EFE.- «El cierre del Parlamento nacional es un golpe de Estado, no existe democracia sin Parlamento y cualquier persona, institución grupo o representante del poder que decida la clausura del Congreso y que de hecho haga el cierre del Congreso de hecho está dando un golpe de Estado», expresó Carlos Mesa.
El Congreso se reúne mañana para tratar el referéndum de las autonomías y los juicios de responsabilidades de los miembros del Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, quien renunció en octubre de 2003, en un debate en el que se espera que también se trate la convocatoria de una Asamblea Constituyente.
Mesa reiteró que no piensa dimitir y acusó, además, a los sectores que han convocado desde la pasada semana movilizaciones en La Paz de «buscar un muerto» que desestabilice al Gobierno y a la democracia, mediante una «táctica que consiste en que el Parlamento no se pueda reunir «para decir que el gobierno no puede garantizar que el Congreso se reúna y por eso se tiene que ir».
Mesa no dejó pasar la oportunidad de destacar la contribución de las Fuerzas Armadas al orden democrático, después de que el Ejército rechazó la semana pasada el pronunciamiento de dos tenientes coroneles en favor de un gobierno cívico-militar.
Un portavoz del Ministerio de Gobierno (Interior) confirmó hoy que el Ejecutivo presentó el pasado viernes una denuncia formal ante la Fiscalía de La Paz contra los tenientes coroneles Julio Herrera Pedraza y Julio César Galindo Mendizábal, así como contra el sindicalista Jaime Solares y el concejal de la ciudad de El Alto Roberto de la Cruz por varios delitos, entre ellos el de sedición.
Los dos militares, que fueron dados de baja de la institución castrense de forma inmediata, pidieron la semana pasada a través de medios de comunicación la renuncia de Mesa por su supuesta incapacidad para gobernar y convocaron a formar un gobierno de corte cívico-militar.
Protestas sostenidas
Mientras tanto, varios miles de personas colapsaron hoy el centro de La Paz para pedir al Congreso la convocatoria a una Asamblea Constituyente y la nacionalización del gas natural, en la mayor manifestación desde el inicio del conflicto en Bolivia.
La localidad aledaña de El Alto, de donde descendieron miles de manifestantes hacia La Paz, reanudó además una huelga general iniciada hace siete días y que impide la circulación de vehículos desde la sede del gobierno boliviano hacia el resto del país por las rutas del altiplano andino.
Asimismo, un grupo de maestros rurales cortó el tráfico por la carretera troncal que une La Paz con Oruro a la altura de la población de Caracollo, a 199 kilómetros de la capital administrativa del país.
La movilización fue la más grande de los últimos días y contó con la participación de miles de campesinos, maestros, comerciantes minoristas, mineros y universitarios que cortaron el tráfico en las calles troncales de la urbe paceña durante varias horas.
