Alas tres de la tarde del viernes 14 de enero el timbre de tres teléfonos celulares interrumpió el primer consejo de ministros de 2005. La canciller Carolina Barco, el vicepresidente Francisco Santos y el jefe de prensa de Palacio Ricardo Galán contestaron en voz baja, mientras el presidente Álvaro Uribe seguía hablando sobre su principal preocupación: la situación económica del país.
Justo en ese momento el presidente Hugo Chávez estaba hablando ante la Asamblea Nacional de Venezuela. Vestido con un solemne traje gris oscuro, cruzado por la banda presidencial, Chávez pronunció una emotiva declaración sobre el papel que tuvo Colombia en el secuestro del guerrillero de las Farc Rodrigo Granda, tema que había desatado una tormenta entre los dos países desde hacía más de una semana.
En su característica locuacidad tropical declaró su profundo amor por Colombia y su respeto por el presidente Uribe antes de lanzar su bomba atómica. En tono altisonante como buen caudillo y visiblemente afectado, Chávez defendió la soberanía venezolana y rechazó indignado que el gobierno colombiano incitara al delito a los militares venezolanos que recibieron una millonaria suma para secuestrar a Granda en Venezuela. Pidió una explicación y una disculpa del gobierno colombiano. Luego vinieron las medidas que causaron conmoción: anunció el retiro indefinido del embajador en Colombia y la suspensión de negocios binacionales en curso. En concreto, el inicio de la construcción del poliducto que le daría al combustible de Venezuela una salida por el océano Pacífico. No había lugar a equívocos: a pesar del buen momento por el que atravesaban las relaciones comerciales, y contra todo pronóstico, los dos países estaban en su peor crisis desde aquella cuando en 1987 la corbeta Caldas, de la Armada colombiana, ingresó en aguas que Venezuela reclamaba como suyas.
El presidente Uribe suspendió el consejo de ministros de inmediato. Los hechos sobre el caso Granda fueron creciendo hasta convertirse en una gigantesca ola que estaba rompiendo en los antejardines del Palacio de Nariño. Uribe, preocupado, se reunió en un pequeño salón de Palacio con los ministros de Defensa, Interior y Justicia, la Canciller, el Alto Comisionado para la Paz y algunos de sus colaboradores más cercanos para hacerle frente a la crisis.
A esa hora los teléfonos de la Casa de Nariño no paraban de sonar. Empresarios del sector químico y de alimentos abogaban alarmados por una salida diplomática, temiendo que la crisis afectara una relación con el segundo socio comercial de Colombia. Al mismo tiempo los organismos de inteligencia eran convocados de urgencia al Ministerio de Defensa y desde la Casa de Nariño se consultaban diversas opiniones. Incluso se mantuvo comunicación con la embajada de Colombia en Washington. En las salas de redacción de los principales medios se buscaban expertos para interpretar el alcance de las palabras de Chávez. ¿Se habían roto las relaciones? ¿Era un toque de tropicalismo sin efectos reales? La mayoría pedía que se citara con urgencia a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, de la que hacen parte los ex presidentes. Pocos sabían que mientras Julio César Turbay estaba internado en la Clínica Santa Fe, César Gaviria seguía convaleciente de una operación en las afueras de Washington. Tanto Alfonso López como Ernesto Samper salieron de inmediato a rodear al Presidente. Y Andrés Pastrana, a pesar de su público distanciamiento con Uribe, llamó a ofrecerle su solidaridad.
El 15 de diciembre pasado el comandante de la policía colombiana Jorge Daniel Castro le dijo al país que sus hombres habían capturado en Cúcuta a Rodrigo Granda, una ficha internacional clave de las Farc. Muy pronto, sin embargo, empezaron a circular las versiones y los testimonios de que Granda había sido detenido el 13 de diciembre a las 4 p.m. en una concurrida calle de Caracas
Raúl Reyes
En Venezuela el ambiente no estaba menos caldeado. Los chavistas aplaudieron eufóricos las palabras de su Presidente. La dignidad había sido reivindicada y el paroxismo nacionalista es muy proclive a las dotes histriónicas de su líder. En medio del acaloramiento, las declaraciones llegaron a niveles casi surrealistas. El fiscal venezolano Isaías Rodríguez, por ejemplo, anunció que investigará al ministro de Defensa de Colombia, Jorge Uribe, por violación de la soberanía de Venezuela y que este delito podía concatenarse con el «delito de privación ilegítima de la libertad». Rodríguez anunció que esto podría desembocar en una solicitud de extradición contra el ministro Uribe y su juzgamiento en Venezuela.
Al final de la tarde los periodistas se agolpaban en la Casa de Nariño esperando un pronunciamiento del Presidente o de la Canciller. Los minutos pasaban y la puerta del pequeño salón continuaba cerrada. La gente expresaba su respaldo a Uribe. ¿Cómo la captura de un pez gordo de las Farc tenía tambaleando las relaciones con Venezuela? La opinión más calificada pedía calma. Aunque pocos apostaban por unas disculpas que humillarían a Colombia, muchos pensaban que se buscaría un diálogo y un mecanismo expeditos para aclarar lo sucedido, asumir responsabilidades mutuas y proteger las relaciones tan importantes para ambos países.
Por eso cayó como un baldado de agua fría la respuesta de la Presidencia. A las siete de la noche el jefe de prensa de Palacio, Ricardo Galán, leyó un escueto comunicado en el que, en lugar de responder los reclamos de Chávez, el gobierno le daba un viraje al debate, dejando entrever que Venezuela es, por lo menos, negligente a la hora de cooperar en la lucha contra el terrorismo. En nueve puntos el gobierno colombiano no sólo se ratificó en que no violó la soberanía del vecino país y en la legitimidad de haber ofrecido recompensas por Granda, sino que insinuó que Venezuela habría violado la resolución 1373 de la ONU que prohíbe a los estados «albergar a terroristas de manera activa o pasiva». Al final, dejó un resquicio para el diálogo: la creación o reactivación de un mecanismo binacional para examinar los hechos. La respuesta dejó boquiabiertos a Chávez y a muchos que esperaban una actitud más autocrítica de parte de Colombia. Esa misma noche el Presidente venezolano se pronunció diciendo que «el delito no se combate con más delito». Sin embargo el sábado, el presidente Uribe le dio un giro a su posición y le propuso a Chávez, a través de los medios, una cumbre presidencial para tratar este conflicto en un marco global: la lucha contra el terrorismo.
El presidente Álvaro Uribe interrumpió su primer consejo de ministros de 2005, cuando supo que Chávez había retirado indefinidamente a su embajador hasta recibir una explicación y una disculpa del gobierno colombiano por sus actuaciones en el caso del guerrillero Granda
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, habló conmovido ante la Asamblea Nacional. Dijo que el gobierno colombiano había incitado al delito a los militares venezolanos al pagarles una millonaria suma para secuestrar a Granda, violando la soberanía de su país que él representaba
¿Cómo estalló la crisis?
El 15 de diciembre el comandante de la Policía de Colombia, general Jorge Daniel Castro, le informó al país que después de una ardua labor de inteligencia sus hombres habían capturado en Cúcuta a Rodrigo Granda, vocero internacional de las Farc. Un hombre hasta ese momento desconocido para los colombianos pero que tenía festejando a los organismos de inteligencia dado su perfil dentro del movimiento guerrillero. A pesar de que al otro día ya circulaban en los medios de comunicación versiones de que el guerrillero había sido capturado en Caracas, el episodio se fue apagando en medio de las fiestas navideñas.
Sin embargo algunas organizaciones nacionales e internacionales de izquierda (incluido el famoso lingüista Noam Chomsky) empezaron a presionar al gobierno venezolano para que se pronunciara sobre la captura ilegal de Granda en ese país. Para entonces ya diversos portales de Internet contaban con detalle cómo Granda, después de haber participado en dos eventos públicos del chavismo, había sido retenido el 13 de diciembre a las cuatro de la tarde en las afueras de la cafetería de la Clínica Razzetti, en una concurrida calle de Caracas. Decenas de testigos describieron los hechos. Y con estos argumentos las Farc, el 2 de enero publicaron un comunicado donde le pidieron explicaciones al gobierno de Chávez. A pesar de que el embajador de Venezuela en Colombia dijo que su gobierno no le respondería a la guerrilla, dos días después -el 4 de enero- el ministro del Interior del vecino país, Jesse Chacón, dio una rueda de prensa y abrió una caja de Pandora donde las mentiras y las verdades a medias de ambos países no han parado.
El rifirrafe a lo largo de estas semanas se centró en tres temas: por qué y en qué calidad estaba Granda en Venezuela; si el guerrillero fue detenido o secuestrado y, por último, si hubo violación de la soberanía de Venezuela por parte de Colombia.
Fueron las Farc las que en su comunicado de enero afirmaron que Granda estaba en Venezuela participando en el Congreso Bolivariano de los Pueblos antes de ser secuestrado. El ministro del Interior de Venezuela negó esta versión pero horas después tuvo que corregirse y admitir que el guerrillero sí había participado en el evento, aunque no de manera oficial. De inmediato diputados opositores del gobierno denunciaron la complacencia de Chávez con las Farc. Presentaron evidencias de que Granda había sido naturalizado en Venezuela en julio pasado, que estaba inscrito en el censo electoral y que el guerrillero y su familia vivían en ese país desde tiempo atrás. Incluso se trajo de nuevo a colación un episodio ocurrido hace tres años cuando el entonces ministro del Interior, Ramón Rodríguez Chacín, facilitó la entrada de la esposa e hija del guerrillero, quienes tenían problemas con la inmigración en el aeropuerto de Caracas. El gobierno de Chávez intentó desvirtuar estas versiones con el argumento de que Granda había sacado su cédula con papeles falsos. Pero no lo logró. Quedó claro entonces que Granda viajaba habitualmente a Venezuela y realizaba con tranquilidad su actividad de proselitismo político a favor de las Farc.
«Compartimos y apoyamos ciento por ciento la declaración de Uribe», dijo en la tarde del sábado el embajador de Estados Unidos en Bogotá, William Wood, al expresar el total respaldo de su país a Colombia y al tiempo exigir al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, «definir una postura frente a las Farc»
A medida que esta situación se hacía más nítida, el gobierno venezolano puso el foco en un tema aún más espinoso: cómo se hizo la captura de Granda. Era claro que el guerrillero había sido detenido en Caracas y llevado de manera clandestina hasta Cúcuta donde fue oficialmente detenido por la policía colombiana. Estos irrefutables hechos no sólo eran conocidos por los gobiernos de ambos países sino que ya le daban la vuelta al mundo a través de todos los medios de comunicación. Sin embargo, tanto el comandante de la Policía como el Ministro de Defensa de Colombia insistían en la pueril versión de que Granda había sido capturado en Cúcuta. En su tradicional alocución de ‘Aló Presidente’, Chávez calificó a la policía colombiana de mentirosa y de estar engañando al presidente Uribe, a quien instó a aclarar este episodio. Al día siguiente Chávez rectificó y dijo que si la policía colombiana no había entrado a Venezuela para llevarse a Granda, tenía la obligación de decir quién se lo entregó en la frontera. Y agregó, como para ponerle más sal a la herida, que el nombre de Rodrigo Granda sólo se incluyó en la lista de la Interpol el 9 de enero, es decir, 25 días después de su captura.
El 11 de enero, cuando ya se cumplía una semana de encarnada polémica, el diputado chavista Luis Tascón reveló el dato que empezaría a desenredar la hollywoodesca historia de Granda. Tascón dijo que un oficial colombiano «ofreció a cazarrecompensas venezolanos un millón y medio de dólares» por el secuestro y traslado del guerrillero de las Farc hasta Cúcuta donde fue capturado de manera oficial. Al día siguiente el gobierno colombiano respondió dándole parcialmente la razón al diputado. El ministro de Defensa de Colombia, Jorge Alberto Uribe, admitió que «pagamos la recompensa una vez recibimos a este señor en Cúcuta. ¿Quiénes lo entregaron? No es del caso dar esa información». Así, el gobierno aceptaba en la práctica que sí hubo secuestro, pero que Colombia no había violado la soberanía venezolana. La razón era simple: quienes habían raptado a Granda en las calles de Caracas eran venezolanos. Concretamente, policías y militares venezolanos, quienes habían recibido una millonaria suma de dinero por ello. No obstante para Venezuela el tema pasó a un terreno de dignidad y soberanía.
El jueves pasado el ministro del Interior, Jesse Chacón, confirmó que el gobierno había detenido al comandante del grupo Gaes de la Guardia Nacional, teniente coronel José Quintero Aguilar; un oficial subalterno y tres guardias nacionales, y tres oficiales del Ejército. Dio detalles desconocidos del secuestro de Granda como que fue llevado en una camioneta jeep de color verde, de placas GAU58S por la ruta Caracas, Aragua, Carabobo, Cojedes, Portuguesa, Barinas y Táchira hasta Colombia. Luego enseñó una foto del director del Gaula en Norte de Santander, capitán Francisco Rojas, a quien acusó de haber recibido al guerrillero. Esto último fue desmentido por la policía colombiana, la cual dijo a SEMANA que le parecía insólito que vincularan a ese capitán colombiano, que lo único que hizo era coordinar el rescate de una ciudadana venezolana que había sido secuestrada.
Los militares y policías venezolanos detenidos en Caracas fueron interrogados durante varias horas en la Dirección de Inteligencia Militar (DIM). Fuentes extraoficiales le confirmaron a SEMANA que en la tarde del jueves estuvieron en esa dependencia miembros de la Casa Militar, el entorno de seguridad que custodia a Chávez. Ello indicaría que el propio Presidente acudió en persona a los interrogatorios.
El viernes Chávez no sólo amaneció con el dolor de saber que sus hombres habían sido sobornados. Tenía presiones de los chavistas que pedían respeto a la soberanía y de los antichavistas que estaban a la caza de más pruebas sobre la connivencia de su gobierno con la guerrilla de las Farc. Como por ejemplo, de Julio Borges, diputado opositor, quien dijo a SEMANA que «este es un foco equivocado del problema porque se desvía la atención hacia si fue o no un secuestro, cuando el foco debe estar en la beligerancia que tenía Granda en Venezuela. Este señor podía circular, votar y participar en cuanto acto político bolivariano se organizara. Chávez debe decir la verdad detrás de este asunto».
A ello se sumó el editorial publicado ese día por el influyente diario The Washington Post en el que se va lanza en ristre contra Chávez su política de tierras y de orden público. Critica su acercamiento a países como Irán, Rusia, China y Cuba, y su interés en potenciar su armamento. Y va más allá cuando dice que «una generación atrás, tales acontecimientos en un país tan importante de América Latina habrían inspirado la intervención severa y eficaz de los Estados Unidos. Hace una década, otros gobiernos latinoamericanos se habrían reunido para rescatar la democracia venezolana. En el mundo posterior al 11 de septiembre, allí no ha habido virtualmente ninguna reacción».
Todo ello hizo que Chávez adoptara la medida drástica de retirar al embajador y suspender ciertos negocios de Colombia. E instara a Uribe a unas disculpas que nunca llegaron.
La bola de nieve
En el enfrentamiento entre los dos presidentes de los países vecinos se chocaron dos lógicas políticas opuestas: el nacionalismo de izquierda de Chávez contra el pragmatismo derechista de Uribe, sintonizado con la idea de Bush de que la lucha contra el terrorismo debe ser global y extraterritorial. Por eso Chávez en su retórica patriota se centra en la violación de la soberanía venezolana por parte de las autoridades colombianas, con la ayuda de agencias estadounidenses. Uribe, en cambio, pone el foco la complicidad del gobierno venezolano con el terrorismo.
De ahí que Uribe no haya respondido al debate tal y como lo propone Chávez. Por eso, el escueto comunicado del Palacio de Nariño quiso trasladar la controversia de un problema de violación a la soberanía de Venezuela a la amenaza a la seguridad nacional de
Colombia. Según queda claro en la misiva, para Uribe el gobierno venezolano no está colaborando en la lucha global contra el terrorismo y, en concreto, en el esfuerzo de los colombianos por erradicar el flagelo de la guerrilla. Y, para legitimar su posición, se ampara en las resoluciones de la ONU en las que los Estados deben impedir la libre circulación de terroristas, colaborando eficazmente con información entre los diferentes gobiernos.
La posición del gobierno de Uribe contó con el íntegro respaldo de Estados Unidos. En efecto, el embajador de ese país en Bogotá, William Wood, dijo en la tarde del sábado que apoyaba «ciento por ciento a Uribe», al tiempo que le exigió a Chávez «definir su postura frente a las Farc».
Los rumores de la cercanía entre Chávez y las Farc han ido socavando la confianza colombiana en la voluntad de cooperación del vecino en materia de seguridad. En medio de la adrenalina del lío diplomático de la semana hasta salió a flote el episodio del guerrillero José María Ballestas, quien secuestró un avión de Avianca con 46 personas a bordo en 1999 y, que pesar de haber sido requerido por el gobierno colombiano, sólo pudo ser extraditado nueve meses después, cuando Colombia reveló un video que demostraba que el guerrillero estaba en Venezuela. En esa ocasión el entonces ministro de Defensa, José Vicente Rangel, negó hasta el cansancio que Ballestas estuviera en su país.
Por eso no es de extrañar que a Uribe le preocupe que justo cuando su política de seguridad democrática está dando resultados y se está enfocando en la captura de los jefes, estos se refugien impunemente en Venezuela.
Pero ¿justificaba esta desconfianza en la colaboración de Chávez que el gobierno colombiano apelara a una fórmula tan cuestionable, que incluso pusiera en riesgo las relaciones con Venezuela, como la de pagarle a funcionarios venezolanos una recompensa para que raptaran a un guerrillero en las calles de Caracas?
Para Chávez definitivamente no. Por eso reaccionó tan fuerte. El análisis más simplista de la radical reacción de Chávez es que esta es la prueba reina de que el gobierno de Venezuela tiene vínculos con la guerrilla colombiana. Pero en el caso Granda hay mucho más en juego y la enérgica decisión de Chávez no se puede interpretar como una torpe defensa de las Farc.
Para Chávez dejar pasar semejante precedente, que otro país venga y se lleve a quien quiera por la fuerza, pagándole a sus propios hombres, sin acudir a ningún canal diplomático regular, es un grave riesgo para su futuro dada la virulenta oposición que enfrenta en casa y su enfrentamiento con Estados Unidos.
«Creo que es el impasse más grave de los últimos años entre Venezuela y Colombia por el mal precedente que siembra, dijo a SEMANA Tarek
William Saab, un caracterizado chavista, ex presidente de la comisión de relaciones exteriores de la Asamblea venezolana. Si se imponen estas cosas se impone la ley de la selva. Mañana viene Estados Unidos y se lleva a cualquiera, o en Colombia a cualquier sindicado de narcotráfico ¿Qué hacemos? ¿Cómo reaccionaría Colombia?».
Esto último explica el porqué del ultimátum de Chávez que llevó la crisis al extremo. Sin embargo el presidente venezolano, en gran parte por su buena relación personal con el presidente Uribe, pero también porque las dos naciones tienen una interdependencia económica y comercial, dejó abierta una puerta para el diálogo. Y después de un intento poco exitoso del gobierno de Uribe de darle un giro al debate, defendiéndose con una acusación, el presidente colombiano finalmente accedió a hablar del tema con Chávez en un escenario amplio. Ambos gobiernos tendrán que darse muchas explicaciones para reconstruir una relación vital para ambos países.
Uribe tiene que reconsiderar este tipo de aventuras extraterritoriales que son un búmeran para su política de seguridad y Chávez debe demostrar, de una vez por todas, que no protege guerrilleros en Venezuela.
