Un informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) apunta las principales novedades sobre el uso de drogas en América Central, Caribe y América del Sur en el 2004. Según el reciente documento la región de América Central y el Caribe siguen viéndose afectada por el tráfico y el uso indebido de cocaína a gran escala y en los países de la región han surgido problemas graves de uso indebido de drogas. Las organizaciones involucradas en el tráfico de drogas están adaptando sus métodos a fin de burlar las medidas de represión antidroga.
El destaque son las numerosas pandillas juveniles, que se han visto involucradas en crímenes violentos y tráfico de drogas. Pese a que aún no existe un acuerdo sobre el número de personas que participan en dichas pandillas, se calcula que por lo menos 70.000 personas las integran en América Central. La mayoría de ellas se encuentran en El Salvador, Guatemala y Honduras.
Tras un período de gran agitación y conflicto armado a inicios de 2004, con la formación de un nuevo gobierno, la JIFE revela que la situación de la fiscalización de drogas en Haití se ha caracterizado durante muchos años por la ineficacia de la represión antidroga y la corrupción generalizada. «Lo que ha determinado que el país se convirtiera en un centro clave del tráfico de drogas en América Central y el Caribe». La Junta insta al nuevo Gobierno de Haití a que, con la asistencia de la comunidad internacional y de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), se asegure de que la fiscalización de drogas tenga prioridad en su programa de reconstrucción nacional y a que adopte las medidas necesarias para combatir el tráfico y el creciente uso indebido de drogas en el país.
Todos los Estados de América Central y el Caribe ya son partes en la Convención de 1961, en la Convención de 1988 y, a excepción de Haití y Honduras, en el Convenio de 1971. La Junta exhorta a Haití y Honduras a que adhieran al Convenio de 1971 y a que apliquen las disposiciones contenidas en ese tratado sin dilación. La Junta exhorta también a Nicaragua a que ratifique el Protocolo de 1972 de Modificación de la Convención de 1961 sin dilación, habida cuenta de que es el único Estado de la región que aún no lo ha hecho. En casi todos los países de América Central y el Caribe se han aprobado durante estos últimos años planes nacionales de fiscalización de drogas, como Bahamas, El Salvador, Belice, Antigua y Barbuda, Guatemala y Jamaica.
Las mujeres representan una proporción cada vez mayor de los toxicómanos en América Central y el Caribe. La Junta insta a los gobiernos de la región a que se aseguren de que, en el marco de los esfuerzos por combatir el uso indebido de drogas, se inicien programas adecuados para tener la seguridad de que se presta atención especial a las toxicómanas.
Ya en América del Sur, la JIFE observa que han ocurrido, en el último año, importantes acontecimientos positivos. Pero la fiscalización de drogas en la región es todavía un problema de importancia política considerable, no solamente para la propia región, sino también para el resto del mundo. Los gobiernos de varios países de la región han tenido un éxito considerable en su lucha contra las redes de tráfico de drogas, como el aumento de la incautación de drogas, debido principalmente al fortalecimiento de la cooperación regional y bilateral en los esfuerzos de interceptación.
Además todos los Estados de América del Sur son partes en la Convención de 1961, enmendada por el Protocolo de 1972, así como en el Convenio de 1971 y en la Convención de 1988. Y también siguen participando activamente en los mecanismos de cooperación multilateral de la CICAD. Por ejemplo, en un proyecto piloto en América del Sur ejecutado por la CICAD, se ha elegido al Uruguay para que realice actividades relacionadas con un programa destinado a estimar el costo humano, social y económico de las drogas ilícitas en América.
En el caso de la fiscalización de precursores, prosiguieron las actividades destinadas a fiscalizar y combatir el uso de productos químicos para la fabricación de cocaína y heroína, en el marco de la Operación Seis Fronteras, iniciativa regional en que participan Bolivia, el Brasil, Colombia, el Ecuador, el Perú y Venezuela, así como los Estados Unidos.
Los países del Cono Sur (la Argentina, Chile, el Paraguay y el Uruguay) coordinan entre sí varios programas de prevención y tratamiento del uso indebido de drogas, entre ellos los de capacitación pertinente. En esos programas se presta especial atención al aumento de la sensibilización a los riesgos del uso indebido de drogas inyectables, cuyo resultado podría ser la difusión del VIH/SIDA, y del uso indebido de drogas entre las mujeres embarazadas.
En todos los países de América del Sur que se han mencionado Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela – se erradica, sobre todo en forma manual, el cultivo ilícito del arbusto de coca. La Junta desea volver a hacer hincapié en que la continua reducción del cultivo ilícito del arbusto de coca, ya sea en forma voluntaria o como resultado de los esfuerzos de interceptación, dependerá de la capacidad de ofrecer a los agricultores en los países productores unos medios de subsistencia alternativos que sean sostenibles. «Por ello, es esencial que la comunidad internacional siga apoyando y ampliando las iniciativas de desarrollo alternativo en esos países».
El tráfico de cocaína en la región consiste todavía, sobre todo, en un tráfico en tránsito: el transporte de envíos de cocaína destinados a los Estados Unidos o, cada vez más, a Europa. El Brasil, el Ecuador y Venezuela son los países más afectados en América del Sur por el tráfico de cocaína, si bien el tráfico en tránsito ha aumentado en otros países de la región, tales como la Argentina y Chile.
