GONZALO GUILLEN/El Nuevo Herald
BOGOTA
La jefatura colegiada nacional de los paramilitares amenazó ayer al Presidente Alvaro Uribe con suspender el actual proceso de paz y »quedarnos en el monte de cara a la guerra y a la muerte» si permite que el Congreso apruebe una ley de justicia y paz que signifique para esas fuerzas de extrema derecha «un proceso humillante de sometimiento a la justicia».
Luis Carlos Restrepo, Alto Comisionado de Paz del Presidente, contestó con una corta declaración según la cual no acepta »ningún tipo de presión contra el Congreso, los medios de comunicación, ni contra el ejecutivo» y les concedió »cinco días para abandonar, con garantías» la zona desmilitarizada del norte de Colombia en donde se encuentran concentrados los jefes paramilitares «en caso de tomar la decisión de romper las conversaciones en marcha».
»El proyecto (de ley) no ha sido, ni será tema de negociación con las organizaciones armadas ilegales. Resulta inconveniente que voceros de las autodefensas insinúen amenazas de ruptura de la mesa de diálogo, en el momento en que se adelanta un debate democrático y transparente en torno a este tema», sostuvo Restrepo, quien recientemente renunció a su cargo alegando, »a título personal», estar en desacuerdo con los términos del proyecto de ley del Gobierno pero aceptó quedarse por petición expresa de Uribe.
En Miami, el vicepresidente Francisco Santos restó importancia a la amenaza argumentando que las palabras «también son instrumento de guerra».
»Ellos dicen que no son una fuerza derrotada, que pueden irse de la mesa, yo no creo eso, yo creo que su proyecto terminó, no tiene viabilidad en el futuro», dijo Santos, durante un foro en la Universidad de Miami. «No están negociando por queridos, por nacionalistas, no, primero porque les hemos dado más duro que nunca y negocian también por la amenaza de la extradición, que es importantísima».
En su comunicado de ayer, la cúpula paramilitar, encabezada por Ernesto Báez, Ramón Isaza Arango y Julián Bolívar, sostiene que el proceso de paz que comenzó el año pasado »pende de un hilo» y explica que «nos aproximamos al punto de bifurcación del camino: desmovilización total o ruptura definitiva».
Los paramilitares alegan que »hemos hecho entrega de un enorme y costoso arsenal de guerra» y «no nos quedará dolor atrás, ni culpabilidad alguna en el evento indeseable de un rompimiento del proceso. Tenemos toda la voluntad para llevar a puerto seguro esta negociación, pero no se nos puede seguir tratando como a potenciales reos sometidos a la justicia».
Actualmente cursan en el Congreso seis proyectos para una ley que le conceda marco jurídico a las negociaciones de paz con los grupos alzados en armas.
Todos los proyectos presentados para debate en sesiones extraordinarias convocadas desde el pasado martes por el Presidente contemplan penas de cárcel para quienes hayan incurrido en crímenes de lesa humanidad. También proponen mecanismos de confesión de crímenes a cambio de beneficios y la obligación de indemnizar a los inocentes que han sido víctimas de sus tropelías.
Los paramilitares se quejan porque «no hemos buscado, no hemos consultado, no hemos propuesto, no hemos participado, no hemos intervenido en nada, absolutamente nada, de lo que tenga que ver con el marco legal del actual proceso de paz».
Los principios de justicia, reparación y paz están presentes en todos los proyectos y son exigidos por las leyes y la comunidad internacional.
La mayor parte de los jefes paramilitares están pedidos en extradición por Estados Unidos, acusados de narcotráfico, y además que no querer ir a la cárcel después de su rendición, esperan que Uribe se comprometa a no entregarlos a otros países.
Los paramilitares aseguran que »nunca antes las negociaciones de paz habían estado en un punto más crítico como ahora», aseguran los paramilitares.
El gobierno »busca un proyecto que no es sometimiento a la justicia, sino incorporación a la vida civil, pero no que permita la impunidad», coincidieron en señalar ayer el Presidente Uribe y su ministro del Interior y de Justicia, Sabas Pretelt.
En una columna del Comisionado de Paz publicada ayer por El Nuevo Herald, «para hacer más eficaz la desmovilización se está tramitando en el Congreso un proyecto de ley de justicia y paz que permita conceder algunos beneficios a guerrilleros o autodefensas (paramilitares) que, siendo responsables de delitos graves, contribuyan de manera eficaz al desmantelamiento de sus organizaciones armadas».
Restrepo agregó que »se establece que deben pagar una pena básica de cárcel, entregar todos los bienes adquiridos de manera ilícita y reparar a las víctimas» y advirtió que «cualquier reincidencia delictiva conllevará pérdida inmediata de los beneficios».
Durante las actuales negociaciones los paramilitares han desmovilizado unos 4,800 de sus 20 mil hombres, incluido su jefe militar Salvatore Mancuso, quien no firmó el comunicado de ayer y actualmente se mueve por el país con escoltas oficiales y en aviones del gobierno.
El reportero Gerardo Reyes contribuyó a esta historia desde Miami
