Si algo llama la atención en la crisis política vivida recientemente en Ecuador es la mesura con la que se comportaron los líderes militares. A más de dos meses de distancia de los hechos que desembocaron en la destitución del coronel retirado Lucio Gutiérrez, la importancia del factor castrense debe medirse no tanto por los hechos sino por aquellas cosas que no ocurrieron.
No ocurrió, por ejemplo, la ola represiva vista en Bolivia meses atrás y que precipitó la renuncia del entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, actualmente al borde de una acusación por genocidio junto a los oficiales que ejecutaron las órdenes de disolver a balazos unas manifestaciones orquestadas, precisamente, para desestabilizar a un gobierno constitucional.
Tampoco vimos las demostraciones de brutalidad ejercida por las “fuerzas del orden” contra los manifestantes argentinos en 2002, especialmente en la ciudad de Buenos Aires, que contribuyeron al colapso del gobierno de Fernando de la Rúa.
Aunque parezca un perogrullo, los militares ecuatorianos se mantuvieron en el medio. Supieron hacer la distinción entre el régimen democrático y la persona que para ese momento encarnaba la primera magistratura. Entendieron que el primero permanecería si se encontraba una salida constitucional a una crisis que era netamente política, no militar.
El 15 de abril, Gutiérrez apareció en televisión flanqueado por todo el alto mando militar para anunciar el decreto de estado de excepción. No podía ser de otra manera, pues una medida como esa implicaba un despliegue de las fuerzas armadas en todo el país, para asegurar su ejecución.
Pero esta presencia no debía tomarse como un aval a la decisión, anunciada en esa misma intervención televisada, de destituir manu militari a todos los magistrados del Tribunal Superior, para abrir un camino que posibilitara el retorno del ex mandatario Abdalá Bucaram.
La oficialidad se dio cuenta de la jugada que intentaba Gutiérrez. Al día siguiente, cuando los estudiantes, los obreros y los campesinos salieron a protestar, las cámaras captaron a los uniformados firmes en sus puestos, pero sin arremeter contra la población.
Este fue un claro mensaje, tanto al Gobierno como a los participantes en la protesta. Los militares no estaban dispuestos a confundir la defensa del régimen con la de un hombre que se colocaba rápidamente al margen de la legalidad. Cuando el ministro de la Defensa, general retirado Néstor Herrera, anunció que las fuerzas armadas retiraban el respaldo al mandatario, sólo le quedó buscar un país en el que pudiera asilarse.
El hilo constitucional no se rompió y Ecuador logró resolver, aunque momentáneamente, su crisis política. Está por verse si la actuación de los militares ecuatorianos fue el producto de un nuevo pensamiento sobre las relaciones con el sector civil, o si fue solamente un gesto de oportunismo.
