Argentinos reclaman fin de la impunidad

MAYRA PERTOSSI
Associated Press
BUENOS AIRES – Pese a la fuerte lluvia de otoño, más de 5.000 personas se congregaron el jueves frente al Palacio de Justicia de Buenos Aires para reclamar justicia para las víctimas de ladrones, asesinos y otros delincuentes.
Con velas blancas encendidas y pancartas que rezaban «queremos leyes justas y firmes y jueces y gobernantes dignos», la multitud aguardó en silencio las palabras del organizador de la protesta, Juan Carlos Blumberg, cuyo hijo fue secuestrado y asesinado en marzo de 2004.
El ingeniero de 67 años, que se ha convertido en una figura emblemática de la lucha contra la inseguridad, lidera desde una fundación que lleva el nombre de su hijo el reclamo por la defensa de los derechos civiles, el endurecimiento de las penas y el fin de la impunidad de que gozan los delincuentes y funcionarios acusados de corrupción.
«Estamos aquí para reclamar como ciudadanos por una Argentina más justa, en paz y con trabajo. Pero eso es imposible si la justicia, la salud, el trabajo y la educación no son prioridad para este gobierno», dijo Blumberg mientras los manifestantes se unían al grito de «justicia, justicia».
«Presentamos un petitorio al presidente de la Corte Suprema con muchos de los puntos que venimos reclamando desde hace más de un año: decisión en la persecución de la delincuencia de todo tipo, cumplimiento efectivo de las penas, declarar el estado de emergencia de la justicia… respeto por las garantías constitucionales para todos», dijo Blumberg.
La convocatoria se realizó en momentos en que gran parte de la sociedad se encuentra sensibilizada por polémicas decisiones tomadas por la justicia.
A principios de mayo, un tribunal otorgó la libertad provisoria a la ex funcionaria María Julia Alsogaray, procesada en varias causas por corrupción durante el gobierno de Carlos Menem (1989-1999).
Días después, otro tribunal le concedió la excarcelación a Omar Chabán, dueño de la discoteca «República de Cromañón» incendiada a fines del año pasado en la que murieron 193 jóvenes.
En ambos casos, los jueces que les otorgaron la libertad argumentaron que nadie puede permanecer detenido hasta tanto no se pruebe su culpabilidad en un juicio.
Aunque válido, para una sociedad hastiada de la corrupción política y judicial, el argumento resultó insultante.
Protegida por un paraguas descolorido, Sofía Naidich, de 80 años, aplaudió cada frase de Blumberg.
«Mi yerno fue secuestrado y asesinado durante la dictadura. Mi hija, mi única hija, se vio obligada a abandonar el país. Hace 26 años que no la veo. Por ella, y por mi yerno que hoy tendría 58 años, sigo luchando por un país mejor», dijo a AP entre lágrimas mientras la lluvia inundaba la plaza frente a los tribunales.

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