KIM HOUSEGO
Associated Press
BOGOTA – El comandante de las fuerzas armadas, general Carlos Alberto Ospina, negó la participación de militares en la masacre de ocho campesinos, incluidos cuatro menores, en zona rural de una apartada localidad al noroeste de Colombia.
Ospina rechazó de «manera categórica y enfática las sindicaciones ligeras y sin fundamento que se han lanzando contra el ejército en relación a los hechos recientemente sucedidos en San José de Apartadó».
A los militares les resulta sospechoso que un comunicado sin firma denuncie la masacre de ocho personas que se encuentran descuartizadas en una fosa común, cuando expertos de la Fiscalía afirman que la fosa no había sido abierta después de enterrados los cuerpos.
En rueda de prensa Ospina aseguró que los adultos hallados en la fosa tenían problemas con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la mayor insurgencia de este país.
La matanza hace pensar que esta organización insurrecta está copando el territorio que antes era dominado por los grupos paramilitares que se encuentra en negociaciones de paz y desmovilización con el gobierno.
Horas antes, el ministro de Defensa, Jorge Alberto Uribe, rechazó las mismas acusaciones.
«La información que tenemos hasta ahora es que las fuerzas armadas no fueron responsables», dijo Uribe a los periodistas. «Los soldados que estaban más cerca estaban a tres o cuatro jornadas de ahí».
Las Naciones Unidas han solicitado a las autoridades investigar los asesinatos ocurridos en San José de Apartadó, un poblado del departamento de Antioquia cerca de la frontera con Panamá, que fue declarado una «comunidad de paz» siete años atrás por funcionarios locales en un intento de vedar el ingreso de los grupos armados ilegales.
Grupos de locales de derechos humanos, representantes de la Iglesia Católica y una ex alcaldesa de Apartadó que han investigado la masacre, aseguraron que los habitantes les dijeron que sólo vieron ingresar al pueblo a miembros de la brigada XVII del ejército, que tiene sede en el cercano municipio de Carepa.
«Hemos reunido suficientes testimonios que muestran que los miembros de la brigada 17 fueron responsables del crimen», dijo a la prensa Elkin Ramírez, un abogado de derechos humanos.
«Fue la fuerza pública que entró esos días y todavía permanece ahí», sostuvo el sacerdote Javier Giraldo, del Centro de Investigaciones CINEP, que tiene un extenso trabajo en esta zona y ha impulsado la organización de la sociedad civil en la región.
Un intensa disputa entre los rebeldes izquierdistas y los grupos paramilitares ha marcado por años la región, un corredor estratégico para el tráfico de drogas y armas con Centroamérica.
La oficina de derechos humanos de Naciones Unidas en Colombia aseveró en un comunicado el lunes por la tarde que entre las víctimas había un niño de dos años y tres menores de edad más, quienes fueron asesinados ocho días atrás con machetes y armas de fuego.
Un vocero de la fiscalía general afirmó el martes que un equipo de forenses se encuentra en Apartadó investigando la masacre.
Uribe calificó las acusaciones como un esfuerzo de los opositores del gobierno para desacreditar a las fuerzas armadas.
Activistas de derechos humanos y congresistas opositores frecuentemente acusan a los militares de cometer abusos contra la población civil en el marco de la guerra contrainsurgente que se extiende por 40 años con miles de muertos.
En septiembre, la fiscalía general ordenó el arresto de tres soldados por la muerte de tres sindicalistas.
