Destituido presidente ecuatoriano

El médico Alfredo Palacio asumió este miércoles la presidencia de Ecuador, luego que una mayoría opositora en el parlamento destituyera del cargo a Lucio Gutiérrez.
La decisión fue tomada por 60 de los 100 legisladores.
Alfredo Palacio se desempeñaba como vicepresidente del país hasta este miércoles.
Lucio Gutiérrez dejó el palacio presidencial en un helicóptero y su vocero, Carlos Poli, le dijo a la BBC que Gutiérrez todavía permanecía en su cargo y que se quedaría en su residencia privada en Ecuador.
En horas previas Gutiérrez insistió en que no renunciaría a su cargo bajo ninguna circunstancia, pese a las continuas protestas callejeras.
Orden de detención
Tras semanas de manifestaciones Lucio Gutiérrez fue obligado a dejar su cargo.
En tanto, la fiscalía de Ecuador dictó una orden de detención contra Lucio Gutiérrez por los acontecimientos que motivaron su destitución.
Y en el aeropuerto internacional Mariscal Sucre numerosos manifestantes ocupaban las pistas para impedir una eventual salida del país de Gutiérrez.
Los manifestantes piden que sea detenido y procesado.
Tras la decisión del Congreso, el ministro de Justicia de Ecuador, Nelson Herrera, anunció que las fuerzas armadas de ese país retiraron su apoyo a Lucio Gutiérrez.
Las causas de la destitución
Alfredo Palacio (a la derecha) junto a Lucio Gutiérrez al asumir el gobierno en 2003.
En conversación con la BBC, el diputado Luis Villacís, del Movimiento Popular Democrático, explicó que el Congreso había interpretado el incumplimiento de la Constitución por parte del presidente como un abandono de cargo.
Villacís agregó que la destitución está en conformidad con el artículo 167 de la Constitución, el cual establece que el Presidente de la República tiene la obligación de velar por su cumplimiento.
Los diputados opositores acusaron a Lucio Gutiérrez de actuar al margen de la Constitución al declarar estados de emergencia y promover lo que denominan como bandas paramilitares.
La crisis política en Ecuador se había intensificado en los últimos días cuando una multitud de manifestantes se lanzó a las calles a exigir la renuncia de Gutiérrez.
Durante este miércoles se produjeron una serie de enfrentamientos entre los manifestantes y la policía, la cual utilizó gases lacrimógenos para dispersar a la multitud.
La crisis se desató tras la reestructuración de la Corte Suprema de Justicia y se agravó con el regreso al país del ex presidente ecuatoriano Abdalá Bucarám.
OEA se reúne de urgencia
WASHINGTON – Los embajadores de los gobiernos de la OEA se reunirán el jueves por la mañana en una «sesión extraordinaria» para discutir los alcances de la crisis política en Ecuador y fijarse procedimientos con el propósito de buscar la normalización de la institucionalidad democrática en ese país.
«Es una sesión extraordinaria, de acuerdo con las normas, declaraciones y principios de la Organización de los Estados Americanos», dijo Alberto Borea, presidente del Consejo Permanente de embajadores al anunciar la convocatoria.
La sesión extraordinaria es un primer procedimiento en la activación de la Carta Democrática Interamericana en la destitución del presidente Lucio Gutiérrez en Quito.
La carta prevé sanciones para el país si se comprueba que se ha quebrantado el orden constitucional con la destitución de un gobernante elegido por voto popular.
Ante los acontecimientos en la capital ecuatoriana, los mismos embajadores suspendieron una sesión vespertina el miércoles para abrir un periodo de diálogo con sus cancillerías. Apenas unas dos horas más tarde, Borea fijó la sesión extraordinaria para las 9 (1300 GMT) del jueves.
Según la Carta Democrática, el Consejo Permanente podrá disponer el inicio inmediato de gestiones diplomáticas para promover la normalización política en Ecuador.
Si esas gestiones resultan infructuosas, los embajadores pueden pedir una sesión extraordinaria de cancilleres. Estos tienen poder para adoptar «las decisiones que estimen apropiadas», incluyendo la separación perentoria de la OEA del país donde se haya quebrantado el ordenamiento democrático.
«Si no aplicamos la Carta Democrática en el caso de Ecuador, creo que sería mejor cerrar el local de la OEA y colgarle un cartel de ‘Se alquila’ «, dijo un embajador hablando bajo condición de anonimato.
Los cancilleres se reunirán en Washington el 2 de mayo, pero tienen como tema único la elección del secretario general de la OEA.
Borea explicó que debido a que los cancilleres decidieron reunirse en esa fecha para continuar el proceso electoral que empezó el 11 de marzo, correspondería a ellos mismos acordar la inserción en su agenda de la crisis ecuatoriana.
La Carta Democrática no ha sido aplicada a país alguno desde su aprobación en septiembre del 2001, aun cuando un intento de activarla por un golpe contra el presidente venezolano Hugo Chávez se diluyó al ser repuesto el presidente en su cargo después de unas horas, en abril del 2002.
«Es una situación muy complicada», dijo Borea, al suspender el miércoles por la tarde una sesión que era la continuación de la iniciada por la mañana para tratar una agenda regular.
En la parte matutina, el embajador ecuatoriano Marcelo Hervaz había informado a los embajadores sobre los acontecimientos en su país. En ese momento no se había producido aún la destitución de Gutiérrez por una parte de los legisladores.
Los embajadores terminaron aprobado una moción rutinaria de apoyo a Gutiérrez.
Pero, Hervaz no se presentó a la sesión vespertina por lo que los embajadores quedaron privados de recibir un informe ecuatoriano sobre la crisis.
«Simplemente no lo hemos localizado», dijo un funcionario de la OEA indicando que Hervaz no contestaba siquiera su teléfono privado.
El secretario general interino Luigi Einaudi dijo desde Sevilla, España, donde participa en una reunión iberoamericana que «se debe encontrar a la brevedad la forma de restaurar la confianza plena en los poderes e instituciones del estado y prevenir la violencia» en Ecuador.
Luego de la intervención de Hervaz, los embajadores hicieron suyo el pronunciamiento emitido el martes en Brasilia por los cancilleres de la Comunidad Sudamericana de Naciones, en el cual expresan su «respeto a los gobiernos elegidos por voluntad popular y al estado de derecho».

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