SCOTT HIAASEN
The Miami Herald
Invocando los asesinatos de las menores Carlie Brucia y Jessica Lunsford, el procurador general de la Florida Charlie Crist y los legisladores republicanos están promoviendo un nuevo proyecto de ley para aplicarles reglas más severas a los delincuentes violentos que violan la libertad condicional.
La idea también podría costarles cientos de millones de dólares más a los contribuyentes para la construcción de más espacio en las cárceles.
La nueva proposición requeriría penas carcelarias automáticas para cualquier persona convicta de delitos graves que viole las normas de libertad condicional, como por ejemplo, dejar de reportarse ante el oficial responsable. El infractor sería detenido sin derecho a fianza hasta que un juez presida una audiencia para determinar si representa un peligro para la comunidad.
El proyecto de ley, apodado »legislación antiasesinatos» también obligaría a los jueces estatales a documentar sus motivos para soltar a infractores de libertad condicional con historiales de violencia, y aumenta las pautas de sentencias por dichas violaciones.
Crist, que se espera ha de aspirar a gobernador el año que viene, ha dicho que la legislación pudo haber prevenido tres crímenes notorios que la policías ha vinculado a delincuentes en libertad condicional.
Joseph P. Smith está acusado de haber secuestrado y matado a Carlie Brucia, una niña de Sarasota de 11 años, el año pasado, poco después de haber violado su libertad condicional. Troy Victorino había hecho lo mismo justo antes de que tomó parte en los asesinatos de seis personas en Deltona.
John Evander Couey era buscado por la misma causa cuando, según se alega, secuestró y mató a Jessica Lunsford, de 9 años, en Homosassa Springs en febrero.
»Es obvio que el sistema tiene un fallo», manifestó John Peck, un portavoz de la oficina del procurador estatal. «Esos no son los únicos casos en los que los que violan la libertad condicional han sido un peligro para la gente».
Pero las nuevas medidas propuestas tal vez no hayan servido para salvar a Carlie o a Jessica.
Aunque él hizo lo mismo varias veces a través de los años, la infracción de su probatoria antes de haber matado a Carlie Brucia fue el no haber pagado gastos de corte, una infracción monetaria que está excluida de la legislación. Legalmente, el juez tiene que tener pruebas de que un criminal violento tiene medios para pagar esos gastos para poderlo sentenciar a cárcel.
Couey, el presunto asesino de Jessica, estaba en probatoria por un cargo leve relacionado con drogas en la corte del condado en el momento del asesinato, situación que tampoco está incluida en el proyecto de ley.
Según la ley actual, los agentes estatales pueden pedirle a un juez una orden de arresto para un violador de libertad condicional, o simplemente una citación para una audiencia posterior. Después del arresto, el juez puede de todos modos soltar al individuo bajo fianza antes de sostener una audiencia especial por la violación.
Un estudio legislativo halló que a más de 4,600 floridanos con historial de delitos graves se les permitió continuar en libertad condicional el año pasado, después de haberla violado.
Algunos abogados defensores y jueces dicen que esa ley es innecesaria, que en la práctica la mayoría de los delincuentes violentos rara vez reciben una segunda oportunidad de un juez si violan los términos de su libertad, y en particular si cometen otro delito.
»Creo que los jueces rutinariamente estudian la infracción de la probatoria y el historial previo del individuo», indicó Stanford Blake, juez de circuito de Miami-Dade y jefe de la división criminal de dicha corte. «Los jueces tienen que tener su discreción».
Después de los asesinatos en Deltona y el de Brucia, los oficiales de probatoria del estado también adoptaron una postura más agresiva hacia los infractores, con una política de cero tolerancia y solicitando sentencias de cárcel para todos los violadores de libertad condicional con historial de delitos graves.
Peck cita un estudio de la Universidad Estatal de la Florida (FSU), que dice que las nuevas normas de probatoria costaría unos $355 millones al fisco sobre los próximos cinco años. Pero la Oficina de Estudios Económicos y Demográficos del estado concluye que habría que construir tres o cuatro nuevas prisiones para encarcelar a 7,100 presos más en los próximos cinco años, y eso costaría unos $630 millones para el 2010.