Se duplicaron casos de abuso sexual en fuerzas armadas de EE.UU.

Un escandaloso reporte del Pentágono desvela la frecuencia cada vez mayor de violaciones, actos de sodomía y ‘asaltos indecentes’.
La escandalosa estadística hace parte de un reciente informe hecho público por el Pentágono, en el que se registran las denuncias por violaciones, actos de sodomía no aceptados por la víctima, ‘asaltos indecentes’ o el intento de cometer cualquiera de las agresiones anteriores.
Según el reporte, en el año 2004 se presentaron 1.700 denuncias o casos de abusos, frente a los 900 tabulados en el 2002.
De acuerdo con la Fundación Miles, que se encarga de asistir a las víctimas, el incremento –en parte– tendría dos explicaciones. La primera, es el considerable aumento de mujeres que hoy son enviadas a zonas de conflicto como Irak y Afganistán.
La Fundación subraya el caso alarmante del Comando Central –que abarca Oriente Medio y Asia Central– donde se pasó de 24 abusos en el 2002, a 123 en el 2004. En todos se trató de mujeres víctimas de abuso a manos de compañeros de armas.
Tan complicada es la situación para las mujeres que en los campamentos militares en Irak, por ejemplo, hay carteles en las paredes, en los que se les recomienda no ir a los baños solas, y siempre dormir junto a algún colega de entera confianza, que las proteja de un eventual asalto.
La segunda explicación es la serie de reformas adoptadas por los militares, que ahora facilitan la denuncia de las agresiones cuando éstas se presentan. En enero de este año se puso en práctica una política de “prevención y respuesta”, que permite a las víctimas obtener tratamiento médico y asesoría legal sin que esto conduzca a la apertura de una investigación formal.
Pese a ello, dice la Fundación, muchas prefieren no denunciar los abusos, debido a que son pocos los casos que finalizan en condenas a sus victimarios, y, por el contrario, sienten temor a represalias.
En buena medida tienen razón. Según el Pentágono, las 1.700 denuncias del 2004 terminaron en investigaciones contra 1.362 personas. Y de ellas, solo 342 fueron sancionadas penalmente, mientras a otras 132 se les dictaron sentencias menores como el congelamiento de salarios.
En más de 600 de los casos no se tomó acción alguna contra los acusados.
SERGIO GÒMEZ MASERI
Corresponsal de EL TIEMPO
WASHINGTON

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