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El diputado y presidente de la comisión permanente de defensa y seguridad de la Asamblea Nacional, Edis Ríos, dijo que se estableció un cronograma de visitas a Cumaná, estado Sucre, como parte de la actividades de una comisión especial para avanzar en las investigaciones de los dos soldados que sufrieron quemaduras a un causa de un incendio ocurrido en una celda de castigo disciplinario, y que días después fallecieron.
Indicó que sostendrán una entrevista con los efectivos militares que estaban encargados de la guardia en la noche del suceso, así como con los familiares y los cuerpos de seguridad del Estado que acudieron al lugar después de ocurridos el suceso.
El parlamentario puntualizó que se reunirán con el soldado acusado como presunto responsable del incendio para conocer si hay otras personas involucradas con los hechos, y si existe la posibilidad de que retire su presunta culpabilidad anunciada por Altos mando militares.
«Está previsto conversar con él, lo que se tendría que ver si hay implicados, o si él retira, como lo podría hacer desde el punto de vista legal, la parte que dijo cuando se declaró culpable de los hechos ocurridos por tomar retaliaciones contra las personas que estaban recluidas en la sala disciplinaria, ya que tenían un enfrentamiento personal».
Dijo que la comisión que preside está planteando la eliminación parcial o total del artículo que contempla el castigo disciplinario militar, asó como la elaboración de una disposición legal que incluya hechos que no toman como delito en la justicia militar.
«Nosotros estamos planteando la eliminación parcial y si es posible total, para contribuir a la elaboración de una ley de disciplina militar, de moral militar, que de cierta forma sancione las faltas militares que no llegan a ser delitos».
Asimismo, no descartó su apoyo para la aprobación de una reforma parcial del Código de Justicia Militar, y agregó que está contemplado incluir un artículo en la discusión de la Ley Orgánica de las Fuerza Armada Nacional para darle sustento legal a la Casa Militar, como órgano encargado de la seguridad del Presidente Chávez y su familia.
«Hicimos un análisis histórico desde el comienzo de la vida republicana del país, y no hay nada que sustente legalmente este órgano de seguridad del presidente», expresó.
Por otra parte, informó que dentro de la comisión que preside se solicitó la urgencia parlamentaria para elaborar el informe definitivo de la Ley Antiextorsión y Terrorismo a fin de presentarlo para su discusión y posterior aprobación.
«En la comisión se solicitó la urgencia parlamentaria, a los afectos de aprobar lo que sería el informe que se va llevar a la cámara para aprobar definitivamente la Ley Antiextrosión y Secuestro que hasta ahora son 26 artículos y que cumpliría con los pautado en la comisión de Alto Nivel designada por el gobierno nacional», explicó.
