia como los consejos verbales de guerra y la defensoría técnica.
A esto se sumó la obligación legal de que todos los fallos deban ser revisados por el Tribunal Superior Militar para confirmar o revocarlos, lo que generó un ‘cuello de botella’ en el trámite es expedientes. Es así como una investigación por deserción, que antes tomaba tres meses para decidir, hoy puede durar hasta tres años.
Además, la falta de investigadores para la recopilación de pruebas obliga a los jueces a recurrir a organismos de investigación como el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía y a la Policía para analizar pruebas, entidades ya de por sí congestionadas por los casos de la justicia ordinaria.
Ante este panorama el Gobierno decidió tomar medidas de choque para salvar la justicia castrense.
Al frente del proyecto fue designado el general Jairo Duván Pineda Niño, quien junto con otro grupo de oficiales, al igual que en las grandes empresas privadas, realizó un diagnóstico donde se establecieron las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de la JPM y se crearon 8 áreas de acción para reestructurarla.
«Lo primero fue trabajar la motivación del personal y reafirmar su compromiso con la Justicia Militar. Se les fijaron responsabilidades y con objetivos y plazos específicos a cumplir», señaló el general Pineda.
Entre las primeras actividades del plan de choque se contempló el inició de varios cursos de capacitación sobre JPM, Derecho Internacional Humanitario, Derechos Humanos y Derecho Internacional sobre Conflicto Armado, a todo el personal militar como a organizaciones no gubernamentales y entidades del Estado.
«Queremos hacer una justicia preventiva, donde los jueces y fiscales que están con las tropas estén alertando a los comandantes sobre hechos que puedan generar en delitos y no esperar a que las cosas avancen a situaciones más complicadas», sostiene el general Pineda, hoy a cargo de la Inspección del Ejército.
También se crearon 13 nuevos cargos de fiscales que operarán!en las zonas con mayor congestión: Bogotá, Bucaramanga, Medellín, Cali, Puerto Berrío, Florencia, Villavicencio y Valledupar. En el futuro se busca que cada batallón y división cuenten con un juez de primera instancia.
Pero el cambio más radical será la modificación del código penal y el código de procedimiento penal militar para ajustarlo a las condiciones actuales del conflicto interno y al sistema acusatorio que entró en vigencia este año.! Y se buscará la creación de un cuerpo técnico de investigación propio para la recolección de pruebas.
«Debemos retomar la oralidad en nuestros procesos y tener la posibilidad de utilizar figuras como la sentencia anticipada. Además evitar que todos los procesos tengan que pasar por el Tribunal Superior Militar. Eso nos ayudaría a reducir la congestión de los despachos y dar resultados en poco tiempo», sostiene el general Luis Fernando Puentes, quien desde la semana pasada asumió la dirección de la Justicia Penal Militar.
Se implementará un sistema que permitirá conocer en tiempo real las decisiones de todos los despachos judiciales. Eso permitirá establecer si existe congestión!en los despachos y vigilar que los tiempos de los procesos se cumplan.
Además se trabajará en la creación de una jurisprudencia que reúna los conceptos emitidos por los jueces en sus fallos y se continuarán los planes de capacitación para el personal, tanto de la JPM como de las tres fuerzas. En ese último punto se tiene el proyecto de ampliar
«Somos conciencies de que tenemos problemas graves y delicados que requieren grandes remedios. Debemos recuperar la credibilidad porque la Justicia Penal Militar es el pilar de las Fuerzas Militares. Somos quienes legitimamos la acción de todas las fuerzas. De lo contrario, seríamos solo una horda de bandidos. Sin embargo, si no cambiamos, nos van a cambiar», sentencia el general Fuentes.
Redacción Justicia
Como funciona la JPM
La Justicia Penal Militar se encarga de investigar los delitos cometidos por los miembros del Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada y la Policía dentro del servicio.
Una vez un caso es conocido, el juez de instrucción de primera instancia comienza la investigación. Cuando esta ha concluido, el fiscal decide si se cierra el caso o se llama a juicio. Si se toma la segunda opción, el proceso pasa al juez de instancia y se realiza una corte marcial. La decisión que se adopte allí pasa a control del Tribunal Superior Militar que finalmente decide si confirma o desvirtúa el fallo.
Los principales delitos cometidos por el cuerpo armado son, en su orden: deserción, delito del centinela (quedarse dormido en la guardia, por ejemplo), abandono del puerto, delitos contra la administración pública (peculado, prevaricato, etc.) y homicidio.
Reacciones
Juan Salcedo Lora
Ex comandante del Ejército
Es absurdo que dependa de la Fiscalía. Obviamente cuando el código penal civil cambia, los códigos que rigen la justicia militar deben adaptarse, pero eso no debe implicar que pase a depender de la Fiscalía, por esta tiene un área de cobertura independiente.
Luis Camilo Osorio
Fiscal General de la Nación
Si lo que se pretende es que la parte de investigación esté a cargo de la Fiscalía eso sería un paso adicional a lo que se ha venido por vía de la jurisprudencia de la Corte Constitucional que es marchitar la justicia militar y reducirla a unos casos limitados, pues hoy se dice que donde hay una afectación de derechos humanos tiene que salirse de la justicia militar y casi todos los delitos que involucran a la fuerza pública hay deterioro de algún derecho humano, en alguna forma.
Siempre se ha dicho que los pares deben juzgar a los pares. En este momento es más el deterioro de la justicia penal militar que la propia posibilidad de que actúe independientemente. Eso puede ser una solución jurídico filosófica para que todo el mundo esté más tranquilo. Y la Fiscalía no estaría ausente a asumir esa responsabilidad.
Antonio Navarro
Senador
Me gusta. Los civiles tendrían la responsabilidad del organismo de juzgar los actos del servicio de los militares y eso le daría más seriedad e independencia a los procesos. No obstante se debe mantener el fuero militar.

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