"Pena de prisión es para los pobres", afirmó especialista

UNION RADIO –
En Venezuela las cárceles se han tendido a usar como solución para los problemas que surgen a través de los procesos de exclusión social ya que al sistema penal quienes entran son los pobres, explicó el investigador de ciencias penales, Andrés Antillano.
«De algún modo ha habido siempre la tentación de utilizar la prisión como forma de resolver los conflictos que se generan a partir de los conflictos de exclusión y conflicto social, entonces no es extraño que a medida que la población se empobrece, el número de las personas en prisión aumente, y que los conflictos asociados con este aumento de la población penitenciaria también se incremente. La pena de prisión es una pena para los pobres.»
El investigador opinó que las cárceles venezolanas conllevan varios problemas desde hace varias décadas. «Por esta razón no es extraño que en la misma medida en que aumentan los niveles de pobreza en el país, los conflictos relacionados con la población penitenciaria también se incrementen».
Le preocupa las continuas reformas en el Código y en el proceso penal, donde se endurecen las penas para los delitos que principalmente cometen los pobres.
«Se ha incrementado vertiginosamente el número de procesados, y esto afecta directamente el nivel de conflictividad dentro de las cárceles», comentó Antillano, y acotó que la lucha por el control, el tráfico de drogas es natural por no proporcionar las necesidades básicas a los presidiarios, además de agravar la situación general.
Por su parte, la integrante del Observatorio de Prisiones, Marianela Sánchez, comentó que la responsabilidad de todos los organismos del Estado es compartida y que la idea no es buscar culpables, sino conseguir una solución viable para la situación carcelaria. Agregó que mientras no se creen planes y programas en el sistema penitenciario las autoridades no podrán mejorar las condiciones penitenciarias.
Sánchez explicó que la solución de los problemas carcelarios es responsabilidad de cada estado, y que cada entidad tiene los órganos necesarios para solucionar sus conflictos. Agregó que en el estado Miranda se está trabajando sobre el problema en los siete penales que existen en la entidad.
La coordinadora acotó que hacen falta las recomendaciones de especialistas y la colaboración de autoridades que tengan la cualidad de proporcionar la ayuda necesaria, como por ejemplo el Instituto Nacional de Estudios Penitenciarios ya que ellos tienen el conocimiento y la capacidad de ayudar a solucionar las dificultades y deberían ser utilizados.

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