Los familiares de los 44 soldados que murieron congelados el mes pasado en Chile, anunciaron una millonaria demanda contra el estado chileno.
De los 44 soldados que fallecieron, siguen sin recuperarse cinco cadáveres.
Los militares sobrevivientes señalan al mayor Patricio Cereceda de obligarlos a marchar al aire libre a pesar de saber que se acercaba una tormenta de nieve.
Esta acción judicial contra el Estado Chileno es preparada por los asesores legales del senador Nelson Ávila, quien conversó con la BBC.
«Las presunciones que se tienen hasta este momento apuntan al mayor Cereceda, pero esto no debe restarle la cuota de responsabilidad que se extiende hacia los mandos superiores», comentó el senador.
«Nuestro propósito es revelar esta cadena de responsabilidades», aseveró.
Cereceda está internado en el ala siquiátrica del Hospital Militar de Santiago, muy afectado por la tragedia, según sus familiares.
Los militares que murieron pertenecían al batallón de Infantería del Regimiento Reforzado N° 17 de Los Ángeles en el volcán Antuco.
Responsabilidad conjunta
Los familiares acusan a los altos oficiales del ejército como a los supervisores inmediatos.
De acuerdo con Raúl Meza Rodríguez, asesor del parlamentario y quien dirige la demanda, se podrían solicitar en la acción judicial entre US$ 80 y US$ 100 millones por cada fallecido, señaló el litigante al diario chileno La Tercera.
Los familiares reciben el seguro y una indemnización que otorga la institución castrense que se acerca a los US$ 6 millones.
Por su parte el senador Ávila le comentó a la BBC que «nosotros vamos a pedir las mayores sanciones posibles, para un cuasi delito de homicidio, la justicia determinará hasta donde llegan las responsabilidades».
Especialmente, indicó el parlamentario, «debido a la decisión de llevar a cabo una determinada campaña, en una época del año, sin tomar en cuenta el mapa metereológico del clima, y sin estar preparados para riesgos mayores», apuntó.
El comandante del ejército de Chile, Juan Emilio Cheyre, señaló a La Tercera que «ellos están en su derecho de ejercer sus acciones», aunque prefirió no calificar la acción legal.
Cheyre además dio nueva información acerca de los cinco cadáveres – de un total de 44 – que todavía no se han recuperado, pese a la utilización de radares para tratar de ubicarlos.