El 23 de diciembre de 2004, los hermanos Mónica y Antonio Cruz Amado llegaron a una agencia Bellsouth en la calle 125 con avenida 19, en Bogotá, con el fin de activar dos teléfonos celulares. Pocos minutos después, la pareja salió presurosa porque los empleados de la empresa de telefonía celular sospecharon algo y empezaron a indagar por el origen de los aparatos.
En efecto, los dos teléfonos aparecían a nombre de otra persona y habían sido robados días atrás en el asalto múltiple a varios apartamentos amoblados de un edificio situado cerca del parque El Virrey, al norte de la ciudad.
Las autoridades no tardaron en descubrir que Mónica y Antonio Cruz Amado eran la esposa y el cuñado de Roberto Roa, el vigilante encargado de responder por la seguridad del edificio el día del robo. «No entendíamos qué pasaba –dijo a CAMBIO un directivo de la administración del inmueble–. La empresa que creíamos confiable nos envió a un vigilante con un día de antigüedad y después descubrimos que hasta tenía antecedentes penales».
El episodio no dejaría de ser una estadística más del fenómeno de inseguridad que afronta la capital del país, si no fuera porque Roa era empleado de Seguridad Cobra, que carece de licencia de funcionamiento desde el 29 de enero del año pasado. En efecto, ese día, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada negó la renovación del permiso respectivo debido a que la compañía incurrió en numerosas irregularidades, tales como presentar los documentos en forma extemporánea, cambiar de socios sin avisar, prestar servicios de asesoría de vigilancia y seguridad privada sin autorización, exceder en 19 el número de armas reportadas, no carnetizar a su personal operativo, no aportar las notas contables a los estados financieros y no efectuar aportes a la seguridad social de sus trabajadores.
Pese a que la entidad encargada de regular los servicios de vigilancia privada en el país sancionó a Cobra en enero, sólo el 2 de diciembre siguiente, es decir, casi un año después, dejó en firme la suspensión de la licencia de funcionamiento con la Resolución número 04106. «Nos demoramos en expedirla básicamente por los trámites y porque somos limitados en nómina –dijo un vocero de la Superintendencia–. Si hubiese habido menor carga laboral, es probable que Cobra estuviese notificada desde hace varios meses».
El pasado 2 de diciembre, la Superintendencia ratificó la suspensión de la licencia a Cobra.
Pero la empresa de vigilancia no se notificó de la decisión y por ello la Superintendencia se vio obligada, el 15 de marzo de este año, a publicar un edicto emplazatorio.
CAMBIO se comunicó con Héctor Rico, representante legal de Cobra, quien aseguró que la empresa sigue funcionando porque tiene la respectiva licencia, y agregó que desconocía que la Superintendencia de Vigilancia hubiera tomado medidas en su contra. «Nunca hemos sido sancionados y nunca nos han multado. Realmente no entiendo qué me dice ni qué pasa».
Lo curioso de esta respuesta deRico es que él mismo interpuso un recurso de reposición contra la Resolución del 29 de enero de 2004, en el que pidió la renovación del permiso para funcionar.
Sólo publicidad
En una carpeta de presentación, fechada el 15 de marzo de 2005, Cobra se presenta como una empresa de vigilancia y seguridad que protege «en forma eficaz la integridad de las personas y los bienes de nuestros usuarios». Sin embargo, la misma Superintendencia tiene radicadas, en los últimos cuatro años, 10 denuncias contra esta compañía por hurtos, abusos con las tarifas y hasta líos laborales con sus empleados.
En la base de clientes de Cobra –que promueven sus asesores comerciales– aparecen edificios de estrato 5 y 6 del norte de la ciudad, conjuntos residenciales, restaurantes, joyerías, compañías de transporte, la corporación Educamos a Colombia, la estación Móbil de Los Lagartos, cinco sedes de la empresa Pan Pa’ Ya y el consulado de la República Dominicana, donde prestó el servicio de vigilancia durante tres años, hasta el pasado 31 de enero.
«No recuerdo con exactitud cuántos puestos de vigilancia tenemos –agregó Rico en su charla con CAMBIO–. Es probable que 200 ó 300, pero no sé con exactitud».
Otro de los hechos que no dejan de llamar la atención es que Seguridad Cobra nunca les informó a sus usuarios de sus problemas para funcionar. Es más, en su carpeta de presentación exhibe, entre otros documentos, una licencia de funcionamiento que venció en agosto de 2003, un recorte de un periódico donde dice que paga salarios legales, y algunos certificados de paz y salvo por multas impuestas.
Y mientras los residentes del edificio asaltado en diciembre pasado tratan de recuperar los más de 50 millones de pesos que robaron los ladrones, y la inmobiliaria afectada, otros 70 millones que perdió en contratos, Seguridad Cobra sigue funcionando pese a las decisiones adoptadas por la superintendencia del ramo. Algo parecido sucede con otras 500 compañías que, según los cálculos, operan en forma similar en el país.
Fachada ‘para’
Jesús Rey Linero era considerado en Barraquilla un promisorio empresario que había logrado tomar el control de Asis, la más grande compañía de vigilancia de la Costa Atlántica. Para ello contó con el apoyo de Juan Carlos Rada, jefe de seguridad de la Universidad Autónoma del Caribe, con quien hizo causa común para obtener los mejores contratos de las principales empresas públicas y privadas del departamento.
No obstante, el 28 de febrero pasado fueron arrestados, junto con ocho personas más, sindicados de pertenecer al Bloque Caribe de las Auc. Se les acusa de extorsión, secuestro y de cometer más de 40 homicidios.
Los investigadores indicaron que Asis es una empresa fachada del paramilitarismo y que la mayor parte de sus vigilantes cumplía la función de obtener información y entregársela a otra célula paramilitar que se encargaba de cometer los delitos.
Según las autoridades, un ejemplo de ello es lo que sucedió en el frigorífico Camagüey, en el municipio de Galapa, que empezó a ser extorsionado y luego se descubrió que detrás del ilícito estaban los vigilantes de Asis que prestaban allí su servicio.
Las autoridades también investigan si empleados de Asis participaron, el 17 de septiembre de 2004, en el asesinato del sociólogo Alfredo Correa de Andreis, señalado por un ex guerrillero de pertenecer a las Farc.
