DANIEL SHOER ROTH
El Nuevo Herald
Antes de que soplen los primeros vientos de esta temporada ciclónica, los propietarios de casas en el sur de la Florida sentirán el impacto de las ráfagas en sus bolsillos, cuando las pólizas de seguros contra huracanes que pagan comiencen a subir de precio nuevamente.
Este verano, recibirán un cargo especial obligatorio en sus facturas por culpa de un déficit de $516 millones de la aseguradora estatal de última instancia, Citizens Property Insurance, que por ley se dividirá entre todos los portadores de pólizas residenciales y comerciales en el estado.
Luego se sorprenderán al saber que, a pesar del ruido que la Legislatura ha hecho tras aprobar recientemente una abarcadora reforma en la regulación de la industria aseguradora, las compañías continuarán teniendo luz verde para ajustar las primas con fuerza de torbellino.
En las últimas tres semanas, un puñado de aseguradoras solicitó a los reguladores estatales un alza de dos dígitos en los seguros contra huracanes, justo cuando las firmas han quedado explícitamente exentas de pagar futuros reclamos por daños de lluvia u oleaje de tormenta, para lo cual los propietarios necesitan estar cubiertos por una póliza contra inundación.
»Es la oportunidad perfecta para hacer dinero: los huracanes se acercan y no hay competencia [suficiente] de aseguradoras en el mercado», afirmó Bill Newton, director ejecutivo de la Red de Acción de Consumidores de la Florida. «Si las primas siguen subiendo, la gente se va a ver forzada a irse del mercado, y si les pega un huracán, tendrán que mudarse con sus familiares».
Después de que el año pasado un mostruoso cuarteto de huracanes ocasionó pérdidas de $21,000 millones en propiedades aseguradas y 1.6 millones de reclamos en la Florida, la inminente alza en los seguros amenaza con convertirse en un nuevo dolor de cabeza para los dueños de casas, quienes están angustiados por una temporada de huracanes que se vaticina como intensa, según los meteorólogos.
Un nuevo código legislativo que espera por la bendición del gobernador Jeb Bush, dará mayor flexibilidad a los propietarios para seleccionar el porcentaje del deducible de sus pólizas –de 2 a 10 por ciento– , y exigirá a las aseguradoras pagarles por adelantado los montos de sus pérdidas, en vez de reembolsar las reparaciones contra recibo una vez que los servicios sean realizados.
Pero divergencias internas en el Capitolio estatal hicieron que la reforma no llegara a frenar el aumento de precios. La semana pasada, Allstate Floridian, la tercera aseguradora más grande del estado, anunció que solicitará aumentar las primas, e informó que no renovará 95,000 pólizas de propietarios en la Florida.
State Farm Florida, la principal aseguradora, aparentemente también discute con los reguladores estatales la posiblidad de subir los precios, según informes de prensa.
»El anuncio de Allstate y de otras compañías que lo harán igual próximamente es perturbante», afirmó a El Nuevo Herald el senador Ron Klein, demócrata por Delray Beach. «Si sumas la cancelación de las pólizas, con primas más costosas y una aseguradora estatal de última instancia en crisis, tienes la fórmula de un desastre financiero. Y eso es antes de que otro huracán golpee nuestras costas».
Las aseguradoras argumentan que el alza en el costo de las primas en la Florida responde principalmente a que los precios que las firmas reaseguradoras les cobran para garantizar sus fondos se han disparado drásticamente a raíz de los huracanes del 2004. Esos gastos deben ser traspasados a los consumidores, dijo William Stander, representante de la Asociación Estadounidense de Aseguradoras de Propiedades.
Por otra parte, como las compañías de seguros basan sus primas en la cifra y severidad de los reclamos que reciben, el trago amargo de la temporada del año pasado les hizo reevaluar el monto que tendrán que desmbolsar si otro huracán azota la región, añadió el vocero del grupo comercial.
»El año pasado pagamos $21,000 millones, y eso es mucho dinero», resaltó Stander. «Debemos estar preparados para pagar ese monto de nuevo este año y el dinero proviene de un sólo lugar».
Defensores de los consumidores como Newton creen que la avalancha de solicitudes de aumentos en las pólizas que se avecina se debe a que pronto los reguladores tendrán acceso a los modelos computarizados que las aseguradoras usan para determinar sus primas, y las firmas están apresuradas para que sus incrementos sean aprobados antes de eso.
Según la nueva regulación, las aseguradoras deben permitir que las autoridades analicen sus sistemas informáticos de cálculos y puedan revisar las estadísticas de sus pérdidas después del paso de un huracán. Con esa información, el estado espera juzgar mejor si las primas son justas o exorbitantes.
Las firmas de seguros también tendrán que mantener vigentes las pólizas de propiedades arruinadas por tormentas hasta 90 días después de la catástrofe.
Asimismo, la Legislatura estipuló que las aseguradoras deben usar un lenguaje más sencillo en la descripción de sus pólizas, acompañadas de aclaraciones de que éstas no incluyen daños por inundación.
Una miríada de batallas legales entre propietarios y aseguradoras se ha desatado en las cortes del estado, luego de que una corte de distrito en 1999 fallara a favor de un residente de Ft. Lauderdale en un caso por inundación. Esta vez, Tallahassee dejó explícitamente estipulado que las aseguradoras contra huracanes no avalarán daños causados por agua.
La Legislatura también aminoró de $4,960 millones a $4,500 millones el monto mínimo de pérdidas para que las aseguradoras puedan tener acceso al Fondo para Catástrofes de Huracán (CAT), que ofrece a las firmas dinero de respaldo más barato.
»Eso les ahorrará un poco», señaló Audrey Sumrall, directora de relaciones gubernamentales de la Oficina de Regulación de Seguros. «Esperamos que así las primas no suban tanto».
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