Gerardo Young.
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Cambiar de subte debajo del Obelisco, visitar a un enfermo en el Hospital Fernández, hacer una consulta en Tribunales o en los ministerios de Salud y Desarrollo Social: trámites rutinarios o casuales que los porteños seguramente hicieron o harán alguna vez en la vida. Sin saber, claro, que ante una emergencia pueden quedar atrapados en una trampa mortal.
Es una combinación clásica de la burocracia argentina: falta de legislación clara —no está definido de quién depende el control— junto a la desidia de los organismos de inspección, o a su falta de competencia. Unidos, estos factores hacen de muchos edificios y espacios públicos lugares altamente inseguros ante un incendio o cualquier otra emergencia que requiera su inmediata evacuación. El incendio de República Cromañón, que según los listados oficiales ya se llevó 191 vidas, fue una tremenda señal de alerta que sirve, al menos, para revisar las previsiones ante posibles tragedias. Eso hizo el Equipo de Investigación: consultó a arquitectos e ingenieros especialistas en seguridad, en construcción edilicia y en legislación, que señalaron algunos de los lugares públicos —edificios o espacios de tránsito— más riesgosos de la Ciudad de Buenos Aires. Los elegidos fueron seis: estación Constitución, la Facultad de Ingeniería, el Palacio de los Tribunales, el Hospital Fernández, el nudo subterráneo bajo el Obelisco y los ministerios de Salud y Desarrollo Social. Estos lugares serían apenas buenos ejemplos de una realidad que alcanza a decenas de oficinas públicas.
Ninguno de esos sitios, cuyas falencias fueron luego comprobadas por Clarín, se aproxima, en mayor o menor medida, a lo que los expertos presentan como las cinco claves en prevención de emergencias para lugares de mucho movimiento de personas:
Vías despejadas de salida y bien señalizadas.
Puertas de emergencia que abran hacia afuera.
Matafuegos y mangueras en condiciones.
Escaleras anchas, cerradas y que desemboquen en la calle.
Rociadores y/o detectores de humo.
A pedido de Clarín, cinco miembros del Consejo Profesional de Ingeniería Industrial —que es consultor del Gobierno porteño en cuestiones de seguridad edilicia— se reunieron para evaluar los edificios de uso público en la Ciudad que por deficiencias, y si no se introducen cambios urgentes, podrían ser escenarios de tragedias. «Aunque ninguna medida será efectiva si no se sostiene en el tiempo», explica el vicepresidente de la entidad, Carlos Maisonave. Junto a él opinaron sus colegas Iván Pigote, Héctor Zippili, Jorge Derman y Rubén Pfefferman, presidente de la Comisión de Higiene y Seguridad del Consejo de Ingenieros. Para ellos, los lugares más inseguros —y sólo a modo de ejemplo— son los siguientes:
El nudo de los subtes en el Obelisco.
El mayor peligro bajo tierra está, según los ingenieros, en la concentración de gente en el cruce de estaciones de subte que está debajo del Obelisco. «Si llegara a haber una emergencia en el momento en que se cruzan los pasajeros de la línea B y de la D, sería un desastre», coincidieron. Clarín recorrió el lugar el jueves por la tarde, en un momento de mediano tránsito. En el nudo se juntan tres líneas de subte —la B, la D y también la C— y los pasajeros se cruzan en dos distribuidores, donde hay sólo dos matafuegos a la vista, aunque uno de ellos estaba «escondido» detrás de un cartel publicitario. Y pese a que están señalizadas las conexiones de subtes, las vías de salida (o de eventual escape) están visibles en los andenes, pero no en los distribuidores.
El director del Ente de Control de Servicios Públicos, Julio Balbi, el viernes advirtió sobre la existencia de «problemas de seguridad en los subtes» y sostuvo que la tarea de control del Ente «se vio dificultada en reiteradas oportunidades por la empresa Metrovías», concesionaria de los subtes porteños. Ante la consulta de Clarín, sostuvo que uno de los peligros latentes de los subtes son los molinetes, que deberían ser móviles y no fijos, ya que los actuales atentan contra una evacuación efectiva.
Voceros de Metrovías, en cambio, dijeron a Clarín que la empresa sólo responde a la autoridad de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, que exige matafuegos como única medida de prevención, y desmintió inconvenientes en el nudo del Obelisco. «Hay 19 matafuegos. No todos están visibles, pero hay personal especializado que sí tiene acceso». Según los voceros de la empresa, cuentan con un Comando de Intervención rápida para actuar en casos de emergencia. Sobre la falta de señalización, la admitieron aunque dijeron que todas las salidas del subte «son de por sí de emergencia». En los subtes porteños, durante el 2004 circularon 222 millones de pasajeros. Es decir, lo transitan un promedio de 608 mil personas por día.
Facultad de Ingeniería
La estructura general del edificio es buena, con escaleras anchas, pero es un edificio de hace más de 60 años que fue pensado para albergar a la Fundación Eva Perón y no a una de las facultades más pobladas de la UBA. Dado su uso actual, el problema de esta construcción es el subsuelo, donde funcionan los talleres de trabajo, los depósitos de materiales, el archivo general, los laboratorios y hasta una guardería. El subsuelo tiene inicialmente cuatro salidas directas a la calle, pero todas están cerradas con persianas metálicas y candados amurados.
El jueves pasado, Clarín detectó un cartel pegado por el Departamento de Seguridad de la facultad donde advierte que hay que «retirar los candados amurados» para elevar la persiana. La correcta señalización y la suficiente cantidad de matafuegos —se recomienda uno cada 40 metros cuadrados—, no servirían de mucho para una evacuación rápida, según entienden los ingenieros, todos egresados de esa facultad y algunos todavía docentes.
Palacio de Tribunales
La jueza María Angélica Crotto, a cargo de la investigación del incendio en Cromañón, trabaja en un edificio inseguro. Así lo entienden los ingenieros, en base a una decisión que tomó la Corte Suprema a raíz de las protestas de los ahorristas conducidos por Nito Artaza: la de mantener cerrados todos los accesos al Palacio, salvo una de las puertas que da a la calle Talcahuano.
El cierre de los accesos no permitiría una evacuación rápida, pero ese no es el único factor de peligro. También son riesgosas —según los especialistas— todas las escaleras de Tribunales, que no funcionan como de emergencia ya que son abiertas en todos los pisos, permitiendo, en caso de incendio, el ingreso de humo o fuego. Clarín recorrió el Palacio de Tribunales —donde además de cientos de juzgados funcionan consultorios jurídicos gratuitos— y comprobó que hay portamatafuegos vacíos y que incluso algunas de las puertas a la calle están cerradas con una reja de seguridad, para prevenir el ingreso de manifestantes o ladrones.
Fuentes de la Corte explicaron a Clarín que la seguridad del edificio depende de la Intendencia, donde no hay ningún especialista en prevención de incendios. Nada dijeron sobre la falta de prevenciones en el archivo general del Palacio, que queda en el subsuelo y que acumula toneladas de papeles: ni siquiera cuenta con rociadores de agua.
Hospital Fernández
Sus profesionales son de los mejores del país, y la rapidez y solidaridad con que responden a las emergencias renovó su fama justamente tras el incendio en Cromañón. Pero tanto ellos como los pacientes y visitantes del hospital habitan un edificio muy peligroso si llegara a ocurrir un incendio o se requiriera una evacuación masiva.
En una visita realizada el viernes último, Clarín comprobó que dos de las tres puertas del hospital permanecen cerradas todo el tiempo —las de las calles Bulnes y Ruggieri, que tienen carteles que indican la entrada sólo por Cerviño—, otro letrero anuncia que «después de la 1 la salida es por la guardia», varias cajas para matafuegos están vacías, otras tienen matafuegos con carga vencida el 5 de diciembre y ninguna tiene carteles que expliquen su uso. Tres mangueras contra incendios en la planta baja están desarmadas, selladas con fajas de seguridad o directamente tapadas con chapones. Tampoco hay escaleras ni iluminación de emergencia.
A modo de explicación, una vocera de la Secretaría de Salud porteña afirmó que «el año pasado hubo un incendio en un sector del hospital y la evacuación fue perfecta».
Ministerios de Salud y Desarrollo Social
Ubicados en el famoso edificio de avenida 9 de Julio 1925 —fundado a fines de los 40—, los ministerios encabezados por Ginés González García y Alicia Kirchner se distribuyen en 22 pisos. La recorrida de Clarín comprobó el súbito esmero por mejorar las condiciones de seguridad: los matafuegos están recién cargados, hay carteles visibles que indican las dos salidas de emergencia, y todavía está fresco el cemento con el que fueron instaladas unas cuantas puertas de emergencia con barral antipánico (en un balcón del piso 15 hay varias apiladas en espera de ser instaladas). Pero para acceder a esas salidas tan bien señalizadas, en muchos casos (por ejemplo en los pisos 4, 6, 10 y 12) hay que atravesar oficinas y las dos escaleras de emergencia son verdaderas ratoneras: con espacio para bajar de a una persona, disposición caracol, piso de mármol (muy resbaladizo) y casi sin iluminación, al menos una desemboca en una puerta placa de madera que está cerrada; cualquier avalancha contra ella terminaría en una masacre. Contra las indicaciones de los técnicos, los pisos superiores no tienen detectores de humo ni rociadores.
Paradójicamente, el mantenimiento del edificio es responsabilidad de cuatro dependencias: los departamentos de «Infraestructura» y de «Servicios auxiliares» de cada uno de los ministerios que allí funcionan.
Un empleado de seguridad dependiente de Salud, hizo su descargo ante Clarín: «Es cierto que las escaleras de emergencia son malas, no alcanzan y tienen poca iluminación. La ministra Kirchner las recorrió y ordenó la compra de luces adecuadas. Hasta ahora instalamos el 40 por ciento de las puertas de emergencia adecuadas, y las demás las estamos poniendo. La puerta de madera que encontraron cerrada tiene que desaparecer, por supuesto. Hay que conectar las escaleritas con las puertas de salida que instalamos hacia la calle Lima, ignífugas y antipánico. ¿Si hacemos simulacros de evacuación? Y, no, la ley no se cumple. Que yo sepa casi nadie lo hace. ¿El cargo de director de evacuación? No existe, pero ya se abrió un expediente para crearlo».
Los agujeros negros de la ley
«El Gobierno de la Ciudad no tiene jurisdicción sobre los edificios federales». Esa fue la explicación que dieron a Clarín los voceros del nuevo secretario de Seguridad de la Capital, Juan José Alvarez. En realidad, es algo más complejo.
Según el Código de Habilitaciones de la Ciudad de Buenos Aires, el Gobierno porteño tiene la obligación y la potestad de controlar todos los comercios, geriátricos, bancos, hoteles y edificios de la Ciudad, incluyendo los «edificios del Estado». En la Ciudad infieren que esa obligación sólo se refiere a edificios del Estado municipal. ¿Pero de quién dependen los del Estado nacional? La responsabilidad, si la posición de la Ciudad es legítima, supone que es del organismo al que pertenece cada edificio. Pero como no está dicho taxativamente en ninguna ley, ni siquiera es obligación.
«Los edificios nacionales no tienen la obligación de pedir habilitación ni declarar las reformas que hacen en ningún lado», explicó a Clarín la arquitecta Magdalena Eggers, experta en normativa. Eggers, junto a otro importante grupo de arquitectos, integra una comisión asesora que está preparando una nueva legislación que contemple el control sobre todos los edificios. En ese grupo también trabaja Roberto Giacón, docente de la UBA y especialista en prevención de incendios. Giacón le dijo a Clarín que los edificios públicos «tienen graves falencias» estructurales y de mantenimiento. Y recomienda «que cuenten al menos con una red de rociadores automáticos de agua», una medida que en la Argentina no se exige pero que en países del Primer Mundo es obligatoria.
Otro punto crítico en los edificios, es la falta de ejercicios de evacuación. De acuerdo a una ley porteña votada el 27 de mayo del 2004 —la 1.346— en todos los edificios se deben realizar dos ensayos de evacuación por año. Hoy nadie controla que esa obligación se cumpla.
Récord tardío
Juan José Alvarez, nuevo secretario de Seguridad porteño, lanzó una campaña de inspección sobre los locales bailables: en una semana se detectaron fallas en 86 boliches.
Las inspecciones
En una inspección básica, se comprueba la vigencia de los matafuegos, la presión de agua de las mangueras y el acceso a las salidas de emergencia.
Problemas en la Casa Rosada
Ante la tragedia de Cromañón, el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli (foto), decidió revisar la seguridad de Casa de Gobierno. Encontró que las vías de escape no estaban señalizadas y que faltaban matafuegos y mangueras. Tampoco existían carteles que indicaran el plan de evacuación.
Seguro… y barato
Según la Cámara Argentina de la Seguridad, las medidas contra incendio incrementan los costos de una obra en no más del «uno o dos por ciento» del presupuesto total.
