El precio del perdón

La decisión tomada por los representantes del banco Riggs, en el sentido de indemnizar con 9 millones de dólares a las víctimas del régimen del ex dictador chileno Augusto Pinochet en una querella por genocidio y otros delitos que se ventila en la Audiencia Nacional de España, demuestra que en cuestiones de lavado de dinero los tiempos definitivamente están cambiando.
La noticia nos llegó a finales de febrero a través del diario La Nación de Santiago. El texto firmado por Jorge Molina indica entre otras cosas que esta fortuna será repartida a través de un fondo entre las personas admitidas como querellantes en el proceso seguido por el magistrado Baltazar Garzón contra el general retirado por los delitos de genocidio, terrorismo, torturas, alzamiento de bienes y lavado de dinero. El daño, según la nota periodística, fue calculado en más de 1,4 millardos de euros.
Los detalles del expediente instruido contra Pinochet en la Audiencia Nacional española no son conocidos en su totalidad, pues en términos estrictos este proceso penal está en su fase preliminar. Mientras tanto, el general retirado afronta en Chile las numerosas causas iniciadas en su contra, y no sería descabellado afirmar que –salvo algún hecho sobrevenido- él pasará el resto de sus días en su país natal tratando de zafarse del acoso judicial planteado por los numerosos crímenes que le atribuyen.
Los dueños de Riggs, por lo tanto, tratan de curarse en salud ante lo que podría ser una interminable cadena de litigios. El origen del asunto es muy simple: los agentes de la entidad financiera convencieron a Pinochet para que, directamente y a través de personas interpuestas, depositara millonarias sumas en dólares. El origen de este dinero es, por decir lo menos, sospechoso.
En un principio, uno podría pensar que los oficiales de cuenta de ese banco no tenían la misión de evaluar si Pinochet era un dictador o un violador de derechos humanos. Cuando toda esta trama financiera empezó, en 1994, el asunto como que no era muy importante en países como Chile donde apenas retornaba la democracia. Pero la conducta dolosa de los representantes de la entidad quedó en evidencia al comprobarse que las cuentas del general retirado siguieron moviéndose a pesar de que había una orden internacional emitida por Garzón encaminada a congelarlas.
Riggs es uno de los bancos más importantes del área de Washington. La información divulgada a través de su página web indica que durante sus 167 años de historia ha logrado establecer más de 51 sucursales. Ha acumulado activos por más de 6,4 millardos de dólares y tiene más de 1400 empleados. ¿Cómo es que una entidad con estas características, en plena capital de Estados Unidos, se aventuró a ocultar los fondos de un elemento que se había colocado al margen de la ley? No hay dudas de que el respaldo otorgado a Pinochet por el gobierno estadounidense tras el golpe que derrocó a Salvador Allende en 1973 pudo hacerle pensar a los gerentes de Riggs que las operaciones con la dictadura chilena tenían bajos niveles de riesgo. Pero en el largo plazo esta evaluación ya le ha costado a la entidad financiera más de 25 millones de dólares, unido a un colosal desprestigio. Cabe recordar que a los 9 millones de dólares otorgados a las víctimas hay que sumar otros 16 millones, consecuencia de una multa impuesta por el Departamento de Justicia estadounidense por «transferir grandes cantidades de dinero de una forma muy sospechosa”, y no cumplir con el deber de informar a las autoridades.
El punto en discusión no es aquí la justeza de la indemnización acordada para las víctimas aún con vida y para los deudos de los chilenos ultimados en el desarrollo de la operación Cóndor y otras manifestaciones de la represión dictatorial. Ese punto no admite análisis pues la vida humana no tiene precio. Lo más importante es que los componentes del sistema financiero entiendan de una vez por todas que, después del 11 de septiembre de 2001, hay un consenso internacional para perseguir a quienes otorguen una plataforma a las operaciones financieras destinadas a ocultar el dinero usado para las operaciones terroristas y otros delitos de lesa humanidad.

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