Associated Press
SANTIAGO
Familiares de víctimas del régimen militar acusaron al Estado chileno ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por el próximo cierre de las investigaciones de los abusos del gobierno del general Augusto Pinochet.
Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, dijo ayer que «hemos recurrido a todas las instancias legales para solicitar que la Corte Suprema se retracte de su intención de fijar un punto final a las causas de derechos humanos».
Precisó que se acusó al Estado de «denegación de justicia para crímenes que son no anmistiables, por lo que los Estados tienen el deber de perseguirlos siempre».
La Corte Suprema estableció en enero un plazo de seis meses para que todos los jueces que llevan procesos por los abusos del régimen concluyan las investigaciones y se dispongan a dictar condenas o absoluciones.
El mismo tribunal estableció en enero que su orden incluye 365 juicios, con 160 procesados, mientras un informe oficial precisa que la dictadura dejó 3,197 opositores muertos, de los cuales un millar son detenidos desaparecidos.
El máximo tribunal negó que se tratara de una virtual ley de punto final y castigó a la directiva de los jueces de Santiago porque criticaron la medida.
La orden fue rechazada por partidos izquierdistas y por agrupaciones de derechos humanos.
La abogada Alejandra Arriaza, que representa a familias de víctimas, dijo que la Corte Suprema, al fijar plazos, «se está arrogando facultades que la ley no le concede».
El juez Juan Guzmán, conocido porque abrió dos juicios a Pinochet por los crímenes de su dictadura y que jubiló el lunes, dijo en la víspera que «hay mucho pinochetismo en el Poder Judicial».
Añadió que el calificativo de traidor con que Pinochet lo acusó una vez, se podría aplicar mas bien al propio ex dictador.
La Corte Suprema y tribunales inferiores agilizaron las investigaciones por los abusos sólo a partir del 2001. Anteriormente, lo frecuente era que las cerraran aplicando una amnistía promulgada por el propio Pinochet entre 1973 y 1978, época de los mayores atropellos.
