GIULIANA CHIAPPE
EL UNIVERSAL
Guanayén queda muy al sur de Aragua. Era un poblado pequeño y discreto, incluso para tragarse los abusos que se cometían contra sus habitantes. Hasta ahora.
El jueves 17 de febrero, la poca gente que vive en Guanayén, acostumbrados a verse unos a otros, se sorprendió con la llegada de una comisión procedente de Maracay. Entre ellos se encontraba la directora de Inspectoría de la Policía Estatal de Aragua, María del Valle Roversi, la fiscal 20 de Derechos Fundamentales, Rosa Biblia Giovanni, y Sara Mier y Terán, de la asociación civil Vida, Paz y Libertad, que asiste a los familiares de las víctimas.
El motivo de la inusual visita provocó intensos corrillos entre los asombrados pobladores de Guanayén: buscaban a los policías de la inspectoría, única autoridad del poblado, para tomarles declaración sobre la muerte de Rigoberto, el cuarto miembro de la familia Barrios que había caído por acción policial. Y mientras dure la investigación, el comisario y algunos policías implicados tendrán que prestar servicio en algún otro comando, lejos del pueblo. Además, interrogaron a testigos del suceso y a familiares del joven de 16 años, asesinado hace apenas un mes.
Rigoberto y sus tres tíos, Benito, Narciso y Luis Alberto, son sólo cuatro de los 1.150 muertos que se anotan los cuerpos policiales de Aragua, en aparentes enfrentamientos policiales, por abuso de poder o por uso excesivo de la fuerza, desde 1998. La Fiscalía de Derechos Fundamentales de Aragua ha recibido denuncias, según el último reporte, por 600 de estos casos. 90% imputa a la Policía Estatal de Aragua. En este macabro porcentaje entra la familia Barrios.
El traslado de la comisión a Guanayén obedece a algo más que simples investigaciones: a un exhorto de la Comisión de los Derechos Humanos del Consejo Legislativo, que preside el diputado Ramón Rengifo, ya que a Rigoberto Barrios lo mataron a pesar de estar «amparado» por una medida de protección dictada por un tribunal, que no se cumplió y pese a que denunció ante la dirección de Inspectoría de la Policía de Aragua las amenazas que había recibido por parte de los uniformados. Lo más grave es que el expediente que se abrió, el 7 de marzo de 2004, en la Policía de Aragua por las amenazas recibidas, está desaparecido.
La CIDH está pendiente
Ya el caso saltó las fronteras venezolanas y está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.
Luis Aguilera, representante de la comisión Justicia y Paz, denunció la actitud de la fiscal superior de Aragua, Olga Adames, por «negligencia» ante la comisión interamericana, por el incumplimiento de la medida de protección a Rigoberto Barrios. Según se pudo conocer, la Corte Interamericana podría citar a algunos de los involucrados en el caso, en el segundo trimestre del año y en la sede de la comisión, en Costa Rica.
Sara Mier y Terán, de la asociación Vida, Paz y Libertad, quien acompañó a Rigoberto Barrios y a su primo Jorge Barrios a denunciar a los policías que los amenazaban, ha informado a la directora de la Inspectoría de la Policía de Aragua, María del Valle Roversi, que se constituye en «la principal testigo de los derechos ejercidos por Rigoberto». La exhortó a abrir una averiguación interna por la desaparición del expediente y a remover a todos los policías de ese comando y tomar declaración a imputados y testigos.
Catorce muertos en enero
La Policía mató a 14 personas, en Aragua, en los 31 días de enero. E hirió a dos más. Y, de paso, nueve personas murieron en forma violenta, sin que se conozcan los autores, y se encontraron seis cadáveres, de personas que fueron asesinadas de diferentes maneras.
De los quince, ocho murieron por acciones del cuerpo policial de Aragua; cuatro, en supuestos enfrentamientos con funcionarios de la policía científica y dos por guardias nacionales. Los heridos también son responsabilidad de la Policía Estatal de Aragua.
Sara Mier y Terán atribuye los muertos por enfrentamiento con policías estatales a «abuso de poder y ejecuciones». Estos 14 muertos de enero se suman a los 1.150 que han fallecido, en situaciones similares, desde agosto de 1998.
Como el resto de las víctimas, la mayoría suelen ser varones, jóvenes y de escasos recursos. En varios casos se han producido situaciones irregulares, que denuncian los familiares de las víctimas.
Uno de estos casos fue el de Juan Carlos Gutiérrez, de 23 años. Su hermana, María Isabel Gutiérrez, denunció que al momento de ser detenido al joven lo alcanzó un disparo policial. Sin embargo, se lo llevaron caminando. Cuando acudió al hospital donde se suponía que lo habían recluido, no lo encontró. Estaba en la morgue, con dos disparos más: uno en la frente y otro en el rostro.
Joseph Steven Bolívar Martínez, de 19 años, fue reportado por la Policía como muerto en «accidente de tránsito», el 20 de enero de este año. Pero debe haber sido un atropellamiento muy particular pues, según sus familiares, apareció en la avenida Los Aviadores con perforaciones de bala y las manos trituradas. El hecho fue denunciado ante la Fiscalía 20 de Aragua.
El de Héctor Rafael Bolívar, de 37 años, es otro caso extraño. El 23 de enero, su hermano recibió un mensaje de celular que le informaba que se encontraba detenido en el comando policial de La Victoria. Posteriormente, apareció en un terreno baldío, donde presuntamente cayó abatido por haber robado un automóvil, pero presentaba varios disparos y moretones. Ante las incongruencias que perciben, los familiares decidieron denunciar el caso.
En la lista de los muertos de enero, por disparos provenientes de la Policía del Estado Aragua, se encuentran Dámaso Infante, Angel López, Luis de La Hoz, de 32 años; Rigoberto Barrios, de 16 y Miguel Aponte, de 41, además de los mencionados Juan Carlos Gutiérrez, Joseph Steven Bolívar y Héctor Bolívar Martínez. En supuesto enfrentamiento con la Cicpc aparecen Rafael Ortega, de 31 años; Carlos Alberto Gutiérrez, de 43; un fallecido sin identificar y Crisol Daniel Azuaje, de 19 años. A la GN se le imputa la muerte de Carelis Alexander Salas, de 16 años y Julio Llevano Zapata, de 17.
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Cifras que importan
Entre agosto de 1998 y diciembre de 2004, han muerto 1.150 ciudadanos a manos de fuerzas policiales del Estado Aragua. El perfil común de la mayoría de víctimas es que son hombres, con edades entre 14 y 25 años, sin antecedentes penales y de origen humilde. Muy pocos presentan un solo disparo en el cuerpo. Una denuncia común que realizan los familiares de los fallecidos es que fueron «acribillados» por la espalda o cuando se encontraban tendidos en el suelo. Las zonas de mayor riesgo parecen ser Cagua, San Mateo, Guanayén y Zuata.
A través de Amnistía Internacional, en el año 2003, la Fiscalía General de la República recibió 700 cartas provenientes de todo el mundo, exigiendo que se investigara el asesinato de la joven Enmary Dahiana Cava, quien denunciaba el asesinato de su novio y parte de su familia, de apellido Díaz Loreto, por parte de la Policía, en el sector La Segundera de Cagua. Se decidió la designación de una fiscal de Derechos Fundamentales del Estado Aragua, Rosa Biblia Giovanni.
Desde que comenzó a funcionar, la Fiscalía de Derechos Fundamentales de Aragua, a cargo de Rosa Biblia Giovanni, ha recibido 600 denuncias por presuntos abusos policiales, que derivaron en ajusticiamientos y muertes por uso excesivo de la fuerza.
La mayoría de muertos en presuntos enfrentamientos se le imputan a la Policía Estatal de Aragua. Hasta el año pasado y según registros de la asociación civil Vida, Paz y Libertad, cerca de 87% de los casos son responsabilidad de la Policía Estatal de Aragua; 6,4% del Cicpc; 2,8% de la Policía Municipal de Sucre, en Aragua, y 0,7% de la Guardia Nacional, más 2,1% por acciones conjuntas de la policía científica y la estatal. En supuestos asesinatos por uso excesivo de la fuerza, 80% se anota bajo responsabilidad de la Policía de Aragua y veinte por ciento del Cicpc.
En el mes de enero de 2005, murieron 14 personas en presuntos enfrentamientos con los cuerpos policiales de Aragua; ocho de ellas por funcionarios estatales; cuatro por policías científicos y dos por la Guardia Nacional. _GCH
