El fiscal general de la República, Isaías Rodríguez, lamenta que la Asamblea Nacional acogiera la tendencia dirigida al “aumento desmedido de la represión” al momento de reformar el Código Penal.
“Resulta falso creer –insistió Rodríguez- que a mayor represión habrá menor índice de criminalidad, ni que con más represión disminuirá el fenómeno criminal. Por el contrario, lo que se logra es destinar más esfuerzos y más recursos para perseguir a los más vulnerables socialmente, a los más pobres, mientras quedan impunes los grandes poderes económicos implicados en el delito. De esta manera , lo que se logra es sancionar a quienes tienen menor acceso y defensa a sus derechos, que son precisamente aquellas personas más expuestas a la arbitrariedad del sistema policial y judicial”.
A través de una nota de prensa, el fiscal general dijo que “además lo que se logra es aumentar la desconfianza en la capacidad del Estado para atender el fenómeno criminal, se menoscaban los derechos humanos y se contribuye con el debilitamiento del Estado como estructura mediadora y pacificadora frente a la conflictividad social”.
Desde su punto de vista, “pareciera que no se busca aprender de nuestra propia realidad, sino más bien copiar las tendencias a la maximización del control penal de los Estados Unidos, que exporta hacia nosotros sus mal llamadas políticas de seguridad”.
“No hacemos nada con leyes simbólicas apartadas de nuestro contexto social y de nuestra propia realidad – abundó el fiscal general- toda vez que, como lo afirman los datos del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), por cada persona recluida, el Estado puede alfabetizar a 17 ciudadanos”.
Según el comunicado oficial, en esta oportunidad la Asamblea nacional habría sido impactada ideológicamente por una “cultura de la emergencia” y, en definitiva, la facultad punitiva del Estado se ensañaría contra los más pobres, contra los más débiles.
Como ejemplo, señaló que la tasa de encarcelamiento en Estados Unidos es de las más altas del mundo: 800 personas por cada 100 mil habitantes, cuando la media es de cien personas por cada 100 mil habitantes. En Noruega, según los datos aportados por el fiscal general, son 56 personas por cada 100 mil habitantes y en Paraguay 60 personas por cada 100 mil habitantes. “Nos olvidamos que en los grandes centros del capitalismo esa maximización de las penas no ha resuelto el fenómeno de la criminalidad”.
Sobre Venezuela, sólo indicó que la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes ha aumentado vertiginosamente desde 1983: de 11 a 44 personas por cada 100 mil habitantes.
Rodríguez dijo que el Legislativo no recogió a plenitud las observaciones que fundamentaron el veto presidencial al nuevo instrumento jurídico. Desde su punto de vista, el Código Penal es “el más importante instrumento legal de un país, después de la Constitución, porque a través de él se expresan las relaciones entre el Estado y la sociedad en todo aquello que tiene que ver con los derechos humanos de los ciudadanos”.
El máximo representante del Ministerio Público recordó que Hugo Chávez expresó su desacuerdo con la eliminación de los beneficios procesales y las fórmulas alternativas de cumplimiento de la pena, pues ello es violatorio de los artículos 19 y 272 de la Constitución Nacional, referidos al principio de progresividad en la protección de los derechos humanos y a las condiciones indispensables del sistema penitenciario para que, en verdad, permita la rehabilitación social del reo.
