BLANCA MOREL / AFP
MANAGUA
Nicaragua se encontraba ayer sumergida en una anarquía jurídica e institucional debido a la pugna entre el presidente Enrique Bolaños y sus opositores del Congreso, que reclaman el control de instituciones públicas estratégicas.
Ambos poderes se disputan el mando del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones (Telcor) y del Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (Inaa) que el Congreso, dominado por diputados liberales y sandinistas, se propone controlar a través de la Superintendencia de Servicios Públicos (Sisep) que los diputados crearon en febrero pasado.
El gobierno desconoció la legalidad de las autoridades de la Sisep que el Parlamento nombró el jueves pasado para administrar los servicios públicos, incluido el sector eléctrico, y que desde el viernes pasado es dirigido por el nuevo Intendente de Energía, Leonel Aguirre.
Bolaños ordenó ayer disponer de las fuerzas necesarias para resguardar »las instalaciones» de las otras dos instituciones, e impedir el acceso a cualquier persona que pretenda sustituir a los actuales funcionarios.
Los opositores Partido Liberal Constitucionalista (PLC, derecha), que dirige desde prisión domiciliaria el ex presidente Arnoldo Alemán, y el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, izquierda) hicieron uso de la influencia que tienen sobre la Contraloría para ordenar a la Superintendencia de Bancos (SIP) que embargue todas las cuentas bancarias que ambas instituciones tienen en los bancos privados.
La medida impedirá al gobierno girar los fondos presupuestados para el pago de plantilla y servicios. En tanto, las nuevas autoridades de la Sisep actuaron ante la Fiscalía a los directores de Telcor e Inaa por desobedecer la ley que creó la Sisep que le quita al gobierno la dirección de los entes reguladores.
La crisis ha llegado al extremo de poner en una posición incómoda a la Policía, que por un lado le debe obediencia al gobierno, y que también deberá acatar la orden que den los jueces sobre este conflicto.
El abogado y analista Sergio García advirtió que si ambos poderes del Estado no resuelven sus diferencias con el diálogo, el Ejército y la Policía pueden verse »tentados a desacatar las órdenes, vengan de donde vengan» y optar por no hacerle caso a nadie, lo que sería muy peligros para el país.
El enfrentamiento se produce en momentos en que la Organización de Estados Americanos (OEA) debate en Miami, Estados Unidos, la adopción de mecanismos para preservar e intervenir en países donde la democracia está en riesgo.
A juicio del sociólogo nicaragüense Oscar René Vargas, el gobierno de Bolaños acrecentó la crisis entre ambos poderes del Estado, para ayudar a Estados Unidos a lograr un acuerdo favorable en la OEA sobre el tema de la intervención.
»El gobierno está jugando con la crisis para facilitar» el acuerdo, estimó Vargas en declaraciones a la AFP. Bolaños anunció el fin de semana que pedirá el apoyo de la OEA para resolver el conflicto que enfrenta desde hace más de un año el Congreso, que dirigen diputados del FSLN y el PLC.
»Vamos a poner la solicitud formal (ante la OEA), si esto sigue y (los opositores) no retroceden», afirmó el gobernante.
Sectores políticos y la Iglesia Católica rechazaron una eventual intervención de la OEA en el conflicto nicara
güense y abogaron por un diálogo entre ambos poderes, porque »eso es lo que quiere la gente», dijo el obispo auxiliar de Managua, monseñor Jorge Solórzano.
