ALEXANDRA OLSON
Associated Press
PUERTO ESPAÑA, Trinidad (AP) – Ministros y jefes de seguridad de 34 países de América se reunieron el miércoles en esta isla caribeña para analizar la lucha contra el terrorismo en la región.
Uno de los puntos principales es la preocupación estadounidense sobre la existencia de grupos ilegales cuyas actividades podrían estar generando ingresos millonarios que son desviados a milicias islámicas.
Otras de los temas que serán abordados en la conferencia de tres días sobre antiterrorismo, patrocinada por la Organización de Estados Americanos, serán el lavado de dinero, el intercambio de inteligencia y la forma de dificultar la producción de documentos falsos.
Existen temores de que terroristas estén utilizando el triángulo fronterizo de Argentina, Brasil y Paraguay «como una zona de tránsito, de descanso y distensión», dijo Richard Bloom, director de estudios sobre el terrorismo en la Universidad de Arizona.
Estados Unidos sospecha que decenas de millones de dólares que se generan del narcotráfico y contrabando de armas, se desvían de ese triángulo a grupos islámicos como Hamas y Jezbolá.
Las autoridades de esos países, especialmente en Paraguay, el más pobre de los tres, apuntan a que no cuentan con suficientes fondos para cortar la financiación a los terroristas.
Por otra parte, los países caribeños no han podido detener la emisión y comercio de documentos de identidad falsos. Los pasaportes de antiguas colonias británicas en el Caribe son particularmente atractivos para los terroristas, puesto que no requieren de visa para entrar en países de la Unión Europea o a naciones de la Comunidad Británica, como Canadá.
Previo a los ataques del 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos, la preocupación regional era que estos documentos falsos cayeran en manos de inmigrantes ilegales, narcotraficantes u otro tipo de delincuentes. Pero ahora el miedo es que los terroristas se hagan con ellos.
Por ello, el subsecretario de Seguridad de Estados Unidos, Asa Hutchinson, explicó la necesidad de incluir datos biométricos en los documentos de identidad. Los críticos aseguran que dicha medida permitiría al gobierno fisgar en la vida de sus ciudadanos.
