ALICIA LA ROTTA MORAN
EL UNIVERSAL
Al ingresar a Venezuela el 31 de enero de 2002, las ciudadanas Yamilé Restrepo Londoño y Mónica María Granda Restrepo, aseguraron que sólo estarían un mes en el país.
La esposa e hija del colombiano Rodrigo Granda Escobar, perteneciente a las altas jerarquías de las FARC, señalaron al ser interrogadas por oficiales de Inmigración, que su lugar de residencia habitual es «carrera 45A No 17-22 del barrio San Jorge en Bogotá, Colombia», según documentos a los cuales tuvo acceso El Universal. En Venezuela dieron como señas el teléfono celular de una persona de apellido Montenegro.
Esta dirección no figura entre las propiedades que la Fiscalía colombiana ha mencionado como parte de los bienes inmuebles de los cuales Rodrigo Granda Escobar era propietario y que están publicados en la edición del domingo de El Espectador (Colombia).
Así mismo, ese medio señala que la fiscalía colombiana investiga a Granda Escobar por enriquecimiento ilícito, y según la publicación, su hija Mónica Granda Londoño también será vinculada porque «al parecer figura con propiedades en las que está vinculado su padre». Sobre ella y como hecho curioso, los organismos de inteligencia interceptaron un correo electrónico en el que el canciller le dice a su interlocutor que está feliz porque su hija Mónica optó también por la vía de la rebelión y emuló sus ideas políticas», destaca el diario El Espectador.
Rodrigo Granda votó
Un miembro de mesa del Ciclo Diversificado Rivas, en Aragua, donde está inscrito Rodrigo Granda Escobar, le confió al ex presidente del Congreso Cristóbal Fernández Daló que efectivamente el llamado canciller de las FARC participó con su voto en el referendo revocatorio y en las elecciones regionales del año pasado.
Fernández Daló informó que tanto la esposa como la hija del colombiano «siguen en el país escondidas y temen represalias o del gobierno colombiano operando en Venezuela o de los paramilitares».
Igualmente, al denunciar irregularidades en los procesos de cedulación y en el Registro Electoral, Fernández Daló señaló que «esta resolución (de naturalización) es del viernes 9 de julio y el cierre del REP para el referendo fue el 10 de julio. Esto quiere decir que los 7.522 ciudadanos de esta resolución, como Granda, por ejemplo, leyeron la Gaceta Oficial, solicitaron su cédula y se inscribieron en el REP el mismo día».
El dirigente augura una posible venganza de las FARC hacia Venezuela. «Ojalá las consecuencias sean sólo para el Gobierno y no para los ciudadanos venezolanos. El Ejecutivo ha entrado en un terreno cienagoso muy peligroso que pone en peligro no sólo su estabilidad como Gobierno, sino la paz venezolana, porque esto puede incluso invitar a las FARC, como represalia, a ampliar su operaciones en el país. Estamos hablando de un problema de seguridad de Estado», señaló.
«Renuncie, ministro Chacón»
Por su parte el dirigente de la Asociación Civil Un Solo Pueblo, José Agustín Gómez, exigió que el ministro de Interior y Justicia, Jesse Chacón, renuncie a su cargo por haber asegurado que el líder guerrillero Rodrigo Granda obtuvo ilegalmente la nacionalidad venezolana, cuando posteriormente se comprobó que fue naturalizado legalmente por el anterior ministro, general en jefe Lucas Rincón Romero.
También adelantó que solicitará ante la Fiscalía General de la República que se inicie una investigación de las circunstancias en las cuales se le otorgó la nacionalización al ciudadano Rodrigo Granda Escobar, lo cual califican de un hecho «sumamente grave».
Acusado por «instigación a la rebelión»
El general Marcos Ferreira se desempeñó como director de la DIEX cuando dicha oficina negó la entrada a Caracas a Yamilé Restrepo Londoño y su hija Mónica Granda Restrepo. En esa oportunidad ordenó su ingreso tras recibir la orden del entonces ministro del Interior, Ramón Rodríguez Chacín, por supuestas «razones humanitarias». Posteriormente el propio Rodrigo Granda iría al aeropuerto de Maiquetía a buscar a su familia.
Este hecho y el ingreso irregular de otras personas con antecedentes, e incluso órdenes de captura por vínculos con organizaciones guerrilleras, fueron denunciados por el general Ferreira el 26 de octubre de 2002 en el hotel Four Seasons y resultaron el material utilizado para que se le enjuiciara por el delito de «instigación a la rebelión», junto con un grupo de militares disidentes de la plaza Francia de Altamira.ALRM
