BOGOTÁ – La justicia de Estados Unidos respetará los derechos de los ciudadanos colombianos enviados en extradición a ese país y para tal efecto las dos naciones renegociaron los términos de un acuerdo vigente, dijo este viernes el Gobierno de Bogotá.
”Colombia renegoció con Estados Unidos las garantías (a los extraditados colombianos). Son unas garantías muy precisas de que a ningún colombiano se le puede imponer cadena perpetua, ni pena de muerte, ni tratamientos inhumanos”, dijo el ministro del Interior y de Justicia, Sabas Pretelt de la Vega.
El funcionario desestimó denuncias de la defensa del capo Miguel Rodríguez Orejuela -número dos del Cartel de Cali, extraditado este viernes-, en el sentido que la justicia estadounidense está violando los derechos a los colombianos, entre ellos los de Gilberto Rodríguez, máximo jefe de esa organización.
”Una vez el Gobierno firma la resolución de extradición se reciben las garantías del Gobierno norteamericano en el sentido de que respetará lo establecido en dicho documento. El Gobierno siempre está vigilando que se cumplan dichas garantías”, añadió el funcionario.
Pretelt de la Vega señaló que a la embajada de Estados Unidos en Bogotá “se le ha exigido que se cumplan las condiciones establecidas en las resoluciones de extradición, tanto así que se acabó de modificar las garantías para que sean más estrictas en su redacción”, dijo.
Este viernes, la defensa de Miguel Rodríguez -el extraditado número 260 en lo que va del gobierno de Uribe- denunció que para el Gobierno colombiano priman las peticiones de Estados Unidos sobre la legislación interna.
El abogado Jorge Luis Gutiérrez se declaró sorprendido porque el Gobierno no tuvo en cuenta “los serios argumentos de la defensa” para evitar la extradición de su cliente. “Aquí priman las peticiones del país extranjero sobre la ley colombiana”, aseguró.
Para el jurista, el presidente no tenía la facultad de avalar la extradición del confeso narcotraficante porque éste aún no ha cumplido la totalidad de su condena en Colombia.
Además, Gutiérrez señaló que tanto a Gilberto Rodríguez Orejuela como a otros extraditados se les viola el derecho a un debido proceso en Estados Unidos.
Según el abogado, “no es posible que registrándose una violación en el exterior” contra Gilberto Rodríguez Orejuela, extraditado el 3 de diciembre, se envíe a Miguel “a que sufra las mismas vejaciones”.
Hace un mes Gilberto Rodríguez Orejuela de 65 años de edad, hermano mayor de Miguel, de 61, renunció a su derecho a un juicio rápido porque el abogado que debía representarlo no tenía autorización para tener acceso a bienes de su familia destinados a pagarle los honorarios.