El ex presidente del Congreso, Cristóbal Fernández Daló, entregó a la prensa copia de una Gaceta Oficial Extraordinaria, de fecha 9 de julio de 2004, en la que consta -en la página 18- una supuesta carta de naturalización expedida a favor del llamado canciller de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Rodrigo Granda, bajo autorización del Ministerio de Interior y Justicia.
Fernández Daló aseguró que el documento constituye “una verdad irrefutable” y demuestra que la nacionalización de Granda “fue un acto realizado por el gobierno a favor de un aliado”. «Desde ese día este señor es venezolano por naturalización», dijo al desmentir al ministro de Interior, Jesse Chacón, quien ayer afirmó que la cédula obtenida por el guerrillero sería falsa.
Aseveró que esta acción consituye una acto de traición a la patria violatorio de la Constitución Nacional. Comentó que si Granda no vivió en el país durante cinco años su naturalización sería ilegal y representa un acto de negligencia por parte del gobierno. Añadió que, si su nacionalización cumplió con todas las normas, «entonces es un ciudadano venezolano con todos los derechos que ha sido víctima de un secuestro, ante lo cual el gobierno debe actuar».
Ministerio Público investiga el caso
El Ministerio Público emitió un comunicado en el que dice que inició el 23 de diciembre de 2004 la investigación sobre el presunto secuestro del que habría sido objeto en el país el dirigente de las FARC, Rodrigo Granda Escobar.
El documento reseña que los fiscales 50 nacional con competencia plena y 78 del área metropolitana de Caracas, Alejandro Castillo Soto y Edilia Coromoto Almarza, respectivamente, han realizado desde ese día una serie de diligencias tendentes a determinar si efectivamente el representante de las FARC fue secuestrado en el país, y, además, si en el hecho participaron funcionarios policiales de Venezuela.
La investigación de oficio se inició a raíz de las publicaciones en los diarios Vea y El Tiempo de Bogotá, en los que se denunciaba el presunto secuestro de Granda en las cercanías del hotel Hilton, por parte de funcionarios presuntamente del DAS de Colombia y de la Dirección General de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip).
Según la información publicada en los diarios, los referidos organismos de seguridad habrían «secuestrado» a Granda Escobar y lo trasladaron en el baúl de un vehículo hasta la ciudad de Cúcuta, lugar donde habría sido aprehendido el 13 de diciembre de 2004.
El Ministerio Público con apoyo de la Dirección de Investigaciones de Delitos en la Función Pública del Cuerpo de investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), solicitó información al director de la Disip respecto a si funcionarios de ese cuerpo practicaron algún procedimiento en los alrededores de la Clínica Razzeti, cercana al referido hotel.
Asimismo, se ofició al jefe de Seguridad del hotel Hilton para que remita una lista de las personas registradas en dicho establecimiento entre el 01 y el 15 de diciembre, así como la remisión de los respectivos videos de las cámaras de seguridad.
Igualmente, se solicitó a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) la remisión de los videos de las grabaciones efectuadas entre el 2 y 7 de diciembre en el Teatro Teresa Carreño, lugar en el que se realizó el Primer Encuentro Mundial de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, evento al que presuntamente asistió Granda.
El Ministerio Público también realizó un conjunto de entrevistas y ordenó una serie de experticias que se manejan dentro del marco de las hipótesis que se han planteado.
EC/el-nacional.com
